Uno.- Hace cuatro años la mayor parte de la sociedad chetumaleña estaba convencida de que la instalación de un Cinépolis no podía superar los linderos del sueño guajiro. Qué decir de la instalación de algunos centros comerciales. En esos días el chetumaleño era cliente cautivo del San Francisco de Asis, grupo que financió la campaña de Joaquín Hendricks a fines de 1998 y principios del 99.

Dos.- En las primeras etapas del conflicto de Oaxaca nos juraron que el Estado no tenía la capacidad financiera para atender las demandas de ese sector del magisterio, pero ahora sabemos que sí se pudo, a tal grado que esa retabulación fue el esfuerzo que tuvo menor grado de dificultad para el presidente Fox y compañía.

La mención del caso Oaxaca, inscrito en la historia del país como un evento de locos y comediantes que llenaron de luto a 15 familias, es necesaria para demostrar que el estado tiene todos los recursos financieros para atender algunos reclamos regionales, aunque lamentablemente sólo acostumbra vestirse de bombero cuando la casa ya ha sido siniestrada.

La instalación de la clínica de especialidades ha sido una causa enarbolada por Manuel Valencia Cardín, Presidente de la Gran Comisión del Congreso, quien ha sido el gran recolector de material para construcción que ha sido aportado por empresarios, amas de casa, gente de condición humilde y hasta por una tía de la alcaldesa Cora Amalia Castilla Madrid.

Y mientras la alcaldesa ha señalado que el camino es fortalecer al Hospital General de Chetumal, su homólogo, el alcalde benitojuarense Francisco Alor Quesada, entregó un cargamento de bloques aportados por el Ayuntamiento y por sectores de Cancún.

Bueno, apenas este viernes el empresario cancunense Eduardo Solís Preciat hizo entrega de otros 10 mil bloques que fueron depositados en el predio La Aurora, a un costado de la Universidad de Quintana Roo.

“Para nuestra empresa siempre es importante apoyar estos proyectos que beneficien a la gente, sin importar que el proyecto no se vaya a hacer en nuestra ciudad, pero en Chetumal, somos un mismo estado y es para el crecimiento de todos; estamos seguros que este hospital será una realidad que beneficiará a toda la sociedad”, mencionaron Joaquín Saldívar (gerente de ventas de ABC Quintana Roo) y Roberta Ruiz, jefa de relaciones públicas.

La causa es justa, y trasciende todo tipo de motivación política (válida, por cierto), ya que el Hospital General de Chetumal es un anciano que se encuentra en fase terminal, ubicado en el área de terapia intensiva.

Ese nosocomio respondió a las exigencias de la población del sur de Quintana Roo en la década de los 80, pero la soberbia de algunos de nuestros políticos intenta cobijarse en sus despojos para cerrar el paso a la instalación de una clínica de especialidades financiada por los gobiernos federal y estatal.

Si retomamos el primer ejemplo, serían capaces de asegurar que el Cinema Juventino Rosas (estuvo ubicado a unos pasos del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social) basta y sobra en 2006 para satisfacer las exigencias de la capital del estado.

El Hospital General no da para más, aunque su personal hace lo que está en sus manos en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, la falta de quirófanos obliga a reprogramar un gran número de intervenciones, intensificando el rechazo de la población al gobierno del estado.

Nos han dicho durante décadas que Mérida es el centro del universo en materia de servicios de salud. Por ello todas las intervenciones de alto riesgo se realizan en Yucatán. Y los chetumaleños con alto poder adquisitivo abandonan el rancho en menos que canta un gallo.

Pero el 90 por ciento de la población del sur de Quintana Roo se encuentra en situación vulnerable, colocada contra la pared por las distancias insalvables y por la falta de dinero. No olvidemos que el Hospital General no es gratuito.
Cientos de vidas se han perdido por la falta de atención oportuna. En otros casos, algunos males crónicos no fueron detectados a tiempo.

Los problemas de salud afectan a todos los sectores de la población, y en cada sector hay una docena de males que en estos momentos obligan a las familias a desembolsar varios miles de pesos para la obtención de estudios, consultas e intervenciones y todo tipo de peticiones habituales, sin incluir los gastos de transporte y hospedaje en Mérida y el Distrito Federal.

El lapsus brutus Oaxaca viene al caso porque en la etapa inicial de ese conflicto el gobierno federal aseguró que no había los recursos para atender las demandas del magisterio. Ahora sabemos que sí se pudo.

En el caso de la clínica de especialidades nos aseguran que el gobierno federal no cuenta con los recursos para hacer realidad un proyecto de estas dimensiones. O bien, como en el caso de los cinemas, aseguran que no hay el porcentaje de población que justifique una inversión colosal.

