El Congreso del Estado, no controlado ahora por el PRI, nos ha prometido que ahora serán tomadas en cuenta las propuestas ciudadanas que en realidad no aportan nada novedoso, aunque son una amenaza para los partidos políticos cuyas cúpulas nada quieren saber de candidaturas independientes, reducción drástica del financiamiento público y castigos ejemplares para quienes abran las puertas al dinero sucio y gasten más de lo permitido.

En cambio, los dirigentes estatales del PAN, PRD y Convergencia proponen aumentar una semana el período de campañas y dar manga ancha al surgimiento de agrupaciones políticas estatales, incluyendo un borrón y cuenta nueva en todo lo relacionado con los excesos de los partidos.

Es hasta cierto punto comprensible que los dirigentes de la mayor parte de los partidos intenten convertir los frutos de la reforma electoral en triunfos rotundos para sus causas compartidas, ya que tales institutos son en los hechos simples dependencias políticas que giran en la órbita financiera del gobierno del estado.

Sin embargo, sus intereses han impedido una y otra vez el éxito de este tipo de reformas que han sido anunciadas como definitivas, destinadas a garantizar equidad y juego limpio.

En el encuentro de hoy Manuel Valencia Cardín, Presidente de la Gran Comisión del Congreso, expresó que “la actual forma de legislar con la sociedad garantiza leyes consensuadas y de beneficio para los quintanarroenses, lo que se traduce en mayor credibilidad en los procesos electorales y legitimidad a los vencedores en las contiendas”.

“Buscamos enriquecer la propuesta que han presentado los partidos políticos con la opinión de los abogados, representantes de sectores y en general de toda la ciudadanía, para tener como resultado una ley electoral que permita igualdad de condiciones a todos los partidos políticos”, destacó.

Por su parte, Ramón Humberto González Reyes, comentarista del programa radiofónico Desde el Café, elaboró propuestas certeras que en caso de ser atendidas podrían reforzar la columna vertebral de dicha ley, aunque golpea frontalmente los privilegios de los partidos que pretenden seguir viviendo de la democracia.

Destacó: “El incremento del financiamiento público por concepto de surgimiento de nuevas agrupaciones políticas gravita y afecta recursos que deben aplicarse al gasto social para disminuir la marginación, pobreza extrema, inseguridad, limitaciones en la salud y educación”.

De ahí se desprende la necesidad de que los partidos dejen de ser parásitos del contribuyente para que se conviertan en instituciones autosuficientes, capaces de obtener sus propios recursos vía financiamiento privado, como ocurre en otros países.

La reforma electoral debe ser acompañada por la adopción de nuevas reglas de transparencia, rendición de cuentas, democratización y fortalecimiento de los partidos como institutos ejemplares.

Contar con institutos de esta naturaleza sería un gran paso hacia una reforma política de altos vuelos, aunque los pequeños dirigentes de tales partidos están concentrados en su lucrativo negocio.