Noticaribe



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Reacciona Consejero


Nov
30
2006

Lejos de ser admitida como una amenaza o como el estallido inminente de una bomba, la iniciativa presentada por la bancada de Convergencia para reformar la Ley Estatal de Transparencia (y por supuesto la Constitución Política del Estado) debe ser recibida como una valiosa oportunidad para corregir el rumbo, y en respuesta a los intereses de la sociedad.

Pero frente a la oleada de desprestigio que ha erosionado la imagen del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo) la respuesta había sido el silencio, evasivas invariables y respuestas vagas.

El Consejero Enrique Mora Castillo, en entrevista, dio la bienvenida a la iniciativa presentada por la bancada naranja.
“Me parece aplaudible la intención del grupo parlamentario de Convergencia en la XI Legislatura de reformar, tanto a la Constitución del estado como a la Ley Estatal de Transparencia. Toda obra humana es perfectible, y aún más tratándose de leyes, pues estas deben estar acordes y responder a las necesidades de la sociedad”, afirmó Mora Castillo.

Añadió: “Sin lugar a duda, es un acierto la propuesta de sujetar a los Consejeros que integran la Junta de Gobierno del Instituto al régimen de responsabilidades. De hecho, ningún funcionario público debe estar exento de ser sancionado en el desplegar conductas que no se ajusten a la legalidad. Cada quien debe ser responsables de sus propios actos y aceptar las consecuencias de los mismos”.

“Asimismo, tengo la plena disposición de colaborar con los legisladores locales en todo lo que me sea posible, aprovechando la experiencia que se tiene luego de más de dos años de puesta en marcha la actual ley. La intención es coadyuvar para generar una ley que no solamente esté al día sino a la vanguardia”, culminó.

Pendiente queda la respuesta del resto de los Consejeros, quienes deben reaccionar positivamente ante el surgimiento de esta iniciativa oportuna, lanzada por la bancada de Convergencia.

Las posiciones burocráticas no deben ser concebidas como una especie de islote donde cualquiera puede hacer su voluntad, por encima de las leyes y de la opinión pública.

Exigen su bono sexenal

Las costumbres se hacen leyes en nuestro país, y esta regla de oro no podía excluir al sector magisterial de nuestro país, el mismo que hizo estallar el conflicto en Oaxaca.

Los trabajadores de la educación exigen el tradicional bono sexenal, aprovechando la crisis monumental que padece la república.

Tal vez los bonos deben entregarse en función de los resultados obtenidos, pero este no es el caso de Quintana Roo.

Y hablamos en general de un gremio excesivamente consentido que ha hundido al país en el mayor de los rezagos en materia educativa, a tal grado que nos superan sin mucho esfuerzo países africanos dominados por la hambruna. Pero estos pequeños detalles no los analizan nuestros abnegados profesores.

Y esta exigencia le permitirá a Alexander Cetina Aguiluz (secretario general de la Sección XXV del SNTE) desviar la atención de un reclamo que se ha generalizado, y que es motivado por su permanencia al frente de dicha agrupación.

El período de Cetina Aguiluz ya llegó a su fin, pero como buen líder charro se aferra al puesto con desesperación, ya que una oportunidad similar nunca se le volverá a presentar.

Simplemente María


Nov
29
2006

María Rubio Eulogio ha sido sin duda la primera dama más polémica en la historia de Quintana Roo como Territorio y Estado. Y es que hizo del brincarse las trancas una rutina, reaccionando de bote pronto para colocar en aprietos a medio gabinete.

Puso sus condiciones cuando apenas se estaba mudando a Casa de Gobierno, donde le advirtió a Joaquín Hendricks que “se acabaron los segundos frentes y las orgías”; esta lectura de cartilla fue presenciada por decenas de políticos que comprendieron que el sello de la casa sería el mole Doña María.

Pero sobre todo se le recuerda por haber desenmascarado públicamente a su esposo, quien había emprendido un viaje de placer por Europa cuando apenas se había retirado el huracán “Isidore” que golpeó con fuerza parte de la zona norte del estado, en particular la isla de Holbox.

La Fundación Zazil Be (camino claro en maya), patrocinada desde el principio por el gobierno del estado, sería el refugio de María cuando fue expulsada de la presidencia del DIF por un ofendido Hendricks que llegó a deslizar que su mujer no andaba bien de sus facultades mentales, jugada que fue contraproducente para el mandatario porque María Rubio demostró que estaba hecha de un material que podía resistir misiles de esa naturaleza.

Por un momento María Rubio se lanzó a la aventura electoral, pero su esposo la mandó a hacer la guerra a Irak, ya que su habilitación como candidata de la coalición PRI-Verde por un complicado distrito de Cancún era la crónica de una derrota anunciada, tal como ocurrió finalmente.

Y ese refugio, la Fundación Zazil-Be, le ha dado a María Rubio un soporte para seguir vigente a nivel social, distanciada obviamente de Hendricks, quien lo piensa dos y hasta tres veces cuando tiene la oportunidad de aparecer en público.

Ubicada en los alrededores de Bacalar, la Clínica Zazil Be no ha dado buenas cuentas a Quintana Roo, ya que permanecer en sus instalaciones es muy costoso. Pero se trata de un proyecto que puede ser reorientado para que de resultados a la sociedad, tomando en cuenta los crecientes problemas provocados por el consumo de drogas desde edad temprana.

Punto a favor para la clínica lo representa la develación de la placa de certificación por cumplir con la norma de calidad para el funcionamiento de clínicas de desintoxicación en adicciones, evento que contó con la asistencia del gobernador Félix González Canto, quien recorrió las instalaciones acompañado por María Rubio.

Otra vez Convergencia se anticipa

Era cuestión de tiempo, pero finalmente ocurrió. La desatinada conducción de Carlos Bazán Castro ha provocado el naufragio de un Instituto que estaba destinado a ser un modelo de institución, ya que la transparencia era su carta de presentación.

Pero la anterior Legislatura dio luz verde al nacimiento de una estructura tan onerosa como inservible, ya que no ha podido garantizar el acceso y la transparencia a la información, convirtiéndose en la dependencia más desacreditada del gobierno del estado, superando con mucho a la Procuraduría de Justicia del Estado.

La bancada de Convergencia, coordinada por Manuel Valencia Cardín (Presidente de la Gran Comisión del Congreso), volvió a ganar la iniciativa al intervenir para intentar corregir el rumbo de ese instituto inútil en las actuales condiciones.

La iniciativa presentada por la bancada del partido naranja no es producto de la improvisación, sino de una lectura política acertada.

Se ha demostrado que en teoría todos los representantes populares son iguales, pero hay de legisladores a diputados.

Manuel Valencia Cardín, Joaquín González Castro, David Alvarez Cervera y Julio Rodríguez Herrera han superado con mucho al resto de sus compañeros, ya que han impulsado propuestas e iniciativas que son una respuesta al reclamo social.

Baste mencionar la propuesta para la construcción de la clínica de especialidades en el sur del estado y la iniciativa para crear una Secretaría de Cultura que reemplace a ese cadáver llamado Instituto Quintanarroense de la Cultura (IQC).