Según los burócratas del gobierno federal, la gente del sur de Quintana Roo puede ser atendida en hospitales de Mérida, como si el asunto fuera tan fácil.

Gran parte del gobierno del estado se ha negado a apoyar la construcción de la clínica de especialidades porque es una propuesta impulsada por Manuel Valencia Cardín, quien obtendría provecho político de su instalación.
De hecho, aseguran que estaría en condiciones de ser el sucesor de Cora Amalia Castilla Madrid en la alcaldía capitalina.

Lo delicado del asunto es que algunos sectores de la población quintanarroense han desbordado a sus autoridades. Incluso, la causa del hospital ha sido respaldada por políticos y empresarios de Cancún y otras zonas del estado, como José María Morelos.

Algunas familias han aportado en la medida de sus posibilidades, y por ello la entrega de 10 bloques es más encomiable cuando la hace un albañil o una vendedora ambulante.

¿AUMENTARAN LOS DISTRITOS?

Carlos Vázquez Hidalgo, representante estatal del Frente Democrático Sur, una corriente interna del PRD, además de lanzar una propuesta formal para redistritar al estado, ha explorado los posibles escenarios, tomando en cuenta diversos factores que en su momento inclinarán la balanza.

“Como ya lo hemos planteado en otros documentos, la redistritación a que obliga la resolución de la Suprema Corte, va a crear, y de hecho ya está en la opinión pública, un conflicto político en los municipios y regiones que se verán afectados por la nueva demarcación distrital”, afirma.

“Desde su constitución como estado libre y soberano, todos los municipios de su territorio tuvieron su propia representación en el congreso (uno por uno de los siete municipios en 1975 y 1978), incrementándose los distritos en Othón P Blanco y Benito Juárez en 1981 para un total de 11, aumentando a 13 en 1990, e incrementándose por última vez a 15 en 1996. Pero siempre, en estas cuatro etapas de incremento distrital, todos los municipios conservaron al menos un distrito, lo que ha creado en la población de cada uno de ellos un sentimiento de pertenencia a lo largo de once legislaturas, por lo que es comprensible el malestar que puede despertar en la población y en los grupos de poder el sentirse despojados de dicho diputado o de tenerlo que compartir con otro municipio”.

Añade: “Cosa similar va a suceder en Othón P. Blanco, toda vez que se han creado grupos de poder regionales que se han conformado en el marco de los dos distritos rurales del municipio en los últimos 16 años: Bacalar y el Ingenio Álvaro Obregón. Con la media estatal de la nueva distritación, tendrá que desaparecer uno de ellos que será absorbido por la mancha urbana de Chetumal, lo que también creará un conflicto político”.

“Como también ya lo hemos manifestado, estamos conscientes de que los diputados no representan municipios y que el aumentar los distritos no garantiza en lo mas mínimo que se tengan mejores diputados, ni tampoco el que un diputado salga de municipio determinado, esté mas comprometido e identificado con dicho municipio, sin embargo, deben de buscar alternativas para atemperar el conflicto político que se ve venir por varios motivos”.

Según Vázquez Hidalgo, “el quitarle a un municipio el diputado que han tenido a lo largo de más de 30 años, y que éste salga de otro municipio cercano, va a crear fricciones y resentimientos, de cuyos males, quizá el menor sea, el abstencionismo al sentir que dicho candidato no los representa”.

Y culmina: “El otro conflicto fácil de prever es que la población y los grupos de poder de estos municipios tenderá a responsabilizar a alguien por habérseles “quitado” su diputado. Como esta vez no será el Congreso, sino el IEQROO quien aprueba la demarcación distrital, en estos municipios se responsabilizará al Instituto, y cuando éste deba de instalar los consejos distritales y los funcionarios electorales deban de realizar su trabajo en ese municipio, pudieran surgir conflictos y fricciones”.

Según otras fuentes, es prácticamente un hecho que no será modificado el número de diputados locales, aunque podrían aumentar dos distritos electorales para favorecer a Cancún, sin restar distritos a Othón P. Blanco o afectar a otros municipios como Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y José María Morelos.

Podrían ser recortadas dos diputaciones plurinominales, para dejar en el Congreso una relación de 17 (mayoría relativa) contra ocho (plurinominales), modificación que no generaría problemas politicos.

Lo cierto es que el gobierno del estado y el Congreso local no permitirán que se creen las condiciones para el surgimiento de conflictos en Bacalar, la Rivera del río Hondo, Isla Mujeres y otras demarcaciones.

No hay que perder de vista que las diputaciones son la primera gran escala que hace algún político en su viaje rumbo a la alcaldía, aunque en muchas ocasiones muere en el intento.

Y en cuanto a la creación de dos distritos en Cancún, en teoría podrían beneficiar a dos partidos opositores al PRI (PAN y PRD), aunque la realidad nos sorprende a menudo.