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Diputados al servicio de un interno


Nov
08
2006

A propuesta de la bancada del PRD, la comisión de Justicia, presidida por la panista Patricia Sánchez Carrillo, aprobó un punto de acuerdo para que la mesa directiva en funciones solicite a la titular del Poder Judicial, Lizbeth Loy Song Encalada, un informe del estado que guarda el proceso judicial contra el ex alcalde de Benito Juárez, Juan Ignacio García Zalvidea, dirigente formal del PRD en Quintana Roo.

El sentimiento de solidaridad puede justificarse hasta cierto punto, pero es condenable cuando se concentra tan sólo en un reo, ignorando cientos de expedientes que duermen el sueño de los justos en los laberintos del poder judicial y actos de injusticia que han golpeado a decenas de familias que perdieron toda esperanza.

Pero un sólo interno ha podido movilizar a un grupo de diputados locales que han cerrado los ojos ante las irregularidades que han caracterizado al poder judicial a lo largo de décadas. Y es que son enormes los rezagos que predominan en los dominios del Tribunal Superior de Justicia, pero estos son pequeños detalles que a nadie importan.

Ni uno sólo de los diputados quiso plantear esta pregunta a Song Encalada: ¿por qué fueron congeladas en diversos juzgados de Cancún las órdenes de aprehensión que debían ejecutarse contra la pandilla que llevó a la bancarrota al Ayuntamiento de Benito Juárez?

Por si los diputados locales lo ignoran, la malversación de recursos municipales fue una maniobra consumada por una asociación delictiva que estaba en la mira de la justicia de Quintana Roo a fines de 2005, pero que ahora duerme a pierna suelta, provocando la envidia de un recién nacido.

Según el dictamen, el punto de acuerdo propuesto por el grupo parlamentario del PRD establece que “es del dominio público que el MVZ Juan Ignacio García Zalvidea se encuentra sujeto a un proceso del orden penal ante el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia del distrito Judicial de Cancún desde el mes de enero del año en curso, y dado el tiempo transcurrido al día de hoy no se ha emitido sentencia alguna al respecto, debido a que el período probatorio a decir de los promoventes del documento legislativo en estudio se ha dilatado sin justificación legal alguna en perjuicio del procesado; es decir, le han sido violadas sus garantías individuales de seguridad jurídica, pues a decir de los promoventes, dada la pena que corresponde por el delito que se imputa al procesado, éste ya debió ser sentenciado”.

¿Será este el único caso de ese tipo en Quintana Roo? Si la respuesta es positiva, el nombre de cada diputado debe ser inscrito con letras de oro en el recinto legislativo, al lado de Don Andrés Quintana Roo, Javier Rojo Gómez y el Comité Proterritorio.

Los ultra legisladores consideraron importante apoyar la solicitud planteada por el grupo parlamentario del PRD, “toda vez que será importante saber si en realidad han existido violaciones a las garantías individuales al proceso penal que se le sigue al C. Juan Ignacio García Zalvidea”.

En fin…

Por cierto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado desecharon de plano un juicio político promovido en contra del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Sergio Arturo Ramírez Mosca, pues no se encuentra dentro de los funcionarios sujetos a ese procedimiento legislativo.
Si no es Chana, es Juana.



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