En una colonia de reciente creación dos adolescentes robaron una camioneta de lujo, con el simple objetivo de dar un paseo por las principales arterias de la capital del estado; la costosa unidad fue recuperada sin esfuerzo, ya que los adolescentes nunca intentaron esconderse.

Otros, en cambio, provocaron la muerte de un pequeño de 15 o 16 años de edad, cuya familia apenas se había establecido en una de las colonias de “los quesitos”, una pandilla de jóvenes que han sido abandonados por su familia, o quizá alentados por sus padres a cometer los delitos, amparados por la ley.

De hecho, algunos padres purgan condenas en el reclusorio de Chetumal.

Otros se dedican al narcomenudeo, y dentro de algunos años podrían ser figuras clave del negocio blanco que se desarrolla en el mercado negro.

El fenómeno debe preocupar a funcionarios de los tres niveles de gobierno, ya que es evidencia concreta del colapso del desarrollo social en una ciudad que todavía presume sus características de paraíso donde hay lugar para todos.

Pero el llamado de alerta no ha sido atendido por algunos diputados, ya que su única prioridad es la creación de un noveno municipio que pueda saciar su sed de poder y presupuesto a manos llenas. No tiene caso que diga que me refiero a Bacalar, una localidad que en el papel es una extensión de Chetumal, ya que la distancia entre ellas es prácticamente inexistente.

Preocupa la ausencia de estrategias del Estado en la atención de un sector vulnerable, como lo es el juvenil, marginado del desarrollo económico y refugiado en la delincuencia, con el visto bueno de su familia en muchas ocasiones.

LOS ASENTAMIENTOS IRREGULARES

El director del Instituto de Fomento a la Vivienda (Infovir), Ricardo Pech Gómez, y diputados locales acordaron realizar ajustes a las leyes estatales para sancionar con severidad a quienes promuevan los asentamientos irregulares, incluso con pena de cárcel y sin derecho a fianza, a fin de abatir los abusos que se vienen cometiendo en contra de personas que pierden su poco patrimonio al ser víctimas de fraudes sistemáticos.

Pech Gómez precisó que los asentamientos irregulares son un grave problema no sólo a nivel estatal, sino también a nivel nacional. En el caso de Quintana Roo, de 300 mil nuevas viviendas que se están desarrollando actualmente, 125 mil son irregulares, es decir, el 41 por ciento de ellas.

Sostuvo que esa situación está provocando que muchas familias no cuenten con los servicios de urbanización necesarios porque se trata de asentamientos muy alejados de las zonas urbanas en algunos casos, y en otros, porque no se encuentran debidamente diseñados y no se habían programado dentro de los proyectos de desarrollo de la mancha urbana. Estos problemas se están manifestando en la capital del estado desde hace más de una década; pero en otras zonas del estado los problemas son mucho mayores.