Gatopardismo partidista


Nov
28
2006

Concentrados en sus intereses de tribu, ajenos a los reclamos de una sociedad que transporta contra su voluntad a un puñado de institutos políticos, sus dirigentes en Quintana Roo han lanzado una propuesta inmoral, incongruente de entrada, ya que pretenden que sea prolongado una semana el período de las campañas formales, naturalmente sin aportar un sólo peso a la cuenta gigantesca que al final será pagada por los contribuyentes.

Los dirigentes del PAN, PRD, Convergencia y PT, además de simpatizar en privado con la idea de aumentar el número de diputaciones de mayoría relativa y plurinominales, intentan dar un golpe que sólo beneficiaría a un pequeño grupo de burócratas partidistas y candidatos acostumbrados a tirar la casa por la ventana, ya que se trata de recursos ajenos.

Y es que pretenden “modificar el calendario electoral cambiando del primer domingo al segundo del mes de febrero el día de la elección, ampliando con ello los tiempos de campañas formales, pero reduciendo las llamadas precampañas de 60 a 40 días naturales”.

La única motivación es prolongar el período de las campañas, omitiendo un pequeño detalle: un día de campañas, con todos los partidos formando un pelotón espléndido, equivale a 20 días de precampañas, efectuadas por algunos aspirantes a candidaturas con recursos limitados, aunque naturalmente hay sus excepciones.

Los dirigentes partidistas no pueden colocar en la misma canasta las campañas y las precampañas, ya que las diferencias son abismales.

No tengo antecedente de propuestas en dicho sentido, ya que a nivel nacional hay una tendencia a reducir los tiempos de campaña o en el peor de los casos a dejar las cosas como están. Pero en Quintana Roo a los señores de la política de plano se les pasó la mano.

Un día de campaña, por si ellos lo ignoran, representa la erogación de dos millones de pesos, recursos que en su mayor parte no ingresan a la contabilidad del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO).

Lo oficial, por supuesto, es simplemente la punta del iceberg.

Los dirigentes pretenden que el contribuyente soporte una semana adicional de golpes bajos, spots huecos y demagogia pura.

Pero además se niegan a aportar un sólo peso de su bolsa, ya que se cuelgan como sanguijuelas del financiamiento público, argumentando que el Estado debe aportar esos recursos para evitar que el narco meta su cuchara en nuestros procesos tan ejemplares.

He visto tan sólo cinismo en las acciones de los dirigentes de esos partidos políticos, acostumbrados a vivir de los presupuestos que tanta falta hacen en rubros como el educativo, el de la salud y la obra pública.

Esos hombres de la política que nos lanzan los discursos más contundentes en materia de austeridad y alto a los excesos con el presupuesto decidieron impulsar una propuesta inmoral, y por ello tendrán que pagar los costos políticos.


Líder resentido

Luis Ramón Villanueva García, todavía líder del Comité Pro Defensa de los Límites de Quintana Roo, está convencido de que Rosario Ortiz Yeladaqui, Secretaria de Gobierno, boicoteó la manifestación que fue organizada el pasado jueves ante las oficinas del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI), para reclamar las acciones desatinadas de la alta burocracia de esa dependencia que ha dado luz verde a la distribución de cartografía que ubica al territorio en disputa (4 mil 800 kilómetros cuadrados) como perteneciente a la entidad vecina.
Por lo pronto, 12 distinguidos chetumaleños hicieron llegar a esta redacción un comunicado oportuno; en el escrito manifiestan su negativa a aceptar la renuncia de Luis Ramón Villanueva al frente del Comité, ya que “es conocida por todos los ciudadanos quintanarroenses su férrea y añeja lucha por esta tierra…”
Aclaran: “Es importante señalar que nuestra lucha no es contra los ciudadanos campechanos y yucatecos, sino contra las acciones que han llevado a cabo los gobiernos de estos estados en contra de nuestra soberanía” y de la Constitución.

Los grupos de los gobernantes


Nov
27
2006

Por lo regular, en el caso concreto de Quintana Roo, cada gobernante ha intentado impulsar el surgimiento y consolidación de una clase política que sea capaz de ubicarse en posiciones clave del quehacer político, estrategia justificable porque se trata de mantener vigente un proyecto generacional, de grupo compacto que trascienda relevos sexenales.

Pedro Joaquín Coldwell (81-87), activo en los dominios del Senado de la República y siempre en las filas del PRI, formó un grupo que mantuvo su fuerza a nivel local cuando el hijo de Nassim Joaquín Ibarra decidió continuar su carrera en las grandes ligas de la política nacional, ubicándose como posible candidato emergente, luego de la ejecución de Luis Donaldo Colosio.

En esos días, con el ascenso de Miguel Borge, se rompió el aparente equilibrio Chetumal-Cozumel, ya que se había deslizado la especie de que ambas zonas compartirían en armonía la gubernatura. Cancún no tenía el menor peso político y hasta ahora se ha mantenido al margen del poder emanado de Palacio de Gobierno.

Joaquín González Castro, Juan Manuel Mercader Rodríguez, Carlos Cardín Pérez, Magali Achach Solis, Efraín Villanueva Arcos, Enrique Alonso Alcocer, Esteban Maqueo Coral y María Cristina Sangri Aguilar figuran en la relación de políticos forjados en ese periodo.

Enrique Alonso decidiría ligar su suerte a la de Mario Villanueva cuando el entonces gobernador se confrontó con la cúpula nacional del PRI y con la familia Coldwell, en la coyuntura del proceso de selección de candidato a la gubernatura.

Alonso Alcocer, al frente de la dirigencia estatal del PRI, llegó al extremo de denunciar públicamente que Addy Joaquín Coldwell (derrotada por Joaquín Hendricks en el proceso interno, porque así lo quiso Mario Villanueva) pretendía chantajear a la dirigencia nacional del Tricolor exigiendo presidencias municipales y diputaciones a cambio de no ser candidata del PAN a la gubernatura.

Joaquín González Castro, midiendo cada paso, decidió no participar en el proceso de selección de septiembre de 1998 porque había confirmado que los dados estaban cargados a favor de Addy Joaquín, candidata del presidente Zedillo.

Miguel Borge Martín (87-93) intentó que fraguara una clase política sólida, impulsando a Arturo Contreras Castillo, Roberto Coral García, Ramón García Hoy, José Luis Pech Várguez y Joaquín Hendricks Díaz.

Por supuesto, incorporaría a Juan Manuel Mercader Rodríguez, último Secretario de Gobierno en toda la extensión de la palabra, aunque se había especializado en atizar sus propios conflictos para lucirse desactivándolos, naturalmente con un impresionante despliegue de prensa amiga.

Borge pasaría a la historia como un político honesto y bien intencionado, aunque gran parte de su equipo decidió aprovechar la oportunidad de sus vidas, a costa de su imagen personal.

No olvidemos las andanzas de Manuel González Coral, alias “el Chueco”, quien como titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue señalado como responsable de actos de corrupción cuando se destinaron millonarios recursos para la reparación de calles en el centro de Chetumal.

Pero Borge siempre defendió a sus subordinados y se negó a ver la realidad; después se daría cuenta de su error, cuando ya era demasiado tarde.

Mario Villanueva imprimió un sello nativista a su administración, incorporando a elementos sumisos que le hacían el trabajo sucio, como Héctor Esquiliano Solis y Raúl Santana Bastarrachea.

En su período brotaron José Chejín Pulido, Sergio Pérez Erales, Julio Ascencio Reynoso, Guillermo Vázquez Handall, Félix González Canto y Angel Rivero Palomo.

