Pero en Solidaridad, sus funcionarios no cantan nada mal las rancheras. El director de Turismo, Jesús Pastor Martín Medina junto con Juan Carlos Pereyra, regidor de turismo, recientemente propusieron separar la Dirección de Turismo de la Desarrollo Económico, para de esta manera, contar con un presupuesto independiente, con el objetivo, según ellos, de realizar, directamente, actividades de promoción.

Sin embargo, el verdadero objetivo de los funcionarios no es solamente viajar de gorra, sino promover su imagen desde esta palestra.

¿Qué puede saber Jesús Martín Medina de turismo, si antes de ser funcionario era taxista?.
Martín Medina, es una de las muchas cuotas que el alcalde Román Quian obsequió a este gremio, que es también el suyo. El actual Director de Turismo de la Riviera Maya es también secretario adjunto del Sindicato de Taxistas Lázaro Cárdenas; y de turismo no tiene ni la menor idea, como muchos de los funcionarios de la actual administración, y como el propio Román Quian no tienen ni idea de la función pública.

La propuesta de independizar la Dirección de Turismo, por supuesto que fue bien vista y avalada por el Presidente Municipal, quien ve el municipio como una “empresa” propia que administra según sus personales intereses.

Fue el regidor Juan Carlos Pereira, ex maestro de inglés, quien hizo la propuesta ante el cabildo a fines del mes pasado, pensando quizás que es igual de fácil “regentear” una dirección de Turismo que una arrendadora de autos.

Pereira tiene aspiraciones políticas, y ello no tiene nada de malo, lo que se critica es que pretenda financiar sus deseos particulares con recursos públicos, que su quehacer como regidor se reduzca a buscar un beneficio propio.

Juan Carlos Pereira ha puesto en marcha una política boletinera. El Regidor no desperdicia ninguna “oportunidad” para enviar boletines sobre sus “destacadas” actividades. Boletines, por cierto, repletos de errores ortográficos y de sintaxis, y que no pasan de ser una verborrea escrita.

El sábado pasado se llevó a cabo una sesión de cabildo, y había dos sillas vacías que correspondían a dos regidores ausentes: Juan Carlos Pereyra e Hilario Gutiérrez Valasis, y no estaban porque se encontraban en Europa, simplemente de paseo, pero pretextando una participación en la World Travel Market de Londres.

Este evento se realizó del 10 al 13 de noviembre pasados, y en principio, la presencia de ambos funcionarios, y de Martín Medina, en dicha feria, era menos que intrascendente, era innecesaria, pues el viaje, del que los funcionarios no lograron ningún beneficio para el municipio, se pagó con recursos públicos, recursos de las arcas municipales.

Si Pereyra esgrime como pretexto de sus viajes que es regidor de Turismo, ¿que podrá decir el perredista Hilario Gutiérrez Valasis?, quien es regidor de Ecología. No sorprenda que dirá que el motivo de sus viajes se debe a la necesidad de conocer ciertas tecnologías para el tratamiento de los residuos sólidos o para cualquier cosa que se le ocurra.

La administración de Román Quian es como la del señor feudal que reparte entre sus fieles servidores “pequeños” fundos y de acuerdo a sus intereses, y por más absurda que parezca una propuesta, Román Quian no dirá que no, porque carece del sentido elemental y la capacidad de gobernar , y porque su llegada a la Presidencia municipal de Solidaridad ha sido una de las asunciones más negociadas, donde cada grupo, grupillo, grupúsculo y cualquier fuente real de poder (empezando por el Gobernador quien se benefició del negocio inmobiliario que representa Quian Alcocer), jaló y sigue jalando, agua para su molino.

Quintana Roo “bueno” por dentro, “malo” por fuera

Mientras en el estado, el Gobernador, los secretarios, los directores y cualquier funcionario se la pasan vanagloriándose de grandes logros, las asociaciones y organismos de prestigio probado alertan sobre la situación en las políticas públicas de Quintana Roo.

No apenas la semana pasada el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dio a conocer que Quintana Roo ocupa el primer lugar en prácticas corruptas, cuando ahora se difunde que el estado está perdiendo competitividad.

Ante la información vertida por el CEESP múltiples funcionarios, entre ellos el corruptísimo Francisco Alor, se aprestaron a poner en duda los resultados, como parte de una política, muy entendible, de negación, y de la visión reducida de que Quintana Roo continúa siendo una isla, alejada del escrutinio nacional o internacional.

Ahora es el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) el que informa que Quintana Roo salió de la lista de los 10 estados más competitivos.

De acuerdo a la edición de hoy de “El Periódico” de Quintana Roo, el retroceso del estado “se debió principalmente a la caída en la calificación del subíndice de Sistema político estable y funcional en donde ocupa el puesto 32; y a que pasó del puesto nueve al 22 en el rubro de gobiernos eficientes y eficaces”.

Igualmente, en el índice ‘Gobiernos eficientes y eficaces’ el estado retrocedió 13 lugares y se colocó en el puesto 22, ello como consecuencia de una disminución del 50 por ciento en la inversión del gobierno, el aumento de 72 por ciento en el cobro por trámite y el aumento de tan sólo 10 por ciento en las respuestas positivas sobre la gestión de trámites empresariales, punto en el que Quintana Roo ocupa el penúltimo lugar.

Lo anterior tiene relación con el informe del CEESP en el que se señala que en Quintana Roo el exceso de trámites genera corrupción.

En la evaluación del estado, de nada sirvió que los días para abrir un negocio disminuyeran de 75 a 39 días, pues Quintana Roo sigue estando en el top de los estados más burocráticos.

Seguramente no tardarán en brincar los funcionarios para descalificar este nuevo resultado.

Lo único que aceptan el gobernador Félix González Canto y sus funcionarios son los reconocimientos, las vivas y los aplausos.

Como el de la semana pasada, en el que la Contraloría de Quintana Roo recibió el reconocimiento “Innovación, Mejoramiento y Desarrollo Administrativo” (IMDA) por el programa denominado “Sistema Integral de Entrega- Recepción” (Sentre).

El contralor Francisco Flota Medrano explicó que el Sentre está vinculado con varias direcciones e institutos estatales como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo), el cual permaneció acéfalo durante tres meses por órdenes del gobernador González Canto, y como parte de su estrategia para ocultar información. Con esos antecedentes, es posible imaginar la calidad del premio.

Al parecer, Greg Sánchez está convencido de que es mejor vivir en el oscurantismo y el ocultamiento de la información que en la Transparencia.

Igual que en la administración de su antecesor, a Greg Sánchez le ha dado una irreprimible compulsión por asignar la categoría de "RESERVADO" a casi todo, lo mismo si se trata de la nómina que de los contratos firmados entre el ayuntamiento y las empresas privadas.

