Pero sobre todo el arribo de Calderón es una buena noticia porque está obligado a no repetir la mala política de su antecesor Vicente Fox, impulsando en cambio un trato más equitativo a las entidades, sin privilegiar la filiación partidista de sus gobiernos.

Fresco en nuestra memoria permanece el trato desigual que Fox dio a Quintana Roo cuando fue afectado por los huracanes Isidore y Wilma, mientras el Yucatán blanquiazul recibía recursos a manos llenas, sólo por el hecho de mantener su fidelidad al PAN.

No debemos olvidar que Quintana Roo se sumó a las entidades que abrazaron con entusiasmo la causa del peje en rebeldía, y por ello el michoacano está obligado a lanzar mucha política positiva a esas entidades que rechazaron su oferta electoral.

Y este ascenso en particular beneficia a Gustavo Ortega Joaquín, alcalde de Cozumel que tiene la mira puesta en el próximo proceso local de 2011, cuando estará en juego la gubernatura.

Por encima de José Hadad Estéfano (presidente estatal del PAN), Ortega Joaquín es el principal interlocutor de Calderón, quien como dirigente nacional del PAN tuvo el pulso de su partido en Quintana Roo, a tal grado que decidió la desaparición del Comité Directivo Estatal para dar paso a una delegación provisional en 1998 y 1999, cuando se afinaba el relevo del gobernador Mario Villanueva.

Como podrá recordarse, Calderón expulsó de la dirigencia estatal del PAN al cozumeleño José Ynés Peraza Azueta, quien según algunos de sus correligionarios tenía estrechos nexos con el gobernador Villanueva.

Las rejas no matan
Al menos no matan el optimismo del ingeniero Mario Villanueva, quien hizo llegar a este columnista una carta que es fruto de su puño y letra. Reproduzco tres párrafos que no afectarán su proceso político, disfrazado de judicial:
“Por ahora nos vamos encaminando hacia el final de la jornada jurídica en la espera de la sentencia que habrá de llevar tiempo porque el expediente es muy voluminoso, pero al fin, ya vamos por menos, Javier”.

“El proceso se ha alargado por mucho tiempo indebidamente, pues las acusaciones carecen de sustento y se tienen las pruebas suficientes para aclararlas. Sin embargo, éste es parte del problema: si todo se aclara obtengo mi libertad y quedarían muy mal quienes fabricaron el expediente y desde sus altos cargos en la Procuraduría General de la República continúan por ello maniobrando en mi contra”.

“Si no fuera porque las acusaciones en mi contra me tienen en este “mi hotelito”, podría decirte que por lo inverosímiles y poco serias, dichas acusaciones causarían risa. Sin embargo, la realidad es diferente aunque esa misma realidad me hace ver el futuro con optimismo”.

Y culmina: “El siguiente paso es la sentencia, y sólo torciendo la ley, sólo yendo contra derecho, evitarían darme la libertad; el paso que sigue requiere saber esperar, pero como te digo, Javier, ya vamos por menos”.

En lo personal estoy convencido de que Mario Villanueva fue víctima de una conjura destinada a destruirlo moral, financiera y físicamente, por decisión del entonces presidente Ernesto Zedillo.

Lamentablemente el tiempo ha puesto a cada quien en su lugar, ya que para un gobernante los amigos sólo duran un sexenio y los enemigos toda la vida.

En Quintana Roo hemos tenido tres grandes excepciones: el gobernador Félix Arturo González Canto, Manuel Valencia Cardín (presidente de la Gran Comisión del Congreso) y el ombudsman Gaspar Armando García Torres.

Los tres han dado muestras de una gran calidad moral, ya que han dado la dimensión real al caso Villanueva, reivindicado por González Canto cuando se conmemoró el 32 aniversario de la conversión de Quintana Roo de Territorio a Estado.

En cambio, el ex gobernador Joaquín Hendricks le dio la espalda a su antecesor, quien impulsó todo el operativo para instalarlo en la silla mayor, derrumbando la inminente candidatura de Addy Joaquín Coldwell, favorita de Zedillo.

Maestros golpeadores

El deficiente manejo del caso de un profesor de educación física que golpeó a una menor de edad en Chetumal ha puesto en evidencia de nuevo a la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC) y a un sindicato magisterial que se ha limitado a defender a su gremio, dando una y otra puñalada a la sociedad que los mantiene.

La Procuraduría de Justicia del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos deben tomar este lamentable caso con mucha seriedad, ya que hay la consigna de encubrir a ese seudo profesor que dio una bofetada a una niña de 10 años de edad.

No hay que olvidar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene en sus archivos un voluminoso expediente de profesores que han agredido a alumnos y alumnas, aunque muchos casos no son denunciados por temor a represalias, o simplemente porque no ignoran que la justicia es terreno prohibido en nuestro país.

En algunos casos se trata de violaciones o de acoso sexual, de profesor a alumna o de profesor a alumno.
Por cierto, en demanda de un bono inmerecido, los profesores paralizarán actividades este lunes, como si el país no estuviera harto del caso Oaxaca.