Villanueva incorporó a su equipo a Carlos Cardín Pérez, Juan Manuel Mercader Rodríguez y a José del Carmen Lugo Maldonado, ese elemento que convirtió al campo en un sector de avanzada y generador de capital, naturalmente en su provecho.

La ofensiva lanzada en su contra por el presidente Zedillo, festinada naturalmente por la familia Coldwell, provocó la demolición de esa clase política que Villanueva intentó moldear a su estilo.

Pocos quedaron de pie.

Joaquín Hendricks no tuvo visión de estado, sino intereses personales y sobre todo familiares. Además, el ex gobernador era un burócrata resentido, ya que nunca perdonó que la sociedad chetumaleña le diera la espalda cuando Mario Villanueva le soltó los perros para expulsarlo de la presidencia estatal del PRI y enviarlo a prisión.

Por ello se rodeó de elementos del corte de Cecilia Loría Marín y Moisés Pacheco Briceño, elementos impopulares que quedaron marcados por su adicción al dinero público.

Y el desprestigio de Joaquín Hendricks ha marcado a la mayor parte de sus colaboradores.

El gobernador Félix González Canto pretende impulsar a un grupo dominado por Cozumel, pero con una característica: se trata de elementos con gran potencial político y administrativo. Tales son los casos de Sara Latife Ruiz Chávez (diputada federal), Roberto Borge Angulo, Freddy Marrufo Martín y Jorge Alberto Martín Azueta.
En ese grupo está incluido el Procurador Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, aunque pertenece a otra generación.

En cambio, los grupos de Chetumal (esto hay que subrayarlo, ya que están confrontados) han mantenido un bajo perfil, a tal grado que Eduardo Espinosa Abuxapqui hace su lucha solo y su alma, sin más equipaje que su popularidad que se desploma en las cercanías de Felipe Carrillo Puerto.

Los nuevos valores cozumeleños deben aprovechar la oportunidad que les ha dado González Canto, y están obligados a no perder el piso y a demostrar que pueden destacar por sus propios medios. Las apuestas están a su favor hasta ahora.

Lo negro de la transparencia


Nov
21
2006

Francisco Javier Hernández, un habitante de la capital del estado, tuvo que remar contra la corriente en el santuario de la transparencia (El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo), el mismo que se ha comprometido públicamente a defender “tu derecho a saber”.

En el caso que nos ocupa, el señor Hernández tuvo que presentar un recurso de revisión para tener acceso a una información de interés público que había sido clasificada como “RESERVADA”, ya que en realidad tocaba intereses personales de una alta burocracia que se ha dedicado a vivir del presupuesto sin aportar beneficios tangibles a Quintana Roo.

Una pregunta concreta puso de cabeza a una burocracia que no había sido exigida, y que roncaba a pierna suelta en Cancún, como ha sido el caso de su titular, Carlos Bazán Castro:

“Deseo saber a cuánto ascendió el costo de los viajes de los funcionarios y servidores públicos del ITAIPQROO en 2005 con desglose por funcionario y/o servidor público y evento, especificando objeto, lugar y fecha de comisión, medio de transporte utilizado y costo del mismo, pago por hospedaje, alimentación y otros gastos y conceptos en cada caso”.

Poco faltó para que el ITAIPQROO justificara su negativa con el argumento de que podía ser aprovechada por el “Chapo” Guzmán, o por la red de Osama Bin Laden. El caso es que se escudaron en reglamentos, artículos y demás recursos para negar información que incluso debió ser colocada en la página web del ITAIPQROO, por lo que fue violada la ley en el santuario de la transparencia.

Ellos lo admitieron así: “En efecto, se visitó la página electrónica del Instituto y se corroboró la omisión de la publicación de la información en el sitio web con respecto al año 2004, al 2005 y en lo que va del 2006”.

(Bueno, no es para tanto por unos añitos).

Y presionados por este ciudadano atípico, los Consejeros de la Junta de Gobierno del Instituto no tuvieron más salida que revocar la respuesta, admitiendo graves irregularidades que es necesario mencionar por salud pública:

“Al haberse negado la información al recurrente se violentó su derecho de acceso a la información, y más aún, porque fue información solicitada al propio Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, por tanto dicha negativa de la responsable se traduce en una conducta contra natura de los fines propios del Instituto”.

Añade: “Esto es, no puede existir opacidad en una órgano garante de la transparencia y el acceso a la información pública, de los contrario este perdería su calidad moral frente a los demás sujetos obligados”.

Si, aquí da en el clavo el ITAIPQROO, ya que su autoridad moral queda devastada con este tipo de excusas para ocultar información de interés público que permite evaluar el comportamiento de un sector de nuestra burocracia.

De lo que pasa en el ITAIPQROO han tomado nota otras instituciones que paradójicamente han cumplido al pie de la letra con lo que establece la ley.

En cambio, los titulares de otras instituciones morosas tienen la excusa perfecta para seguir incumpliendo la ley, ya que el guardián de la transparencia ha metido el desorden en todo el sector público, y esto es simplemente imperdonable.

Viraje de 180 grados en defensa limítrofe


Nov
16
2006

Para muchos, el ex gobernador Joaquín Hendricks estaba más identificado con América Central (concretamente con El Salvador) o tal vez con cualquier lugar del mundo, exceptuando a Quintana Roo. Así lo demostró a su paso por la gubernatura, cuando tuvo que impulsar una defensa limítrofe que decidió enviar a la congeladora, argumentando que el asunto estaba en manos de la Suprema Corte.

El ex gobernador abandonó la batalla política y permitió que el gobierno de Campeche consolidara su posición, apoderándose de un territorio que no le pertenece. La defensa de la integridad territorial no era negocio para ese gobierno, pues.

Así se explican las acciones de dos Secretarios de Gobierno, José Irabién Medina y Efraín Villanueva Arcos, quienes con el visto bueno de Hendricks intentaron debilitar al grupo de defensores de los límites de Quintana Roo, encabezado por Luis Ramón Villanueva García.

El 8 de octubre de 1999, cuando se efectúa la conmemoración del 25 aniversario de la conversión de Territorio a Estado, Luis Ramón Villanueva fue amenazado por elementos de la Secretaría de Gobierno que le pusieron vigilancia permanente en su domicilio, a fin de intimidarlo e impedir que se manifestara contra el gobernador campechano José Antonio González Curi.

Villanueva García pretendía efectuar una manifestación frente al Teatro Constituyentes, donde se efectuaría el acto protocolario.

Al final Villanueva García estuvo presente en el magno evento y lanzó desde su asiento un grito de condena en el Teatro Constituyentes, denunciando el atropello campechano.

La línea del gobierno de Hendricks había quedado definida desde entonces.

Ayer, en charla informal, mi amigo Ramón Humberto González Reyes me confesó que en el período de Efraín Villanueva Arcos los integrantes del actual Comité Pro Defensa de los Límites del Estado intentaron iniciar una marcha frente al Museo de la Cultura Maya, para desembocar ante Palacio de Gobierno.

González Reyes confesó que Efraín Villanueva había dado instrucciones para que fueran detenidos los promotores de la manifestación pacífica.

Se trata de dos señales que dio en su momento el equipo de Joaquín Hendricks, quien no dio la menor importancia al conflicto limítrofe.