Sus direcciones, también han puesto en marcha la "estrategia" de declarar que los datos solicitados no se tienen en los archivos; por ejemplo, aunque sea difícil de creer, la Dirección de Desarrollo Urbano no puede decir cuántos descuentos se otorgaron en licencias de construcción durante la administración pasada porque esta oficina no cuenta con "un departamento de estadísticas", aseveró en una respuesta.

Por esa misma razón, la Dirección de Desarrollo Urbano tampoco puede informar cuántas licencias de construcción se otorgaron para edificios verticales. Menos aún está en posibilidad de decir cuánto se ha recaudado por el concepto de licencias de construcción del 2005 a la fecha.

A Gregorio Sánchez, igual que a Francisco Alor, ya no le gustó la Transparencia, porque quiere que su gobierno permanezca alejado del escrutinio, porque al igual que el del actual Secretario de Desarrollo Económico, se cae ante la primera y más elemental revisión en cualquier rubro.

Simular hacer bien las cosas es muy distinto de hacerlas bien, y esa es la diferencia entre la Transparencia y la opacidad.

Playa Marlín, esa sí es una historia

El 13 de agosto pasado presenté la primera solicitud relacionada con Playa Marlín, en ésta se requería saber si la administración actual tenía previsto revertir la concesión, y, en caso de ser así, cuándo se iniciaría el proceso.

El 23 de agosto la Unidad de Transparencia respondió solicitando una prórroga de 10 días, de la cual, posteriormente, no se emitió ninguna respuesta. En una segunda solicitud, del 1 de octubre, se requirió copia del contrato firmado entre el ayuntamiento y la empresa Corporación Integradora de Servicios Turísticos, que obtuvo la concesión por 30 años de Playa Marlín, pero la respuesta tardó un mes en llegar.

En una reunión sostenida con Andrés Acero, el ahora titular de la Unidad de Transparencia, el funcionario explicó la situación de indefinición jurídica en la que se encontraba Playa Marlín y solicitó a esta reportera 'aguantar' el caso para no alertar a los concesionarios y evitar que éstos se ampararan y evitaran la reversión de la concesión.

Por tratarse de un asunto de interés público, en el que lo más importante era procurar que Playa Marlín regresara al dominio municipal, accedí a postergar la información, con la única condición de que se emitiera una respuesta a la solicitud, que ya se sabía iría en el sentido de la RESERVA, para tener así la oportunidad de promover un recurso de revisión.

Andrés Acero se comprometió a lo anterior, y a más: a una entrevista con el funcionario encargado de la interposición del juicio en contra de la concesionaria Corporación Integradora de Servicios Turísticos una vez que éste se tramitara.

Pero Andrés Acero, el nuevo titular de la Unidad de Vinculación de Benito Juárez no cumplió con su compromiso. Hace unos días, dio respuesta a la solicitud del 1 de septiembre, y en la contestación se niega el acceso al contrato de concesión, y se reserva el contrato celebrado con la empresa ganadora de la concesión, sólo que la respuesta fue fechada retroactivamente, el 1 de octubre, con lo que Andrés Acero evitó que esta reportera interpusiera el Recurso de Revisión (por haberse agotado el término contemplado en la Ley para hacerlo: 15 días hábiles).

Como ya se dijo, el compromiso de no hacer pública la información incluía notificar (avisar) cuándo se daría respuesta a la solicitud de información, además de una entrevista con el funcionario encargado de la controversia jurídica, en este caso, se trata de Rafael del Pozo, ex director de Transparencia del ayuntamiento Benito Juárez, pero ello tampoco sucedió así. Personalmente intenté contactar a dicho funcionario para obtener más datos del proceso, sin embargo, no fue posible.

La moraleja de la historia no es nueva: "En los políticos y funcionarios de medio pelo nunca se puede confiar".

Lo peor del caso es que no se trata de una situación aislada, sino de la línea turbia por la que ya se decidió Greg Sánchez para el futuro de su temprana administración.

Elizardo Sánchez, más que un sueldo en Zofemat

Si alguien desea saber cuál es la situación de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) de la Riviera Maya, no se lo pregunten a Elizardo Sánchez Espejo, su director en el municipio Solidaridad, porque sus ambiguas respuestas no sólo le dejarán más dudas, sino que existe el riesgo de que hasta despierte su suspicacia.

El pasado viernes 24 de octubre sesionó el Comité Técnico de la Zofemat en Solidaridad, órgano que da puntual cuenta de todo lo concerniente a las playas del amplio litoral mexicano, que por cierto, no son propiedad de los hoteleros que con frecuencia prohíben el paso y la permanencia de los simples ciudadanos en éstas.

En la sesión se rindió un informe pormenorizado de lo que está haciendo la Zofemat en la Riviera Maya. El más aburrido en la maratónica reunión parecía ser Elizardo Sánchez; y bueno que el aburrimiento se puede perdonar, porque es una mal del que nadie se salva. Pero lo que no se puede dispensar es la ignorancia.

En una entrevista realizada por esta reportera dos días antes de la sesión del Comité Técnico, Sánchez Espejo, el director de la Zofemat simulaba, o no sabía nada de nada. Por Ejemplo, no "tenía el dato exacto" de a cuánto ascendía la recaudación por el pago de derecho del uso y explotación de los arenales.

No es para tanto, dirá el benevolente lector, si a Elizardo lo que le interesa no es cuánto se recauda sino cómo se le puede restar a la recaudación.

Elizardo se cree político, operador según él. Y quizá por ello torcer la información se le da muy bien.

El mismo día que sesionó el Comité Técnico de la Zofemat aseveró, grabación de por medio, que el cobro del derecho de Zofemat a los usuarios de los arenales que no contaban con concesión se hacía con base en lo establecido por la Ley de Derechos: "no podemos cobrar ni más ni menos, imposible, no, no, no, no; incurriríamos en responsabilidad" fueron sus palabras textuales.

Pero sólo un día después, esto perdió vigencia, ya que de acuerdo a una nota publicada el sábado en el periódico El Quintanarroense, "cada ocupante, con o sin concesión, paga a la tesorería 36 pesos por metro cuadrado".

De ser cierto este dato, como el propio Elizardo lo mencionó, estaría incurriendo en responsabilidad como director en Solidaridad de la Zofemat, ya que el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos indica que en los concesionarios de la Zofemat ubicados en la Zona X, donde se encuentra la Riviera Maya, deben pagar (hasta antes de la reciente modificación aprobada por el Senado la semana pasada) 76.98 pesos por metro cuadrado por uso general, y 26.85 pesos por metro cuadrado cuando el uso sea de conservación u ornato.

En ningún caso, se contempla un cobro de 36 pesos, y lo que es más, la Ley es clarísima, pues dependiendo de para qué se utilicen las playas, es el pago que deben hacer los concesionarios. No es lo mismo poner camastros y cobrar a sus usuarios, que tener la playa completamente libre.

¿De dónde saca el cálculo de 36 pesos el ex presidente del PRI en Solidaridad?. Sólo él lo sabe.

