Algunas figuras de Convergencia y del PRI se apuntaron tantos decisivos en medio de una ola de descalificaciones, hasta que el Tribunal emitió una recomendación certera que debió ser presentada hace algunos meses.

En cambio, quedaron en evidencia panistas y perredistas que defendían contra viento y marea un proceso de redistribución de distritos que les daba aparentes ventajas electorales en el norte del estado, particularmente en el municipio de Benito Juárez.

Los representantes de tales fuerzas partidistas, secundados por William Souza Calderón (figura decorativa en la dirigencia estatal de Convergencia), cerraron los ojos ante el riesgo representado por la culminación de un proceso basado en la cartografía del Instituto Federal Electoral (IFE).

Para esos sujetos el proceso de redistritación no tenía la menor relación con una defensa de la integridad territorial que no les preocupa ni siquiera por accidente, ya que su prioridad se encuentra en el norte, atractivo porque ahí se concentra gran parte de la población y porque es definitivo para el control del poder legislativo.

Sin embargo, la dirigencia oficial de Convergencia cometió otro error imperdonable al respaldar una causa negativa que no le generaba ventajas electorales.

La imagen de ese partido fue salvada por otros líderes que militan en ese partido: Luis Ramón Villanueva García (presidente del Comité Pro Defensa Limítrofe), Manuel Valencia Cardín (Presidente de la Gran Comisión del Congreso) y Francisco Torres Llanes, dirigente del partido naranja en el municipio de Othón P. Blanco.

Lo positivo del caso es que el accidentado proceso de redistritación puso de nuevo sobre la mesa el tema del conflicto limítrofe que ha sido sepultado en los dominios de un Senado de la República que prefiere eludir este tipo de expedientes que tienen una carga política y social explosiva.

Los representantes de todas las fuerzas políticas deben cerrar filas para solicitarle al Senado que se concentre en un expediente que durante años estuvo en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual decidió soltar esa papa caliente para no ser atrapada en una vorágine política.

Los senadores Pedro Joaquín Coldwell, Ludivina Menchaca Castellanos y José Luis Máximo García Zalvidea están obligados a seguir de cerca ese proceso en el Senado, aunque llegado el momento no puedan formar parte de la comisión que se encargará teóricamente de encontrar una salida al conflicto.

La mayor responsabilidad la tiene el ex gobernador Coldwell, quien a diferencia de sus compañeros puede moverse como pez en el agua, con pleno conocimiento del tema.

Relevo en la UNID Chetumal

Confrontado con gran parte del plantel, Luis Miguel García de Alba fue removido finalmente de la dirección de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), sede Chetumal; al nuevo director le darán posesión la próxima semana, según el reporte de un grupo de estudiantes que lanzaron las campanas al vuelo al recibir la noticia.

Y hablando de ascensos políticos, Luis García Silva tomará este miércoles posesión como presidente del Instituto Político Empresarial del PRI local, teniendo como invitado de honor al gobernador Félix González Canto. Será el evento político del día.