En cambio, el gobernador Félix González Canto y el Presidente de la Gran Comisión del Congreso, Manuel Valencia Cardín, han fijado una postura firme, en defensa de un territorio que nos pertenece.

Otros protagonistas políticos han comenzado a manifestarse, mientras el gobierno del estado ha dado claras señales de un viraje en el tratamiento de este conflicto.

ATAUDES RODANTES

Obligados por su condición económica, decenas de chetumaleños recorren las principales avenidas y colonias populares a bordo de motocicletas; en muchos casos parte de la familia es transportada al centro laboral o a otros destinos, con niños recién nacidos que con dificultades son llevados en brazos.

Como los accidentes han sido frecuentes la dirección de Tránsito adoptó medidas drásticas para que los motociclistas lleven casco protector; sin embargo, este recurso es insuficiente cuando la esposa lleva en brazos a un recién nacido.

Y es que el más ligero contacto con un vehículo o derrape representa un riesgo mortal de necesidad; sobran los ejemplos de esta índole, al menos en la capital del estado.

La dirección de Tránsito va por el camino correcto, ya que han sido multados decenas de motociclistas que circulan irregularmente, poniendo en riesgo la vida de sus familias.

Ataca el engendro de Frankestein


Nov
14
2006

A nivel nacional es hasta cierto punto comprensible el matrimonio por conveniencia formado por PRD, Convergencia y PT, ya que se trata de darle largo aliento al “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador, quien pretende ser la peor pesadilla de Felipe Calderón a lo largo de su sexenio.

Sin embargo, en el capítulo Quintana Roo el Frente Amplio Progresista (FAP) se ha excedido en sus atribuciones, ya que ha tomado decisiones viscerales, con el objetivo de no desentonar con su “presidente legítimo”.

Se trata de demostrar que son los chicos buenos de la película, dispuestos a castigar a los malosos que abusan del pueblo. Y por ello pretenden convertir al Congreso del Estado en un tablero de damas chinas, donde pueden mover a voluntad a sus canicas legislativas.

Por un momento creí que el convergente David Alvarez Cervera representaba a su distrito electoral, y obviamente a todo el estado. Sin embargo, hemos comprendido que su única misión es obedecer a la dirigencia estatal sin chistar, lo que me recuerda el lamentable espectáculo que dio en su momento Víctor Manuel Aguado, quien como director técnico del América era manejado a placer por Manolo Lapuente desde las gradas.

Según la información obtenida por el reportero Francisco Hernández, del Por Esto de Quintana Roo, los dirigentes estatales del PRD (Antonio Meckler Aguilera), Hernán Villatoro Barrios (PT) y William Souza Calderón (Convergencia) decidieron “reprobar la reestructuración de la deuda del estado y emitir un exhorto para reprochar el voto de sus diputados”.

Colocándome en el nivel de esos dirigentes, la señora que fue con el chisme fue la diputada perredista Ligia Arana y Esquivel, la misma que hace casi un año inició una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno, exigiendo la liberación del ex alcalde neo perredista Juan Ignacio García Zalvidea.

Los dirigentes no analizaron a fondo en su momento el tema de la reestructuración de la deuda, pero con un desplante autoritario sacaron a la vez el cinturón para dar una buena tunda a sus diputados.

Dudo mucho que los cuatro legisladores de Convergencia (Manuel Valencia Cardín, Joaquín González Castro, David Alvarez Cervera y Julio Rodríguez Herrera) sean unos improvisados que fueron sorprendidos al aprobar esta iniciativa del Ejecutivo sin analizarla.

En esta lógica, otros tres diputados del PRD y la petista Flor de María Palomeque Barrios (familiar de Hernán Villatoro Barrios) son culpables de alta traición a tres dirigentes, ya que aprobaron la reestructuración de la deuda.
La intolerancia y el camino cómodo de la descalificación por consigna son las grandes tentaciones que asedian a los dirigentes iluminados.

Recordemos que Carlos Vázquez Hidalgo, representante de una corriente interna del PRD, deploró una ofensiva cobarde lanzada por la dirigencia estatal del “sol azteca”, destinada a desacreditar sus acertadas propuestas electorales porque según voces anónimas “es prácticamente la misma que la del gobernador”.

“Lamentablemente, es práctica común en el PRD que cuando no se tienen argumentos para debatir se hecha mano de la descalificación adjetivada, y la mejor forma que se encuentra en la Izquierda es atribuirle al adversario supuestos nexos con el gobierno en turno”, denunció Vázquez Hidalgo, quien por instrucciones del reo Juan Ignacio García Zalvidea fue retirado como representante del PRD ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Hay de legisladores a "legisladores"


Nov
13
2006

Abismales son las diferencias entre los legisladores federales del PRI y su presunta competencia, representada por Acción Nacional y PRD. Y es que en pocos meses Sara Latife Ruíz Chávez, Eduardo Espinosa Abuxapqui y Pedro Joaquín Coldwell se han consolidado como destacados representantes de Quintana Roo con margen de maniobra nacional.

No sorprenden estos gratos resultados en el caso de los priistas, quienes son respaldados por equipos chetumaleños de prensa que difunden eficazmente sus actividades en el estado.

Algunos dirán con justa razón: ¿por qué tanto escándalo, si esa es precisamente su función? Si, pero en los últimos 13 años los quintanarroenses padecimos un ayuno legislativo a nivel federal, con intermitentes excepciones representadas recientemente por el panista Wadi Amar Shabschab y por el priista Víctor Alcérreca Sánchez.

Sara Latife y Eduardo Espinosa debutan apenas en las grandes ligas legislativas, compitiendo en equipo y ocupando un espacio ganado a pulso. Ambos son positivamente identificados en la Cámara de Diputados, generando opiniones favorables porque su afán es pro positivo y sus intervenciones en tribuna son rigurosamente sustentadas.

Cuentan que Abuxpapqui hizo un berrinche de antología porque tenía la mira puesta en la senaduría, pero poco pudo hacer ante el empuje del hijo de Nassim Joaquín Ibarra, acompañado por Ludivina Menchaca Castellanos (del Verde Ecologista), quien aprovechó las bondades del sistema de competencia para disfrazarse de senadora.

En el caso del ex gobernador Pedro Joaquín Coldwell no sorprende su dominio del área, ya que antes de ser mandatario fue diputado federal y al abandonar Quintana Roo hizo carrera en el gobierno federal y en la cúpula del PRI.

Incluso, fresco el cadáver de Luis Donaldo Colosio, su nombre fue deslizado al presidente Salinas como una de las opciones para la candidatura presidencial.

Sara Latife Ruiz Chávez y Eduardo Espinosa Abuxapqui tienen aspiraciones políticas, válidas y ampliamente justificadas. No olvidemos que las posiciones legislativas federales han sido eficaz trampolín para la gubernatura, aunque ahora los priistas tienen que reforzar su estrategia en el patio.

Con nostalgia recuerdo aquella carrera final de ensueño entre los senadores Mario Villanueva y Joaquín González Castro, cuando Roberto Coral García era líder estatal del PRI.

A fines de 1992 ambos políticos concentraban todos sus esfuerzos en Los Pinos, pasando por la complicada aduana representada por José Córdova Montoya. Ahora el escenario es muy diferente.

Pero este balance da un giro de 180 grados cuando se hace una evaluación de los “legisladores federales” José Luis Máximo García Zalvidea, Addy Joaquín Coldwell y Yolanda Garmendia.