Elizardo Sánchez se fue de boca, "delató" que el ayuntamiento está haciendo un cobro ilegal a los que usan la zona federal marítimo terrestre, o de verás como director sólo llega a "checar tarjeta" a su oficina.

En agosto del 2001, la sociedad civil organizada ganó la preservación de la zona Xcacel-Xcelito a través de los medios legales oportunos e hizo renunciar a la empresa española Sol Meliá a los terrenos en los que pretendía construir un desarrollo "All Inclusive"; pero en la presente administración de Félix González Canto, Quintana Roo parece estar de remate, sin importar si los predios son reservas naturales o pertenecen a universidades.

El santuario de la tortuga marina, Xcacel-Xcacelito, fue entregado a la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), para que esta institución lo protegiera y desarrollara en el área proyectos de investigación. La idea de dejar a una universidad la custodia de esta zona parecía buena, sin embargo, González Canto, en complicidad con el rector José Luis Pech Varguez ha visto en los terrenos de la UQROO una oportunidad inmobiliaria.

Recientemente, este medio dio a conocer que la Uqroo había aceptado entregar al gobierno del estado los terrenos que eran de su propiedad y que se ubican en la franja costera de Tulum, a cambio, según declaraciones públicas del propio Rector, de otros predios en Xcacel-Xcacelito y de un terreno en Playa del Carmen para la construcción de una unidad de la Universidad de Quintana Roo.

La "cesión" simulada fue negada por el rector Pech Varguez a través de diversas solicitudes de información. Pero en la práctica se dio. La Uqroo se deshizo de los predios afectados por un conflicto legal, y el gobierno del estado, a través del Instituto de Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE) los entregó al mega desarrollo inmobiliario Downtown Tulum, hoy Aldea Zamá, y cuyos terrenos carecían de playa.

Como en el momento en que Aldea Zamá promovió su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente, aún no contaba con los terrenos de la Uqroo, se celebró un convenio de compromiso entre el IPAE y la empresa. (Descargar MIA donde se declara la promesa de compraventa)

La segunda parte de este capítulo de remate de predios de la Uqroo podría ser el del proyecto Punta Carey. Si el gobernador Félix González Canto no tuvo recato en quitar a la Uqroo, con el total consentimiento de su Rector, los terrenos costeros de Tulum, es muy probable que tampoco le importe demasiado afectar la zona de Xcacel-Xcacelito.

Cuando la Uqroo cedió sus terrenos en Tulum, Pech Varguez propagó la declaración-ficción de que a cambio la Universidad recibiría terrenos en Xcacel-Xcacelito, lo cual resulta por demás ilógico, ya que la institución ya tenía bajo se resguardo y cuidado los terrenos que iba a recibir.

Y aunque en documentos oficiales el Rector negó la permuta a cambio de los terrenos de Xcacel y de Playa del Carmen, los planes avanzan como lo dio a conocer en octubre del 2007; ya que recientemente el académico anunció la construcción de la unidad de la Uqroo en Playa del Carmen.

El nuevo desarrollo, Punta Carey, presentado hace unos días pudiera convertirse en otro de esos negocios que han caracterizado la administración de González Canto: el de la venta de terrenos con el cobro de una comisión. Como ocurrió con el caso de Mayazamá, y del Puerto Morelos Golf Resort, cuyos predios fueron negociados y vendidos en España, en la Fitur 2007.

La semana pasada, como una de esas ironías del destino, que nunca producto de la casualidad, casi al mismo tiempo que los inversionistas anunciaban Punta Carey, el Rector de la Uqroo advertía que si no se toman las medidas adecuadas para evitar afectar los procesos de anidación y eclosión de la tortuga marina, los daños podrían ser irreversibles.

En el marco del "Primer Encuentro Internacional de Turismo y la Tortuga Marina", el Rector tuvo suficiente cinismo para hablar del incremento de infraestructura, hotelería y servicios en Tulum, y de la amenaza que representan para la población de la tortuga marina. Pero lo que se olvidó de decir, es que él cedió los terrenos de la Uqroo para beneficiar al desarrollo Mayazamá, y simuló una permuta que incluía terrenos de Xcacel-Xcacelito a favor de la Universidad.

Una de las opiniones más curiosas de Pech Várguez fue que entre las "soluciones" para proteger el arribo de tortugas y su proceso de anidación, está el "hacer compatible el desarrollo turístico ecológico". Suena a Punta Carey.

Desde el concepto de "bajo impacto", si se puede hablar de ello cuando se piensa en más de 100 habitaciones, hasta el nombre del nuevo desarrollo son el indicio de que al parecer Xcacel-Xcacelito deberá enfrentar una segunda batalla. Punta Carey, nombre en honor a las tortugas, pudiera ser un mal augurio, como el del Downtown Tulum, que tuvo que rebautizarse como Aldea Zamá, luego de que el Congreso de la Unión cuestionara su viabilidad.

Habrá que estar al pendiente de Punta Carey, aunque sea sólo para consignarlo en el libro de la historia de la Riviera Maya.

“¿Cuántos procesos están actualmente abiertos en Quintana Roo?. Detallar nombre de la persona física o moral en contra de quien actúa la Procuraduría, el motivo que requirió su intervención y en qué etapa se encuentra el proceso?.

El 4 de marzo de 2008, la Profepa contestó en términos negativos a la solicitud hecha por este medio, argumentado que: “(…) la información por usted solicitada se encuentra clasificada como RESERVADA bajo el supuesto que establece el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que los procedimientos administrativos no han causado estado, pues al estar abiertos implica que se encuentran dentro de las diferentes etapas procesales de su substanciación (…)”.

Lo único que informó la dependencia fue que a la fecha en que se emitió la respuesta, se tenían 699 expedientes en los cuales se había iniciado el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia.

La respuesta de la Profepa, además de poner en evidencia la estratosférica cifra que da cuenta del rezago en el que se encuentran los procedimientos iniciados por la instancia encargada de perseguir y castigar los delitos ambientales, también puso en claro la opacidad y la animadversión de esta institución a rendir cuentas.

La infundada decisión de la Profepa fue impugnada a través de un Recurso de Revisión interpuesto ante el IFAI, el cual se resolvió favorablemente para este medio, ya que la determinación de la Procuraduría no tenía ningún fundamento, más allá de una sospechosa secrecía.

El 21 de mayo, el Pleno del IFAI acordó que la Profepa debería modificar su respuesta y desclasificar la información, por lo tanto, tenía la obligación de entregar los datos completos, es decir, los nombres de las personas físicas y morales que actualmente tienen expedientes abiertos, así como la causa que motivó la actuación de la Procuraduría.

El IFAI dio un término de 40 días hábiles para que la Profepa emitiera una nueva respuesta, con el contenido de lo que se le requería. El plazo ya se agotó, sobradamente, pero la dependencia no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Instituto de Transparencia.

