La propaganda negra
La propaganda negra ha sido utilizada prácticamente desde que se inventó la imprenta en el siglo XV; aunque en tiempos modernos los ejemplos más significativos provienen de la época de la guerra fría, cuando los países adheridos al régimen socialista y su contraparte Estados Unidos mantenían los llamados “Departamentos de Desinformación”.
Tanto los servicios secretos de la CIA y de la KGB a través de sus Departamentos de Desinformación filtraban noticias o documentos falsos que eran posteriormente difundidos por los medios de comunicación con el fin único de desprestigiar a su contrario, y aunque posteriormente el hecho se aclarara, nunca sería suficientemente saneado.
Un experto norteamericano llegó a calcular, en los años ochenta, que en la Unión Soviética trabajaban entre 15 mil y 30 mil personas en las campañas de desinformación, con un costo anual de entre dos mil y tres mil millones de dólares, según se publicó, en su momento, en el periódico El País.
El recurso de la mentira como vehículo para desprestigiar suele tener cierta efectividad: causa confusión, genera duda y siembra desconfianza. La propaganda negra es difícil de revertir, y llega a ser tan perfecta que en ocasiones es difícil emitir opiniones después de ésta.
“Miente que algo queda”
El preámbulo anterior tiene relación con el caso de Ernestina Ascencio Rosario, la indígena de 73 años de la comunidad de Soledad Atzompa, en Veracruz, que murió, según se dijo en las primeras versiones, debido a una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército Nacional.
Ayer, la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) rindió un informe en el que determinó que la anciana murió a consecuencia de males crónicos, pues, de acuerdo a la segunda autopsia practicada a la indígena, ésta presentaba una úlcera, problemas hepáticos, además de que se le estaba formando un cáncer en el hígado y tenía problemas respiratorios.
El dictamen de la CNDH no dejó conformes a los pobladores de Soledad Atzompa, ni a su alcalde, Javier Pérez Pascuala quienes cuestionaron la versión. Igualmente, diputadas perredistas solicitaron ayer en la Cámara de Diputados incluir el caso en los asuntos generales, lo cual fue rechazado.
Sobre la historia de Ernestina Ascencio se han generado varias versiones, una de ellas apunta a que los indígenas pretenden sacar al Ejército de sus territorios debido a la existencia de grupos guerrilleros que operan en la zona y que cuentan con el apoyo de los pobladores.
Sin embargo, ello se trata de una interpretación cuestionable, ya que fue la Procuraduría Judicial del Estado de Veracruz la que sostuvo que la muerte de la indígena fue a consecuencia de la violación tumultuaria por parte de elementos del 63° Batallón de Infantería de la 26ª zona militar de Lencero, Veracruz. Resultaría poco congruente pensar que el propio gobierno veracruzano está protegiendo a los supuestos núcleos guerrilleros.
Una versión más puede estar relacionada con la operación de grupos delictivos dedicados al narcotráfico, a los que, indudablemente afecta la presencia del Ejército Nacional, lo cual no parece difícil de creer. La siembra de enervantes es una actividad mucho más productiva, en términos económicos tanto para los pobladores como para los gobiernos.
El caso de la indígena de 73 años, hizo pública información relacionada con la actuación del Ejército mexicano, que, de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz cada año es objeto de por lo menos 14 mil quejas, aunque, como si ello fuera consuelo, pocas se originan en zonas indígenas y hasta entonces ninguna había estado relacionada con hechos de violación, puntualizó la ombudsman de Veracruz, Noemí Quirasco Hernández. Un dato que vino a abonar en contra de la institución castrense.
A pesar de las rápidas investigaciones y análisis periciales, médicos y científicos de la CNDH es difícil revertir el efecto inicial de la noticia, que en un principio fue tomada como válida por los medios de comunicación, y que lesionó la reputación de una de las pocas instituciones que aún gozan de prestigio en el país: el Ejército Nacional.
Pero, si bien es cierto, la CNDH ha emitido recomendaciones a las autoridades en casos tan graves como los de Atenco o los de Pasta de Conchos, reconocer que el Ejército mexicano incurrió en los delitos que se le imputan hubiera significado una herida de muerte a esta institución y una desilusión nacional.
La duda, entonces, allí queda.