Cuentan (esto me parece una versión exagerada) que los tres “legisladores sudan la gota gorda cuando tienen que ingresar a sus respectivos recintos legislativos, ya que nadie los conoce porque son auténticos legisladores anónimos que sólo se dedican a cobrar sus jugosas dietas.

Y en los hechos se trata de tres posiciones lanzadas a la basura, pese a que la ex priista Addy Joaquín Coldwell, quien es diputada plurinominal del PAN, inició carrera legislativa a partir de 1997, precisamente como diputada.

UN ASESINO ANDA SUELTO EN SESA

Un empleado de la Secretaría Estatal de Salud en estado de ebriedad mató hace dos años a un niño de ocho años de edad, a unos pasos de la dirigencia estatal del PRI y de la clínica del IMSS.

El sujeto iba acompañado por un responsable del área jurídica de la dirección de Seguridad Pública, quien maniobró para que el peritaje fuera favorable a ese chacal que labora en el área de almacenes de SESA.

Provocan asco estas acciones de funcionarios estatales que pisotean la ley para salvar a homicidas que disfrutan una libertad inmerecida, protegidos la justicia quintanarroense.

Y es que la dirección de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia se han confabulado para proteger a un chacal que labora sin remordimientos en la Secretaría Estatal de Salud, una dependencia encargada de salvar vidas.

Los detalles de este lamentable episodio serán dados a conocer en forma gradual, ya que tengo la certeza de que el aparato de justicia decidirá que el niño tuvo la culpa, y llegará al extremo de exigir una compensación económica al asesino llamado Rafael.

BUEN FESTIVAL EN MALAS MANOS

Y hablando de la alcaldesa, el Primer Festival Internacional de Arte Chetumal Bahía ha sido una iniciativa exitosa de Cora Amalia Castilla Madrid, quien ha demostrado que con recursos modestos y mucha creatividad y amor al sur se pueden hacer grandes proyectos que son un tanque de oxígeno para la capital del estado.

El entierro definitivo del Festival Internacional de Cultura del Caribe nos había dejado sin opciones culturales, pero la alcaldesa tomó una decisión atinada que lamentablemente no ha sido respaldada por su equipo de colaboradores.
No me consta que haya alguna especie de director o encargado de la organización de este Primer Festival. En caso negativo, considero que sería recomendable el nombramiento de un responsable de esa área que no debe permanecer acéfala.

Algo más: este domingo intenté obtener información sobre este magno Festival, y por ello visité la página web del Ayuntamiento. Y al localizar el link del “primer festival internacional de arte Chetumal Bahía” sentí que estaba en el camino correcto. Pero grande fue mi decepción al topar con pared, ya que el acceso era negado por uno de estos problemas: “la dirección no existe”, la liga está rota o desactualizada” o “el servidor no permite el acceso”.

Considero que el Ayuntamiento ha dejado escapar una valiosa oportunidad de promoción turística, tarea en la que debió participar la Secretaria estatal de Turismo, Gabriela Rodríguez Gálvez, cuyo mundo se concentra en Cancún y la Riviera Maya.

Dicen que Naéf Sáfar Téller es el director del Festival, versión que pretendo confirmar cuando tenga en mis manos la información sobre este magno evento.

GOLPEA CORA A ROSARIO

Estoy seguro que no era su intención, pero la alcaldesa chetumaleña Cora Amalia Castilla Madrid ha lanzado una dura crítica a la Secretaria de Gobierno, Rosario Ortiz Yeladaqui, a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Un promocional elaborado por el Ayuntamiento capitalino destaca que la remodelación del panteón municipal “acaba con 15 años de abandono y olvido de anteriores administraciones”.

Si partimos de 1991, en esos tiempos la alcaldesa era precisamente Rosario Ortiz Yeladaqui, quien no debe estar muy contenta por esta dura crítica lanzada “sin querer queriendo”.

VALENCIA NO QUITA EL DEDO DEL RENGLON

Manuel Valencia Cardin, presidente de la Gran Comisión del Congreso, se ha consolidado como el gran impulsor de la construcción de una clínica de especialidades que urge en el sur del estado, ya que todos los casos delicados son atendidos en Mérida cuando las familias tienen respaldo económico.

Pero cuando se trata de familias humildes el mundo se les viene encima y las muertes son inevitables, ya que en la capital del estado hay dos opciones muy limitadas: las clínicas del ISSSTE y Carranza.

La del ISSSTE es una clínica de rancho donde la muerte está presente en cada intervención quirúrgica.
Por algo Diego Rojas Zapata, ex delegado de esta institución, prefería viajar a Houston para ser intervenido, ya que conocía al monstruo por dentro.

Y la Carranza es una clínica obsoleta con cuentas pendientes con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

Lo interesante del asunto es que el gobernador Félix González Canto ha dado su respaldo a esta propuesta, apartándose de cuestiones partidistas que tanto daño nos hacen como sociedad.

Hay que destacar que los políticos y burócratas apoyan o rechazan propuestas dependiendo de la persona que las impulse. Por ello la ofensiva de Manuel Valencia no ha sido respaldada por muchos priistas.

Incluso, la alcaldesa Cora Amalia Castilla Madrid ha preferido apoyar un proyecto de la iniciativa privada que también es importante, aunque no atiende problemas sociales.

Si hacemos un estudio somero, la mayor parte de los habitantes del sur de Quintana Roo no tienen acceso a servicios médicos especializados, y las clínicas privadas se han convertido en jugosos negocios que dan gato por liebre en materia de intervenciones quirúrgicas, ya que en unas ocasiones se equivocan y en otras también.

Hendricks, declarado persona muy grata


Nov
09
2006

Aunque el Congreso del Estado declaró oficialmente persona non grata al ex gobernador Joaquín Hendricks, en los hechos, el ex mandatario ha recibido un trato excepcional de parte del Legislativo que lo ha salvado del juicio político en dos ocasiones, además de avalar proyectos polémicos que fueron en su momento considerados monumentos a la corrupción de altos vuelos.

¿Qué más puede pedir un ex gobernador que hizo de la corrupción un sello distintivo de su administración, involucrando a gran parte de su familia en el negocio de negocios representado por la gubernatura?

Sin embargo, lo que cuenta es lo oficial. Y es que la mayor parte de los diputados locales, en particular los del PAN, han cubierto la retirada de Hendricks ofreciéndole un manto protector que ha impedido que las investigaciones lleguen al fondo, lanzando en cambio juegos de pirotecnia verbal, expresión de Don Primitivo Alonso Alcocer, Presidente de la Gran Comisión del Congreso en tiempos de Mario Villanueva.

El PRD se lanza a la yugular de Joaquín Hendricks porque permitió que un alcalde llamado Juan Ignacio García Zalvidea fuera detenido a pesar de gozar de fuero constitucional, desintegrando al Ayuntamiento de Benito Juárez mediante el uso de la fuerza pública.

Y luego incorporan una lista de actos condenables que nunca fueron analizados seriamente por el Congreso. Tal es el caso del mega invernadero de Felipe Carrillo Puerto, donde conviene detenerse:

“Lo que se suponía sería un detonador importante del desarrollo agrícola de la zona maya de Quintana Roo se fue convirtiendo en un escándalo político por la utilización de créditos millonarios contraídos por el Gobierno del Estado para el complejo agroindustrial Santa Cruz, sin autorización de la X Legislatura del Congreso del Estado, comprometiendo con esto participaciones federales beneficiando así a sus amigos y socios de negocios a expensas de los ciudadanos que pagamos y seguimos pagando los caprichos y veleidades del ex gobernador”, plantearon los diputados del PRD.