La “discreción” con la que se conduce la Profepa en cuanto a los procesos de inspección y sanción que está llevando a cabo, contrasta con las tronantes declaraciones de sus funcionarios, empezando por su Procurador, Patricio Patrón Laviada.

La Profepa, igual que los delincuentes ambientales, también ha fallado en el cumplimiento de la Ley, puesto que los dictámenes del IFAI tienen carácter de obligatorio; éstos no se dejan al libre albedrío de los sujetos obligados; sin embargo, eso a la Procuraduría Federal del Ambiente, la tiene sin ningún cuidado.

PRD, femme fatale

Con menos estilo, y movido por intereses incomprensibles, el PRD en Quintana Roo se mueve peor que la más novata femme fatale.

Capitaneado por Rafael Quintanar, quien llegó a la dirigencia del Sol Azteca local luego de un proceso de impugnacion, el PRD no pudo haber ideado peor ridículo.

Maridarse con el PAN para las elecciones de Tulum, en un proceso que de antemano tiene perdido, no sólo exhibe el estado de desesperación en el que se encuentra un sector del Partido de la Revolución Democrática, también es una muestra de que las ambiciones políticas pesan mucho más que el instituto político.

La escuelita la traen de Ruth Zavaleta, fue ella quien cambió la semántica política en todos sus componentes. En la alianza con el panismo, en la intolerancia con los miembros de su partido que no fueran de su corriente, en la negociación de los principios perredistas. Esa es la cátedra de donde aprendió Rafael Quintanar. Lo peor, o lo mejor, es que los resultados lo exhibirán como el más silvestre de los políticos quintanarroenses.

Cancún frente al nuevo desarrollo es visto como un espejo en el que nadie quiere verse reflejado.

De la Vega Aragón aseguró que no se permitirá la construcción de hoteles en las playas, y se respetará una franja de 300 metros.

Ello representa un cambio radical respecto de Cancún, donde actualmente gobierno y empresariado insisten en solicitar a la federación recursos por alrededor para llevar a cabo la recuperación de playas de este destino y la Riviera Maya.

La promesa de dejar libre acceso a la playa, es otro de los cambios fundamentales en el recién anunciado CIP, el cual proyecta la construcción de cuatro campos de golf, dos marinas para mil barcos, 44 mil 200 cuartos de hotel, limitados a una altura máxima de cuatro pisos.

La maqueta incluye la construcción de por lo menos cinco mil viviendas para trabajadores, así como un tren ligero para conectar un sistema de ciudades, además de que no se descarta ampliar un aeropuerto.

Se prevé, igualmente, la construcción de otras ciudades de apoyo entre el inicio de las obras y 2025, cuando se supone quedará concluido el proyecto en su conjunto. “Se construirán escuelas, hospitales y, en general, todos los servicios que la gente necesita para vivir con dignidad”, subrayó De la Vega Aragón.

La primera etapa de construcción costará unos mil 500 millones de pesos, tendrá 400 hectáreas y concluirá en 2012. Para el año 2025 se prevé recibir a casi tres millones de turistas, generar 78 mil empleos directos e indirectos y captar divisas por casi tres mil millones de dólares. El gobierno federal realizará una inversión de casi cinco mil millones de pesos para el desarrollo del proyecto, además de que se estima una inversión privada de 66 mil millones de pesos.

Suena bien, claro que suena bien, pero el Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico de Escuinapa-Teacapán más que un proyecto parece un sueño, y no está demás agregarle el tan socorrido adjetivo “guajiro”.

Un sueño guajiro: inversionistas respetuosos del medio ambiente, construcciones no mayores de 4 pisos; trabajadores con casa y salarios bien remunerados, hospitales, escuelas, acceso libre a las playas, etc., etc. En resumen: la Arcadia superada por mil.

De proyectos ambiciosos, salidos de mentes brillantes están llenos los sexenios, al récord panista de la Mega Biblioteca y la Escalera Náutica, muy probablemente habrá que sumar éste: el CIP Escuinapa-Teacapán.

Otro sueño guajiro

Otro sueño guajiro es el de la diputada federal Sara Latife Ruiz, quien solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 500 millones de pesos para apoyar una política integral de conservación de playas en Quintana Roo. Quizás, animada por la danza de dinero anunciada para el nuevo CIP, fue que la legisladora cozumeleña tuvo la fresquísima idea de pedir nada más 500 millones de pesos. En una de esas le dicen sí, pero no cuándo...

Y cómo no va a estar quemado el gober quintanarroense, si cuando se habla de él en medios nacionales se habla siempre mal, con sobradas razones, por cierto.

A su desmedido deseo de quedarse con el Parque Nacional Tulum, ahora puede sumarse, su incontrolable ambición de cortarle una tajadita a los terrenos donde se asentará el Aeropuerto de la Riviera Maya, lo cual, según dio a conocer el columnista Darío Celis, ha retrasado el proceso de licitación de esta infraestructura aeroportuaria.

Con pelos y señales, el especialista en temas económicos, hizo público que las ambiciones del gobernador Félix González han sido un dique para la obra que detonará al naciente municipio Tulum.

Primero, Félix pretendió conservar 645 hectáreas que formarían parte del polígono del aeropuerto de la Riviera Maya, lo cual le fue negado. Luego, también quiso que el gobierno del estado participara como socio del proyecto, a lo que tampoco accedió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y finalmente, pidió las concesiones de taxis y demás servicios de transporte privado, en lo que, igual, no tuvo éxito.

Si los políticos y gobernantes son bien conocidos por estar más interesados y ocupados en su beneficio personal, por sobre el de la colectividad, Félix González Canto, de plano ya se pasó de la raya.

Probablemente porque ya siente el fracaso de su carrera política, a Félix no le importa otra cosa que “juntar una lanita”, y en ese tema, todo es relativo... Poco puede ser algo y algo puede ser mucho.

El punto es que la “filtración” de Darío Celis, se entiende como un “estate quieto” de parte del gobierno federal para Félix González Canto. Muy probablemente el reputado columnista no se enteró de la historia en la cola de las tortillas ni en el lavadero público. Es un mensaje claro para el Gobernador, a quien no sólo se le exhibe públicamente como un ambicioso desmedido, sino que de alguna manera, se le “culpa” de poner freno al noveno municipio al superponer sus intereses y los de su grupo.

El caso no es difícil de creer. De hecho, González Canto se ha vuelto un experto agente inmobiliario. De los 87 predios que hasta hace poco el gobierno del estado había vendido a través del IPAE, no se puede saber nada, ni a quién le fueron vendidos ni cuánto se pagó por cada uno de ellos, y es que este Instituto no ha querido rendir cuentas, como ya se refirió aquí en anterior artículo.

Félix González también mantiene una “promesa de venta” sobre los terrenos de la Universidad de Quintana Roo. Además el IPAE enfrenta una denuncia pública por estarse ‘apropiando’ de predios en Xcalak, algunos de los cuales incluso ya tenían propietario. Ello de ninguna manera es casual, pues Xcalak será la zona que el Fonatur desarrollará, luego de no poder hacerlo en Majahual.

