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Crimen financiero en Quintana Roo


Oct
02
2006

El accidente político ocurrido a fines de la década de los 90, conocido históricamente como período de Joaquín Hendricks Díaz, además de hundir en el desprestigio a la clase política de la capital del estado colocó de rodillas a Quintana Roo, ya que el gobierno del estado ha tenido que lidiar con una deuda pública que ascendía a los mil 307 millones de pesos el cinco de abril de 2005, cuando Félix González Canto asumió la gubernatura.

La irresponsabilidad criminal de Hendricks y su equipo selecto no tiene punto de comparación con el manejo de las finanzas hecho en el período de Mario Villanueva, quien abandonó la embarcación ocho días antes de entregar formalmente la estafeta a Hendricks, ya que estaba en la mira del presidente Ernesto Zedillo.

En esos días de incertidumbre y caos, con Raúl Omar Santana Bastarrachea como encargado del despacho, hubo un saqueo impresionante que fue ampliamente superado por Hendricks y compañía, ya que ese grupo arribó al poder con la consigna de hacer el gran negocio de sus existencias.

De hecho, al asumir el poder el ex mandatario condenó el reparto de bonos sexenales que finalmente derramó a manos llenas poco antes de entregar el poder, con el simple objeto de comprar conciencias para evitar la exposición de su expediente de corrupción y negocios al amparo del poder.

El caso Hendricks no es representativo de la clase política de la capital del estado, pero de todos modos el político chetumaleño se ha ganado a pulso una imagen de irresponsable en el ejercicio del poder, adicto al presupuesto y a los negocios hechos a su sombra.

Quintana Roo, en su etapa como Territorio, padeció gobernantes que incurrieron en excesos, aprovechando la carencia de medios de comunicación provocada por la lejanía de esta zona, más identificada con América Central.
Por ello preocupa que un político chetumaleño haya hipotecado a Quintana Roo, ya que la deuda es sencillamente impresionante e injustificable.

Quintana Roo está incluido en la relación de 17 entidades que más se endeudaron a lo largo del sexenio del presidente Vicente Fox, en la mayor parte de los casos sin justificar las contrataciones de los empréstitos con la banca privada.

En concreto, la deuda directa creció en forma significativa en el gobierno de Joaquín Hendricks, quien recibió una administración con adeudos que ascendían a los 761.6 millones de pesos, pero que llegaron a los mil 618 millones en junio de 2004; finalmente Hendricks heredaría al gobernador Félix González Canto adeudos por mil 307 millones, los cuales fueron renegociados en la recta final de esa administración.

En su primer informe, González Canto expuso que “se pagaron 50 millones de pesos en abono a la deuda pública, que disminuyó de un mil 307 millones de pesos a un mil 257 millones de pesos, lo que permitió que las calificadoras Fitch Ratings y Moody’s Investors Service hayan ratificado la calidad crediticia del Estado”.

Y aunque el gobernador ha asegurado que hay “finanzas sanas”, su Secretario de Hacienda, Fredy Marrufo Martín, ha advertido que a partir de diciembre se estará incrementando el monto por concepto de abono a la deuda que dejó como herencia la administración de Joaquín Hendricks Díaz, ya que de once millones de pesos mensuales se incrementará a 25 millones, debido a la finalización de los dos años de gracia en el pago de intereses por las instituciones bancarias.

Según Marrufo, la deuda está divida en dos empréstitos, el primero registrado por más de 500 millones de pesos con Scotiabank-Inverlat, que debe ser liquidado en 10 años.

Y el segundo es de 757 millones de pesos, contratado con Banorte, el cual tiene una fecha límite a pagar en 12 años.

Y precisó que el motivo por el cual Quintana Roo comenzará a pagar un monto superior en materia de abonos tanto de liquidación de la deuda como de intereses es que se terminaron los dos años de gracia concedidos por las instituciones bancarias.

Pero el gobierno del estado no se ha quedado con los brazos cruzados y ha diseñado una estrategia para hacer frente a sus obligaciones.

EL DESPRESTIGIO DE LA TRANSPARENCIA
El hecho de que la designación del titular del Instituto de Transparencia y Acceso la Información haya corrido por cuenta del ex gobernador Joaquín Hendricks le ha restado autoridad moral a dicho instituto, convertido a estas alturas en una dependencia altamente prescindible, ya que nada ha hecho a favor de sus tareas oficiales.

El Congreso del Estado tiene la obligación de revisar de inmediato a fondo el funcionamiento de dicho Instituto, para evaluar sus resultados y revisar sus tareas pendientes.

¿Hasta qué punto puede justificarse la creación de un Instituto que tiene la consigna de ocultar lo más elemental, escondiendo información que era de fácil acceso antes de la creación de dicho organismo?

Es difícil justificar la negativa del Instituto a mostrar sus cuentas a la opinión pública, escondiendo datos simples relacionados con viáticos y gastos efectuados por los consejeros en funciones oficiales.

El señor Carlos Bazán Castro, consejero presidente del Instituto, no tiene la menor idea de la importancia de sus funciones. Por ello se impone una revisión del período de Bazán, un sujeto improvisado que fue lanzado al ruedo en la anterior administración, con objetivos que no tienen la menor relación con la transparencia.

TESTIGOS DEL JANET

El 28 de septiembre se cumplió el 51 aniversario del paso devastador del huracán Janet, que castigó al sur del Territorio de Quintana Roo dejando al amanecer un inventario de desolación y muerte.

A unos pasos del Congreso del Estado, cerca del monumento a Lázaro Cárdenas, se encuentra la famosa “casa voladora”, convertida en realidad en casa flotante, ya que fue arrastrada por el huracán y depositada en otra zona de la ciudad.

Dentro de la casa de madera se refugiaron unas 27 personas, incluida una mujer que estaba a punto de parir.

Los protagonistas de esa odisea todavía sobreviven, y lo peor de todo es que la “casa voladora” está siendo devorada por el paso del tiempo y por la indiferencia gubernamental, ya que no fue incluida en la relación de inmuebles remodelados, aunque sea la casa más representativa de la capital del estado, muy superior al engendro que fue instalado a unos pasos del Tribunal Superior de Justicia, conocido como parque del renacimiento.

PARTIDOS GUBERNAMENTALES

El PAN dio el primer golpe, en relación con la obligada reforma electoral en Quintana Roo, la cual debe ser en principio una reforma política integral.

Las reformas electorales en Quintana Roo han sido frecuentes pero incompletas, ya que el gobierno del estado se ha negado a ir a fondo. Pero en esta materia se han dado pasos importantes que nos han entregado a un Instituto Electoral más confiable y profesional, con elementos de tiempo completo.

No hay nada nuevo bajo el sol en materia de propuestas de corte electoral, aunque a lo hora decisiva los representantes de los partidos políticos cierran el paso a las reformas de fondo, ya que representan un riesgo para su situación de privilegio.

Pero antes de plantear la gran reforma electoral, los partidos políticos deben hacer una reforma de fondo en su interior, ya que se han convertido en pequeños organismos descentralizados del gobierno del estado, al recibir financiamiento permanente de las arcas públicas.

Desde hace mucho tiempo los partidos políticos dejaron de captar recursos de su militancia; incluso, carecen de órganos de difusión y sus actividades de divulgación pasan exclusivamente por los espacios del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS).

Por ello la primera tarea de los partidos debe consistir en la revisión forzosa de su relación con el gobierno del estado y con su militancia, y en general con la sociedad.



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