Si, entendido y anotado, pero si mal no recuerdo los diputados locales formaron una comisión especial que recorrió el mega invernadero hace algunos meses. Y cuando se esperaba una ofensiva espectacular y sólida, los legisladores declararon que el proyecto era un amor, libre de toda sospecha.

En el documento también se retomaron las denuncias de juicio político que han sido interpuestas por ciudadanos, en este caso por taxistas, por la supuesta venta de manera irregular de más de 40 placas de taxi en el municipio de Benito Juárez.

OK, de acuerdo, pero si no me equivoco la Comisión de Justicia, presidida por la panista Patricia Sánchez Carillo, declaró improcedente esa y otra petición de juicio político contra el ex mandatario que está libre de toda culpa oficialmente, y esto es lo que cuenta.

Y el PRD recuperó el capítulo Hendricks-María Rubio, cuando la pareja se confrontó públicamente por el viaje de placer efectuado por el ex mandatario luego del paso del huracán Isidore, además de machacar con el tema de la deuda pública colosal y otros agravios al estado.

En fin, las acciones son las que cuentan, y estas confirman que el ex gobernador ha sido una persona muy grata, ya que ha eludido juicios políticos y sus proyectos polémicos han sido avalados en los hechos.

Diputados al servicio de un interno


Nov
08
2006

A propuesta de la bancada del PRD, la comisión de Justicia, presidida por la panista Patricia Sánchez Carrillo, aprobó un punto de acuerdo para que la mesa directiva en funciones solicite a la titular del Poder Judicial, Lizbeth Loy Song Encalada, un informe del estado que guarda el proceso judicial contra el ex alcalde de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zalvidea, dirigente formal del PRD en Quintana Roo.

El sentimiento de solidaridad puede justificarse hasta cierto punto, pero es condenable cuando se concentra tan sólo en un reo, ignorando cientos de expedientes que duermen el sueño de los justos en los laberintos del poder judicial y actos de injusticia que han golpeado a decenas de familias que perdieron toda esperanza.

Pero un sólo interno ha podido movilizar a un grupo de diputados locales que han cerrado los ojos ante las irregularidades que han caracterizado al poder judicial a lo largo de décadas. Y es que son enormes los rezagos que predominan en los dominios del Tribunal Superior de Justicia, pero estos son pequeños detalles que a nadie importan.

Ni uno sólo de los diputados quiso plantear esta pregunta a Song Encalada: ¿por qué fueron congeladas en diversos juzgados de Cancún las órdenes de aprehensión que debían ejecutarse contra la pandilla que llevó a la bancarrota al Ayuntamiento de Benito Juárez?

Por si los diputados locales lo ignoran, la malversación de recursos municipales fue una maniobra consumada por una asociación delictiva que estaba en la mira de la justicia de Quintana Roo a fines de 2005, pero que ahora duerme a pierna suelta, provocando la envidia de un recién nacido.

Según el dictamen, el punto de acuerdo propuesto por el grupo parlamentario del PRD establece que “es del dominio público que el MVZ Juan Ignacio García Zalvidea se encuentra sujeto a un proceso del orden penal ante el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del distrito Judicial de Cancún desde el mes de enero del año en curso, y dado el tiempo transcurrido al día de hoy no se ha emitido sentencia alguna al respecto, debido a que el período probatorio a decir de los promoventes del documento legislativo en estudio se ha dilatado sin justificación legal alguna en perjuicio del procesado; es decir, le han sido violadas sus garantías individuales de seguridad jurídica, pues a decir de los promoventes, dada la pena que corresponde por el delito que se imputa al procesado, éste ya debió ser sentenciado”.

¿Será este el único caso de ese tipo en Quintana Roo? Si la respuesta es positiva, el nombre de cada diputado debe ser inscrito con letras de oro en el recinto legislativo, al lado de Don Andrés Quintana Roo, Javier Rojo Gómez y el Comité Proterritorio.

Los ultra legisladores consideraron importante apoyar la solicitud planteada por el grupo parlamentario del PRD, “toda vez que será importante saber si en realidad han existido violaciones a las garantías individuales al proceso penal que se le sigue al C. Juan Ignacio García Zalvidea”.

En fin…

Por cierto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado desecharon de plano un juicio político promovido en contra del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Sergio Arturo Ramírez Mosca, pues no se encuentra dentro de los funcionarios sujetos a ese procedimiento legislativo.
Si no es Chana, es Juana.

Reacción obligada


Nov
07
2006

El gobierno de Quintana Roo, en la medida de sus posibilidades, ha hecho frente al agresivo desafío del narcotráfico que se instaló en el estado aprovechando las facilidades que le dio el gobierno federal en la década de los 90.

No olvidemos que el problema creció en Cancún al cobijo de las administraciones de Juan Ignacio García Zalvidea y Carlos Canabal Ruiz, quienes avalaron la contratación al vapor de decenas de policías procedentes de Tabasco, sin analizar sus antecedentes penales.

Además, no debemos olvidar que en su momento el PRD cuestionó la autoridad moral de García Zalvidea, cuyos nexos con el narco denunció en su momento, por supuesto, cuando el “Chacho” era candidato del Verde Ecologista a la presidencia municipal de Cancún.

Pero sus supuestos pecados se borraron por arte de magia cuando Zalvidea se pasó al bando del perredismo.
Muchos elementos ligados al narco ingresaron a la Policía Municipal de Benito Juárez, infiltrada al menos desde el período de la ex alcaldesa Magali Achach Solís.

Por ello la plaza de Cancún ha dado muchos dolores de cabeza a los tres niveles de gobierno.
Se trata de un mercado valioso para los intereses del narco, por su ubicación geográfica y por el elevado número de consumidores de cocaína.

La Secretaría Estatal de Seguridad Pública decidió intensificar su presencia en la zona norte, particularmente en Cancún, donde apenas el pasado domingo ocurrió una ejecución relacionada con el narcomenudeo.

La selección de elementos que den la batalla frontalmente, sin caer en el doble juego, es condición básica para el éxito de un combate que ha dado muchas satisfacciones a los elementos del crimen organizado.

Pedro Flota Alcocer, titular de Seguridad Pública, ha destacado la importancia de ser rigurosos en la contratación de nuevos elementos para evitar el ingreso de elementos ligados al narco.

LA PROPUESTA DE MANUEL VALENCIA

Manuel Valencia Cardín, Presidente de la Gran Comisión del Congreso, sostuvo que la redistritación que está en marcha no debe generar injusticias mayores, eliminando la representación de algunos municipios en el poder legislativo.

Opinó que el camino es una reforma urgente a la Ley Electoral y a la Constitución Política del Estado, a fin de garantizar la representación de cada municipio. Puso como ejemplo el caso de la representación de los estados en la Cámara de Diputados, que en ningún caso puede ser inferior a dos diputados de mayoría relativa.

“En este caso, deberíamos buscar mecanismos para adaptar este principio a Quintana Roo, para que la representación de un municipio no pueda ser menor a un diputado de mayoría; de lo contrario, la distritación basada en las condiciones de población y socioeconómicas de los habitantes puede llevar a situaciones discriminatorias contra la población de menores recursos”, afirmó Valencia.