El acto más reciente del Gobernador en su carácter de agente inmobiliario, fue durante el pasado incendio en Sian Ka'an, donde pretendía introducir maquinaria pesada con la intención de permitir colonizaciones en la zona, denunció en su momento Alfredo Arellano Guillermo, delegado regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El asunto del aeropuerto, entonces, no es ni remotamente falso ni menor; es para Félix, ni más ni menos que el negocio del sexenio. Su negocio.

Lo malo es que en el jaloneo de intereses entre el gobierno del estado y la federación, el que se lleva la peor parte es Quintana Roo. Félix González está abriendo múltiples frentes: por ejemplo, la osadía de pelear el Parque Nacional Tulum le costó al estado, por el lado legal, una Controversia Constitucional promovida por el Presidente de la República, y la asonada de la Profepa en Tulum (el único lugar de México donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha sacado los dientes).

De los recursos para la recuperación de playas, ya ni qué decir. La federación le ha dicho unas 20 veces a González Canto que no, y no.

El mensaje que le mandaron a Félix lo entiende cualquiera, lo que resta preguntar es si el Gobernador cederá en sus ambiciones e intereses frente a los de la federación, o Quintana Roo seguirá pagando el pato.

A partir del 12 de agosto pasado, cuando el Congreso del estado aceptó la renuncia de Bazán Castro, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información entró en una fase de “completa” parálisis; el adjetivo no es gratuito, pues antes de la salida del referido funcionario se podía hablar de una parálisis parcial.

Bazán Castro, ya se ha dicho (y comprobado) en muchas ocasiones y en diversos medios de comunicación, tuvo una gestión menos que desafortunada. Hizo todo lo que pudo contra la transparencia y nada en favor de ésta.

Como todo lo que ocurre en política, la salida de Carlos Bazán no es ni casual ni circunstancial. Félix González Canto ya se cansó de las peticiones de información y ha instruido al Congreso del estado para que el asunto de nombrar un nuevo Consejero Presidente se postergue lo más que se pueda.

Los diputados locales tienen 90 días para nombrar al sustituto de Carlos Bazán, pero no les corre prisa; a nadie, a ninguno. Muchos, la mayoría son prácticamente inexistentes, otros más sólo brincan cuando hay reflectores y temas “importantes” o mediáticamente ruidosos. Algunos más, como Filiberto Martínez y Aurelio Joaquín están en plena pre pre campaña en pos de los ayuntamientos de Solidaridad y Cozumel, respectivamente. Otros más como Luz María Beristain, Alain Ferrat y José Hadad, se ocupan de tiempo completo en los quehaceres de sus respectivos partidos políticos.

Pero, la Transparencia, a todos les vale. No sólo porque no alcanzan a comprender la trascendencia del tema, (o quizá, precisamente, por ello), sino porque tienen la orden de no apresurar el nombramiento de un nuevo Consejero.

En el estado actual de las cosas, la Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia no puede sesionar ni dictar resoluciones puesto que sólo hay dos consejeros, Verónica Ramírez y Enrique Mora, quienes por cierto ideológicamente están enfrentados, pues la primera siempre ha mantenido una postura contra la apertura y el segundo en pro de ésta. Así pues, no hay un tercer voto que permita inclinar la balanza hacia algún lado.

Los 90 días de gracia, o de “descanso” para la Transparencia, se agotan el 12 de noviembre. Pero después vienen las posadas y con ello los buenos deseos y tras de éstos las vacaciones de invierno, y luego la rosca de reyes, de modo que será más o menos hasta el 2009, que se empiecen a tener resoluciones sobre los recursos de revisión que el Instituto de Transparencia tiene, por ahora, archivados; más los que se le sigan acumulando.

90 días de secas, 90 días en ascuas, 90 días de amor y paz, dirá el gobierno del estado y los ayuntamientos.

No es ocioso mencionar que alrededor del 80 por ciento de los recursos de revisión que ha resuelto y que ahora tiene encajonados el ITAIP, han sido promovidos por Noticaribe, de allí, quizá, que el nombramiento del nuevo Consejero Presidente se vea como algo más que innecesario, indeseable.

Carlos Bazán fue un Consejero Presidente inútil para los fines de la Transparencia, eso ya es más que sabido, pero su renuncia augura una época de verdadero oscurantismo para esta institución, y los síntomas son claros: El Congreso no tiene intención, en el corto tiempo, de sustituir al que se fue, además de que pareciera que no hay nombres posibles para ocupar el cargo.

Otro punto que hace prever que la Transparencia en Quintana Roo sufrirá un severo retroceso es que, a pesar de que Carlos Bazán, hasta el último minuto de su gestión, solapó a los funcionarios en su obligación de rendir cuentas, no le permitieron quedarse.

Antes de irse, Carlos Bazán siguió sirviendo fielmente a los amigos de la opacidad. Entre los últimos recursos de los que se ocupó se encuentra el de la solicitud de entrega de la nómina del ayuntamiento de Solidaridad; su fallo negó el derecho a los ciudadanos quintanarroenses de saber con precisión quiénes trabajan (con nombre y apellido) en la administración de Román Quián y cuál es su sueldo, esto es, cuánto le cuesta a los ciudadanos quintanarroenses mantenerlos.

Por lo anterior, no es difícil adivinar que la línea del Instituto de Transparencia, cuando se nombre a un nuevo Consejero Presidente, será cada vez de mayor “discreción informativa”.

El gobernador del estado, Félix González Canto, ya cruzó la línea de los tres años de gobierno, es decir, ya está mucho más allá de la mitad de su sexenio, y a medida que la brecha para renovar la administración se acorté, la materia de la Transparencia se volverá más y más incómoda.

Se trata de uno de los proyectos e inversiones más importantes en el estado: alrededor de 100 millones de dólares que serían destinados a la ampliación de tres hoteles para sumar 684 cuartos hoteleros, más 178 cuartos de un nuevo centro de hospedaje, y un campo de golf de 36 hoyos.

Firmado de puño y letra por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quezada, el recurso de revisión en el que se ordena la cancelación de los permisos pondrá a prueba a la dependencia encargada de velar por el medio ambiente y al mismo gobierno de México.

El caso no es menor y la presión que ejerce Bahia Príncipe ya se empieza a notar.

En España por ejemplo, el portal de turismo Caribe preferente, reprodujo el 21 de agosto la nota de la anulación de permisos, dada a conocer por Noticaribe; pero ayer, 25 de agosto, eliminó la misma de su portal con la siguiente justificación:

Rectificación: México no anula los permisos de ampliación de Bahía Príncipe

Playa del Carmen. 25/8/08.- La semana pasada apareció publicada una información en un portal mexicano, de la cual este digital se hizo eco, y que anunciaba una supuesta anulación de los permisos de ampliación a la cadena Bahía Príncipe sobre la construcción de un nuevo complejo en la zona de Playa del Carmen. No habiendo podido contrastar la veraciddad de esta noticia procedemos a anular la misma que atenta contra los intereses de una cadena hotelera de gran prestigio internacional.

Después de este “incidente periodístico”, Noticaribe hizo llegar a ese medio de difusión turística las 25 hojas que integran el recurso de revisión, con lo que se puede “contrastar la veracidad” de la información. Aunque no es difícil aventurar que el proceder del mencionado portal, patrocinado por empresas españolas, se vio presionado en su línea editorial para eliminar la nota y cuestionar incluso la veracidad del contenido vertido en Noticaribe. A pesar de que algunos medios nacionales de probado prestigio, como el periódico Reforma, reprodujeron también la información, por tratarse de datos verificados y verificables.

Lo anterior deja ver el poder económico, mal ejercido y mal entendido, de algunas empresas españolas, como Bahía Príncipe, que invierten fuera de su territorio en busca de que las leyes se adapten a sus requerimientos, y no al revés.

Acuerdo para la protección de inversiones españolas

En el Recurso de Revisión, y como parte de su defensa jurídica, Bahía Príncipe hace referencia a un “Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos”, en virtud del cual “México se encuentra obligado a garantizar la plena protección y seguridad de las inversiones efectuadas por los ciudadanos de España, sin obstaculizar con medidas carentes de fundamento legal, aspecto que en su caso puede ser controvertido ante un panel internacional con el objeto de solicitar en su oportunidad la indemnización por los daños causados”.

El citado Acuerdo es revelador, pues implica que los empresarios ibéricos pueden reclamar una indemnización si consideran que sus inversiones fueron afectadas por “medidas carentes de fundamento legal”, tal y como califican los representantes legales del hotel Bahía Príncipe los argumentos y pruebas aportados por la ciudadana que interpuso el recurso de revisión, y que derivó en la anulación de los permisos del desarrollador.

Tal parece que lo que es legal en un país puede resultar lo contrario para algunos empresarios ibéricos, por no ajustarse a sus necesidades, lo que les da derecho a reclamar una indemnización al gobierno mexicano (Y se quejan de Hugo Chávez).

Quizá sea esta patente de Corzo lo que hace de México un país tan atractivo para los españoles.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Turismo, en 2007 las inversiones españolas representaron el 71.85 por ciento del total de las realizadas por extranjeros, lo que significó un total de 1,088 millones de dólares. Pero si a nivel nacional la cifra es de por sí significativa, para el caso de Quintana Roo es ‘dramática’.

En 2007, el estado recibió 1,024 millones de dólares en inversión turística, y el 92 por ciento provino de España; el restante 8 por ciento fue nacional. La Riviera Maya, con tres proyectos, absorbió 583 millones de dólares (57%); Playa del Carmen, 217 millones de dólares (21.2%); Solidaridad, 146 millones de pesos (14.3%). (No sobra aclarar que en el municipio Solidaridad se ubica la Riviera Maya y Playa del Carmen). El resto 7 por ciento de la inversión española se dividió entre Cancún y Cozumel.

En lo que va del 2008 (junio), México ha recibido 3 mil 358 millones de dólares en inversión turística, de los cuales, mil 173 millones de dólares (34 por ciento) fueron aportados por empresarios extranjeros. La inversión ibérica ha disminuido, pero suma más de la mitad del total 670 millones (57.14%).

Sin embargo, para Quintana Roo, la inversión española representó el 100 por ciento de lo captado por el estado, y fue, precisamente, la Riviera Maya, la que acaparó ese 100 por ciento con 295 millones de dólares y tres proyectos hoteleros.

Lo anterior no deja duda del iberian power en México, y sobre todo en Quintana Roo. Y también puede adelantar las presiones que deberá soportar la Secretaría de Medio Ambiente para sostener la revocación de permisos del Bahía Príncipe.

Dale, dale, dale; o la política de la piñata

No es lo mismo ganar las elecciones que administrar un ayuntamiento. Al alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, parece que se le hizo grumos el atole desde que resultó presidente municipal electo. Empezó con un dream team o equipo de transición cuestionadísimo por la reputación de sus personajes, como Gabriel Bueno Bonilla, y los fuereños Pablo Salazar Mendiguchia y Mariano Herrán, del que luego Sánchez diría, 'yo a ese ni lo conozco'; y le siguió con la pepena de cuadros priístas y panistas, además de uno que otro cuadro perredista.

A cuatro meses de estar al frente del ayuntamiento Benito Juárez, tal parece que Gregorio Sánchez no encuentra la brújula, y exhibe una administración sin cabeza ni rumbo.

La renovación de su gabinete, efectuada hace un par de días, refleja su falta de oficio. Como una maniobra desesperada, los cambios incluyen de entrada a un político impugnado, Lenin Zenteno, por no cumplir con los 5 años de residencia, según expusieron algunos consejales. También inscribe en su gabinete a políticos desempleados como el ex director del Fonatur, Manuel Conde Canto.

Los damnificados como Mario Ramírez y Alberto Cuauhtli, mucho se despiden pero no se van, aunque el camino ya lo están andando, pues fueron colocados en puestos ficticios, no tanto por su inexistencia sino por su inoperancia. Ramírez Canul, se va de coordinador de asesores fantasmas, (porque no se les ve ni se les oye y menos aún se les siente). Peor le resultó a Alberto Cuauhtli, nuevo director de "asuntos paramunicipales", que bien podría haber sido nombrado director de "investigaciones de fenómenos paranormales municipales", que en cuestión de resultados habrían sido los mismos que el de la auditoría efectuada a la admnistración de Alor Quezada, o sea, nulos.

Gregorio Sánchez tal vez tiene ganas de gobernar y administrar, tal vez no. Pero sus enormes compromisos con lo que todavía puede considerarse la clase política más poderosa de Quintana Roo, la de la familia Joaquín-Coldwell, parece que lo tienen metido en una camisa de fuerza (con la intención de inmovilizarlo).

Gregorio Sánchez poco se ayuda a sí mismo. Como políítico y administrador hasta ahora sale reprobado con su filosofía de la piñata: con los ojos cerrados, y el dale, dale, dale, no pierdas el tino...

El contrato es claro en cuanto a lo que las partes involucradas se comprometen. El ayuntamiento recibió 23.5 millones de pesos a cambio de conseguir para los inversionistas las modificaciones en los ordenamientos ambientales locales que le permitan ejecutar su proyecto, así como ‘procurar’ la entrega de todos los permisos administrativos. El documento no tiene desperdicio; aunque pareciera, más bien, que lo firma una consultoría privada, y no una instancia pública, como lo es el ayuntamiento.