Las valoraciones políticas son obligadas para evitar injusticias mayores. Sin embargo, algunos partidos de oposición pretenden aumentar el número de diputados en Cancún porque esta vía les permitirá dar el tiro de gracia al Revolucionario Institucional, ya que su presencia es limitada en Benito Juárez.

Reacción tardía contra el narcomenudeo


Nov
06
2006

La instalación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Quintana Roo, en las que participan representantes de los tres niveles de gobierno, es hasta cierto punto el reconocimiento oficial al desbordamiento de un problema que asedia a toda la sociedad quintanarroense, sea por la participación de mucha gente en el negocio de la droga o por el nivel de inseguridad que ha aumentando en varias plazas, entre ellas Cancún y Chetumal.

Unidades similares se han instalado en otras partes del país, en una nueva faceta del combate coordinado al narco menudeo, problema alimentado por las policías federales, estatales y municipales en todo el país.

Las narco ejecuciones han estado a punto de ponernos al nivel de plazas como Sinaloa, Guerrero, Tijuana, Michoacán y Tamaulipas, mientras el gobierno federal no sólo luce desconcertado, sino que es identificado como parte del problema, debido al grado de penetración del crimen organizado en las estructuras de la PGR y sus policías especializadas.

Y ahora el gobierno federal solicita el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, mientras lanza cifras alegres relacionadas con el combate al flagelo del narcotráfico, esa bestia de miles de cabezas que se multiplican sin tregua, colocando a la sociedad al borde del jaque mate.

Pero preocupa la reacción tardía del gobierno federal, ya que durante varios años se cruzó de brazos dejando que se desbordara un problema de salud y seguridad públicas, a tal grado que cientos de quintanarroenses participan en el negocio, instalando narco tiendas cuya ubicación todo mundo conoce, con taxistas que venden el alcaloide o bien con vendedores ambulantes que recorren todo tipo de bares y centros nocturnos, con el visto bueno de los propietarios de esos negocios.

No sabemos si es demasiado tarde, ya que el narco menudeo es una industria fortalecida, alimentada por cientos de elementos que se desempeñan como agentes dobles.

El problema no estaba desbordado en la década de los 90, pese al golpe espectacular lanzado por el gobierno federal con el simple objetivo de demoler al gobernador Mario Villanueva en el ocaso de su mandato.

Pero en forma gradual el problema fue creciendo, hasta convertir a Quintana Roo en un centro de operaciones que moviliza a miles de quintanarroenses, muchos de ellos menores de edad.

A estas alturas Quintana Roo es una plaza disputada por tres cárteles, con presencia en Cancún, Chetumal y sus alrededores.

ALGO HUELE MAL EN LA DIRECCION DE SALUD

La difusión de escenas crueles, que atentan contra los derechos animales en la perrera municipal de Othón P. Blanco, ha sacudido a la estructura burocrática en la dirección de salud municipal, cuyo titular, Gaspar Rey Villanueva, tuvo que abandonar el puesto por su falta de capacidad y extrema indolencia.

Cientos de perros han sido eliminados con métodos prohibidos en cachorros (a ellos se les debe aplicar una inyección), ya que les aplicaban descargas eléctricas a discreción, sin atender las especificaciones en la materia y provocando un sufrimiento excesivo en los cachorros.

Además, algunos regidores por fin atendieron sus tareas, ya que efectuaron un recorrido por la perrera municipal, montándose en el escándalo. Descubrirían un espectáculo espeluznante, digno de una pesadilla en la calle del infierno, con animales en estado de putrefacción que son un foco de infección para el grupo de trabajadores que labora a un costado del basurero cercano a Calderitas.

Supongo que algunos regidores participan en la comisión de salud. Pero en caso de que no exista esta comisión, el problema debió ser atendido por el Secretario del Ayuntamiento, Angel Rivero Palomo.

Lo cierto es que el Ayuntamiento no puede permitir que las cosas anden tan mal un municipio presumido como el “diamante del sur”, caracterizado como “municipio limpio”.

¿EXTIRPARAN A ZALVIDEA?

En pocas entidades el PRD ha llegado a niveles extremos de desprestigio, como ha ocurrido con ese partido en Quintana Roo a partir de la década de los 90. Sin embargo, extirpar el tumor llamado Juan Ignacio García Zalvidea (dirigente estatal del PRD) puede ser un movimiento insuficiente en caso de que no se haga una limpieza generalizada en ese instituto que perdió la brújula y los principios morales.

En los próximos días podría decidirse la exclusión de García Zalvidea de la dirigencia estatal del “sol azteca”, ya que un reo de esas características no puede desempeñarse como presidente estatal de un partido, aunque la burocracia del PRD recurra a todo tipo de recursos, como calificarlo como preso político.

La eliminación de grupos que han lucrado con la representación del PRD en Quintana Roo es paso obligado para recuperar un partido que ha dependido del voto duro y de la postulación de figuras populares con alto poder adquisitivo, entre ellas el empresario radiofónico Gastón Alegre López y Juan Ignacio García Zalvidea, quien impuso como senador a su hermano José Luis Máximo, quien no tiene la menor idea de significado del término senador, ya que lo identifica con la asimilación de salbutes y buenos vinos.

La crisis no es exclusiva del PRD, ya que se ha manifestado en el resto de los partidos. Sin embargo, el resto de las fuerzas políticas ha sido salvado por sus legisladores federales y estatales.

CRITERIOS PARA LA REDISTRITACION

Carlos Vázquez Hidalgo, coordinador estatal del Frente Democrático Sur (Fedesur), nos hizo llegar un estudio interesante, relacionado con los criterios que se adoptarán para efectuar la redistritación.

Precisa: “En los trabajos de redistritación, la Comisión de Organización del IEQROO tenia que tomar decisiones muy importantes para la concreción de dichos trabajos, y mencionamos, en forma muy general, que una de esas decisiones era la de decidir qué base de datos poblacional habría de ser usada: el Censo de Población 2000 o el Conteo de Población 2005”.

Añade: “De acuerdo al Conteo de Población realizado por el INEGI en octubre de 2005, la población del estado creció 30% en 5 años, siendo los municipios con mayor crecimiento Solidaridad (113%), Benito Juárez (36%) y Cozumel (22%). Al ser tan grande el crecimiento en términos generales, pero muy dispar en algunos municipios, el usar una u otra información puede modificar sustancialmente el resultado de la distritación final.

Destaca que “no está de más recalcar nuevamente que para utilizar el Censo o el Conteo, primero se debe de analizar el grado de certeza y confiabilidad que tiene cada uno de estos instrumentos, toda vez que uno de los principios rectores de la función electoral es el de la certeza, y más en este caso, cuando lo que está en juego es la integración de la representación popular en el Congreso del Estado”.

Destaca que un dato más que nos llama la atención en cuanto a la confiabilidad de los resultados del Conteo de Población es cuando comparamos la población total con el padrón electoral.

Como es sabido –continúa–, en el conteo de población se registran a todos los habitantes desde 0 hasta el máximo de años que se reporten. En cambio, en el Padrón Electoral del IFE se registran a las personas que habiendo cumplido 18 años, acuden a registrarse en dicho padrón. Es obvio que el padrón electoral siempre será menor que el número de habitantes toda vez que en el no están registrados las personas que tienen de 0 a 17 años de edad.