Lo que desde hace tiempo dejó de ser un secreto y fue referido en esta columna, se confirmó con el documento obtenido vía el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIP): el contubernio entre Carlos Joaquín González y los empresarios, para “sortear” obstáculos en las autorizaciones de sus proyectos.

El ahora Secretario de Turismo de Quintana Roo, “nutrió” las arcas municipales a través de un manejo poco transparente de los recursos provenientes de empresas y empresarios, que a cambio de diversos “favores”, realizaron millonarias donaciones, algunas de las cuales quedaron registradas bajo el concepto “Otros ingresos” en los presupuestos de ingresos de los años 2006 y 2007.

En 2006, la Tesorería municipal recaudó por concepto de donativos 195 millones 370 mil pesos; en 2007 fueron 173 millones 368 mil pesos los ingresados (aún y cuando ahora el tesorero Mauricio Góngora pretenda negarlo y diga que sólo fueron 31 millones 627 mil 305 pesos).

La entrada de recursos a través del rubro “Otros ingresos” hace extremadamente difícil rastrear el dinero que se deposita, si es que se deposita. Y fue precisamente de esta fuente, de la que abrevó Carlos Joaquín González durante dos años, apoyado por su tesorero, Carlos Trigos Perdomo, quien actualmente ocupa esta misma posición en el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), y por su asesor estrella, Juan de la Luz Kaunfachi (quien no perdió la oportunidad para realizar sus propios negocitos).

Durante su gestión, el ahora Secretario de Turismo, utilizó la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para llevar a cabo acciones que favorecieran a los desarrolladores, desde pequeños hasta grandes inversionistas. Sobredensificó, incluso, zonas del exclusivo complejo Playacar, a pesar de la protesta de los residentes.

También, el entonces director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gustavo Maldonado, uno de los hombres más cercanos a Joaquín González, extendió permisos de construcción en la zona del Parque Nacional Tulum, y durante el tiempo que duró al frente de esta oficina, literalmente “capoteó” las denuncias públicas sobre la constante depredación y construcción irregular de inmuebles, como el ejecutado por la empresa Altournature, recientemente clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por carecer de permisos legítimos.

El mayor ejemplo de cómo Carlos Joaquín favoreció a los desarrolladores, lo representa el Down Town Tulum, rebautizado como Aldea Zamá, complejo turístico condominal para el cual modificó el Programa Director de de Desarrollo de Tulum, prácticamente unos minutos antes de dejar la presidencia municipal. Y sus razones tendría Carlos Joaquín para tan diligente actuación en este caso, pues, no es un secreto que se trata de un proyecto en el que tanto él como el gobernador, Félix González Canto, son ‘accionistas’.

En fin, que en “efectivo” o en especie, Carlos Joaquín, además de “gobernar” para todos, también se dio su tiempo para trabajar como gestor de empresarios y hacerse de un “extra”, digamos una “ronchita” de dinero, como para una candidatura de diputado federal.

Hace tiempo también lo dijimos en este mismo espacio, Carlos Joaquín tiene ambiciones, y la más próxima, luego de que el gobernador Félix González le diera la oportunidad de placearse como Secretario de Turismo, es la de ocupar una curul en San Lázaro.

Con seguridad, a Carlos Joaquín González se le cumplirá su deseo de ser legislador federal, (si el genio de la lámpara se lo concedió a Sara Latife y a Ludivina Menchaca, ¿por qué no a él?). Lo malo, para él, es que hasta su asiento en el Congreso se llevará su negro historial como mercenario de la tierra y depredador del ambiente.

El contrato denominado “Convenio de colaboración” fue obtenido a través de un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, luego de la negativa inicial del ayuntamiento de Solidaridad a entregar este documento.

De acuerdo al instrumento legal de de 13 hojas, se detalla que el único vendedor y “antiguo propietario” (como se le define en el contrato) del predio San Damián, el señor Rafael Medina y Gómez, fue quien celebró un contrato de compraventa de las fracciones de su terreno, con las empresas compradoras del mismo. Pues el ayuntamiento no era el propietario del predio San Damián, sino solamente gozaba de la posesión de dos partes de las fracciones del lote 089 y 089-1, las cuales utilizaba como basurero municipal.

Sin embargo, la administración de Carlos Joaquín González intervino como gestor de permisos ambientales, a cambio de los cuales obtuvo 23.5 millones de pesos.

En el contrato bajo el término de “colaborador” aparecen las sociedades “Inmobiliaria Nuevo León”, representada por Marcos Metta Cohen; “Inmobiliaria Helmer”, representada por el mismo Metta Cohen; y “Cabi Conjuntos Residenciales”, cuyo representante es Abraham Cababie Daniel. Igualmente, figura Promotora Maroma, empresa con la que el 12 de septiembre de 2006, la administración joaquinista firmó un convenio de donación por 10 millones de pesos “para apoyar al ayuntamiento a efecto de que éste llevara a cabo el cierre y reubicación del basurero”. Promotora Maroma, en este nuevo “convenio de colaboración” cedió todos sus derechos y obligaciones a las nuevas empresas involucradas en la adquisición del predio San Damián.

“Donaciones” a cambio de permisos ambientales, la filosofía de Carlos Joaquín

En diversos artículos, Noticaribe ha dado cuenta de las millonarias donaciones realizadas por empresas desarrolladoras de hoteles o infraestructura a favor del ayuntamiento, así también se ha documentado que durante la administración de Carlos Joaquín González las donaciones llegaron a ser la segunda fuente de ingresos en el presupuesto de ingresos 2006; en tanto que en el 2007, la proporción fue similar.

Aunque en los casos anteriores los contratos de donación no fueron puestos a disposición de este medio, la relación entre donaciones-permisos ambientales y administrativos se hacía evidente por tratarse de empresas que enfrentaban complicaciones en su tramitología, tales como Z Gas, constructora del varias veces clausrado gasoducto; el hotel Oasis Akumal, que construyó parte de su infraestructura hotelera sobre la vía pública; o el hotel Bahía Príncipe, denunciado en múltiples ocasiones por organizaciones ecologistas, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

El “convenio de colaboración” que fue obtenido en esta ocasión, no deja ninguna duda sobre la forma de operar de la administración de Carlos Joaquín González, ya que en éste, las partes firmantes manifiestan que el ayuntamiento se encargará de gestionar, modificar y procurar todos los cambios que se requieran para que los empresarios puedan llevar a cabo su proyecto.

En el inciso “m” de las Declaraciones, “el ayuntamiento reconoce la necesidad por parte de ‘el colaborador’ de obtener las aprobaciones necesarias a efecto de modificar los criterios ambientales (…) al efecto de que en el predio San Damián y/o en las fracciones señaladas, ‘el colaborador’ pueda construir por si o a través de las personas físicas o morales que éste determine para tales efectos, por lo menos 1000 (un mil) cuartos o su equivalente por hectárea, de acuerdo a la normatividad aplicable, y por lo menos 36 hoyos de campo de golf (…).”