Pero tampoco podemos asegurar que el Padrón sea igual al número de habitantes registrados de 18 y más años, toda vez que existirán personas que por una u otra razón no se registran en el padrón.

Y remata: “Lo que si no puede suceder, porque sería ilógico, es que en el padrón hubiera más personas registradas que los habitantes de 18 años y más. Aunque quizá si pudiera suceder, por los ciudadanos que cambian de domicilio y no se dan de baja en el padrón, siempre y cuando todos estuvieran empadronados, o después de compensar los que no lo están”.

Otro año para los alcaldes


Nov
02
2006

Sin duda la propuesta más interesante que presentó el PAN para reformar la ley electoral es la relacionada con el aumento de tres a cuatro años en el período de los presidentes municipales, medida que tiene como objetivos concretos entregar más tiempo a los alcaldes para que aterricen sus proyectos, además de dar una tregua electoral al ciudadano.

Acción Nacional propone una “reforma a la duración del ejercicio constitucional de los ayuntamientos, pasando de tres a cuatro años; y reforma en la fecha de inicio de su ejercicio constitucional. En esté sentido se propone que el periodo de ejercicio constitucional de los ayuntamientos se aumente de tres a cuatro años”.

Según Carlos Vázquez Hidalgo, coordinador de una corriente interna del PRD, “el desfasar las elecciones de diputados y gobernador con la de ayuntamientos traería en consecuencia que en un año habría las tres elecciones (2008), al siguiente sólo 2 elecciones diputados y gobernador (2011) y al siguiente año una sola elección de ayuntamientos (2012).

Prosigue Vázquez Hidalgo: “En 2014 sólo serían electos diputados, a los dos años elección de ayuntamientos (2016) y al año siguiente habría elección para diputados y gobernador (2017), y sería hasta 2020 cuando volvieran a concurrir las tres elecciones. Esto sin tomar en cuenta las elecciones federales”.

Sin necesidad de dar un año adicional a los alcaldes, una medida acertada sería la reelección, meta que obligaría a los alcaldes a dar el extra en los primeros tres años de administración, período suficiente para conocer los alcances del político en cuestión.

Un buen alcalde sin duda estaría en condiciones de reelegirse, como pudo ser el caso de Eduardo Espinosa Abuxapqui en Othón P. Blanco. Pero en el lado contrario ubicaríamos a Paulino Adame Torres (Isla Mujeres) y a Juan Ignacio García Zalvidea (Benito Juárez).

También el PAN propone que “la fecha de instalación o toma de posesión del ayuntamiento se cambie del 10 de abril del año de su elección al primer día del mes de enero del año posterior al de su elección”.

Vázquez Hidalgo pregunta: “No sabemos si sólo se plantea el cambio en la fecha de toma de posesión, que nos parece correcto que inicie con el año fiscal, o si también se cambia la fecha de la eleccion y para cuando. Por un lado se propone homologarla con la elección federal, es decir en julio, lo que implicaría que transcurrirían seis largos meses para la toma de posesión. Si no se modifica y se sigue realizando en febrero estaría peor, porque entonces serían once meses”.

Añade: “Y si se propone cambiar la fecha, digamos para octubre pues aparte del desfase de las tres elecciones locales, tendríamos en un momento dado elecciones en julio y seguidamente en octubre, como sucede en algunos estados de la República, y entonces lo que se señala al final como justificante para homologar las elecciones no tendría sentido”.

Iniciar un período el primero de enero es una opción práctica, tomando en cuenta que el presidente municipal toma posesión el 10 de abril, cuando gran parte del presupuesto ya fue ejercido o se encuentra comprometido.
Sin embargo, debe ser afinada la propuesta para que sea debatida por representantes de partidos políticos y por la sociedad.

¿Parirá la abuela?


Nov
01
2006

Ya éramos muchos y parió la abuela. Así podría ser recibida la decisión de aumentar distritos electorales en Quintana Roo, ya que la mayor parte de los 25 diputados locales (15 de mayoría y 10 de representación proporcional) no ha justificado su estancia en la sede del poder legislativo, por falta de capacidad o por simple negligencia.

Por algo los legisladores de todos los niveles tienen una mala fama ganada a pulso, ya que en teoría representan a un porcentaje de quintanarroenses pero a la hora decisiva esta representación es letra muerta, ya que el diputado prefiere negociar por su cuenta, atendiendo las instrucciones de su jefe inmediato, sea el Secretario de Gobierno, el emisario del Ejecutivo o el dirigente estatal de su partido.

Muchos sólo llegan a calentar el asiento, levantando el dedo sin tener una idea de lo que están aprobando. Sus dietas son un enorme desperdicio.

La redistritación impulsada por el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) tiene por objetivo equilibrar los porcentajes de representación de los distritos porque hay una integración inadecuada, producto del desigual crecimiento poblacional que otorga ventajas a Benito Juárez y a Solidaridad y afecta a Othón P. Blanco y a otras zonas rurales y turísticas, como Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.

También se dice que el municipio de Othón P. Blanco debe perder al menos tres distritos electorales, ya que está sobre representado. Incluso, afirman que los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto deben compartir diputado. Es más: el municipio de Lázaro Cárdenas debe lanzar a su diputado por la borda.
La actual conformación de los distritos ha sido satanizada por algunos representantes partidistas que pretenden aumentar en un 100 por ciento el número de distritos en Benito Juárez.

Es una injusticia que Othón P. Blanco tenga más distritos que Benito Juárez, gritan fuera de control, naturalmente lejos del alcance de los medios de comunicación. Pero ya en entrevista declaran que lo recomendable es aguardar el resultado de los trabajos de redistritación.

Veo en la actual conformación de los distritos una deficiencia en términos numéricos, pero también hay una especie de candado que evita una injusticia mayor.

En concreto, es saludable que los ocho municipios estén representados en el Congreso, ya que se da voz (naturalmente en el terreno de la teoría) a los habitantes de todas las demarcaciones sin excepción.

Incluso, en el caso de Othón P. Blanco, la existencia de dos distritos 100 por ciento rurales (el cuarto y el quinto) hace posible que se rompa el monopolio político de la capital del estado. Por esa vía han llegado al Congreso diputados de la rivera del Río Hondo y de Bacalar.

Por otra parte, algunos líderes partidistas se desgarran las vestiduras afirmando que Cancún está sub representado. Esto es falso si se toma en cuenta que la mayor parte de las diputaciones plurinominales ha sido ocupada por elementos procedentes de ese polo turístico.

Basado en una interpretación parcial, el PRD pretende aumentar significativamente el número de distritos en Benito Juárez. Su objetivo es dar un golpe contundente al Revolucionario Institucional, partido que ha perdido plaza tras plaza en las últimas contiendas locales, aunque en febrero de 2002 obtuvo “carro completo” a nivel de distritos.
Considero que los ocho municipios deben estar representados, aunque este criterio no sea avalado por criterios legales, técnicos y políticos.

Y en cuanto a las diputaciones plurinominales, se debe garantizar el acceso a figuras procedentes de Nicolás Bravo (rumbo a Campeche), la Presumida (José María Morelos) y Alfredo V. Bonfil, en Cancún.
Sólo así las minorías estarán efectivamente representadas en el Congreso.

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