Según el “convenio de colaboración”, la “donación” de los 23.5 millones de pesos se realizaría en diversas exhibiciones y tiempos, según se fueran cumpliendo algunos de los términos del contrato. Allí, en la cláusula Tercera, fracción iii), quedó estipulado que 9 millones de pesos se entregarán sólo hasta que los empresarios compradores del predio hubieren obtenido los permisos para la realización de su proyecto:

“La cantidad de 9’000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 M.N) será cubierta por ‘el colaborador’ a ‘el ayuntamiento’ dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha en que ‘el colaborador’ haya gestionado y obtenido: i) la aprobación favorable del Diagnóstico Ambiental respectivo sometido al Comité Técnico que se cita en el Decreto para la realización de las instalaciones, y la modificación de los criterios ambientales; ii) la compatibilidad urbanística estatal emitida por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del estado de Quintana Roo, que permita la construcción de las instalaciones y la modificación de los criterios ambientales; iii) la aprobación por parte de las autoridades estatales de la totalidad de los documentos correspondientes respecto de la realización de las instalaciones y la modificación de los criterios ambientales; iv) como consecuencia de dichas autorizaciones, la aprobación y emisión por parte del ayuntamiento de a) la licencia de uso de suelo; b) licencia de construcción; c) publicación en el Periódico Oficial del Estado del Acta de Cabildo citada en las declaraciones que anteceden y, d) en general demás autorizaciones municipales que correspondan para que en las fracciones se permita el desarrollo de las instalaciones que como ha quedado ya definido, incluyen 36 hoyos de golf y por lo menos 1000 (un mil) cuartos”.

Pero por si no quedara claro que la participación del ayuntamiento es la de gestor de permisos ambientales y urbanos, entre las cláusulas del convenio de colaboración, se establece que si no se satisfacen las condiciones referentes a la obtención de la documentación necesaria para la realización del proyecto y la modificación de los criterios ambientales se podrá dar por terminado el contrato.

Cláusula Quina, número 2: “el colaborador tiene una causa justificada para rescindir el presente instrumento en el caso de que el ayuntamiento incumpla con cualquiera de las obligaciones asumidas por él en los términos del presente convenio; o en caso de que no se satisfagan las condiciones señaladas en la cláusula tercera referente a la obtención de la documentación necesaria para la realización de las instalaciones y la modificación de los criterios ambientales”.

En el convenio también se reconoce que el predio adquirido por los desarrolladores no contaba con las condiciones necesarias para realizar el proyecto previsto por ellos, por lo que sería el ayuntamiento de Solidaridad el que gestionaría y garantizaría la obtención de permisos:

Inciso ‘h’ de las declaraciones de ‘el colaborador’: “que sabe y le consta que, con los criterios ambientales que a la fecha de firma del presente instrumento resultan aplicables tanto al referido lote 089 como al lote y al predio San Damián y/o sus fracciones, NO resulta factible la consecución del motivo y fin determinante de su voluntad, consistente en la realización del desarrollo inmobiliario turístico, que incluya, sin limitar, la posibilidad de construir, comercializar y operar las instalaciones, por lo que se hace necesario, para la consecución de dicho fin, gestionar y obtener FAVORABLEMENTE, mediante las disposiciones y procedimientos legales correspondientes, la adopción y vigencia de los criterios ambientales modificados”.

El predio San Damián, adquirido por las empresas referidas, cuenta con una superficie aproximada de 2’690,900.00 metros cuadrados, el cual fue subdividido en tres fracciones: lote 089 con una superficie de 2’363,162.88 metros cuadrados; lote 089-1 con superficie de 202,870.70 metros cuadrados; y lote 089-2 con superficie de 35,709.91 metros cuadrados. Sobre dicho predio, se prevé construir un desarrollo hotelero-inmobiliario con un campo de golf de 36 hoyos.

Donación para sanear el basurero

Según, el bizarro “convenio de colaboración”, la cantidad donada sería utilizada por el ayuntamiento para reubicar y sanear el basurero, lo cual no se concretó durante la administración de Carlos Joaquín, y lo que es más, el tiradero a cielo abierto ardió durante semanas sin que las autoridades atendieran el incendio.

En el inciso “o” se expresa que: “igualmente ‘el colaborador’ (las empresas) se ha dirigido a ‘el ayuntamiento’ como futuro desarrollador de las fracciones que componen el predio San Damián para su futuro aprovechamiento, expresando su interés en colaborar con el ayuntamiento en la reubicación actual del basurero, así como en el saneamiento y regeneración de las áreas impactadas por el mismo, mismas que superan las 70-00-00 hectáreas, y para ello ha propuesto una donación al municipio de 23 millones 500 mil pesos (…).

En la cláusula cuarta quedó establecido que: “el ayuntamiento llevará a cabo la reubicación del basurero y dejará de usar para tal fin el lote en un plazo máximo de 3 (tres) meses siguientes a la fecha de firma del presente instrumento, en que hará entrega de la posesión física y jurídica del lote a el colaborador”.

La fecha de firma del contrato fue el 29 de marzo de 2007, por lo que la administración de Carlos Joaquín debería haber entregado el predio donde se asentaba el basurero el 29 de junio. Sin embargo, el hoy Secretario de Turismo dejó el ayuntamiento, y también dejó el problema del tiradero a cielo abierto y de la operación de una celda de relleno sanitario a la actual administración.

El único vendedor del predio San Damián

El único con capacidad para vender el predio San Damián era el señor Rafael Medina y Gómez, el propietario del mismo.

En la declaración “m” del contrato, el ayuntamiento declara “que es de su conocimiento que el colaborador suscribió con el señor Rafael Medina y Gómez sendas compraventas por medio de las cuales adquirieron la propiedad de la fracción lote 089 y de la fracción lote 089-1, con el objeto y fin determinante de realizar en las fracciones un desarrollo inmobiliario turístico, que incluye, sin limitar, la posibilidad de desplantar (sic) la construcción de diversas viviendas turístico-residenciales, así como un campo de golf, y demás áreas e instalaciones complementarias (…).”

Por su parte, ‘el colaborador’, en su declaración “g” afirma que: “han adquirido de parte del señor Rafael Medina y Gómez la propiedad de la fracción del lote 089, y la fracción lote 089-1, pertenecientes al predio San Damián, con el objeto y fin determinante de realizar en ellas un desarrollo inmobiliario turístico, que incluya, sin limitar, la posibilidad de construir, comercializar y operar las instalaciones (…)”.

Cabos sueltos

El ‘convenio de colaboración’ detalla prácticamente todo, salvo una cosa: en qué consistirá el desarrollo de los “colaboradores”, es decir, qué harán las empresas “Inmobiliaria Nuevo León”, “Inmobiliaria Helmer” y “Cabi Conjuntos Residenciales”.

El contrato no contiene ningún anexo que especifique lo que Carlos Joaquín González so comprometió a gestionar.