Como se sabe, permanece dormido en la Comisión de Salud, Educación, Cultura y Deportes del Congreso del Estado un ante proyecto de iniciativa para la creación de una Comisión de Arbitraje con nuevas reglas, para que responda a los intereses de la sociedad y no de un puñado de galenos y equipo auxiliar.

Una Comisión fortalecida es la mayor protección para los profesionales de la medicina a quienes injustamente se responsabiliza de negligencia, cuando las causas pueden ser atribuibles a complicaciones provocadas por la tardía intervención de los galenos o por el deficiente equipo en los hospitales.

Sin embargo, los galenos agrupados en asociaciones y colegios han bloqueado una Comisión de esta naturaleza, proponiendo que funcione como una instancia para conciliar los intereses de los médicos y los familiares del difunto, sin que se permita el acceso a la justicia.

Recientemente agentes de la Policía Judicial del Estado detuvieron en la capital del estado a Erika Gutiérrez Izquierdo, a quien se acusa de los delitos de homicidio culposo y responsabilidad técnica y profesional por la muerte de la paciente Lidia Contreras Tun, ocurrida el 11 de agosto de 2005.

Nicolás Villamil Isté, quien vivía en unión libre con Lidia Contreras, explicó: “Ella fallece por una negligencia de los médicos del hospital, pues a mi esposa nunca le detectaron que el bebé que esperábamos ya había muerto 24 horas antes del chequeo médico; aún así la dan de alta y la envían a casa, en donde doce horas después muere a causa de una grave infección generalizada en su cuerpo”.

Según los resultados de la autopsia hechos por la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Lidia Contreras Tun y su bebé murieron a causa de muerte intrauterina debida a un sufrimiento fetal agudo causado por una severa infección producida por el grado de descomposición y presencia de cambios cadavéricos tardíos en el producto de la concepción.

La médica fue dejada en libertad y sigue laborando en la Clínica Carranza, pero el proceso en su contra sigue. Y las dudas están ahí, justa o injustamente.

No es la primera vez que los galenos son privados de la libertad en Chetumal. A mediados de la década de los 90 elementos de la PGR detuvieron a tres médicos en sus centros de trabajo (uno de ellos en la Secretaría Estatal de Salud), señalados como responsables de negligencia a su paso por el IMSS.

Recuerdo que decenas de sus colegas marcharon por la avenida de los Héroes, manifestándose con mucha energía en Palacio de Gobierno. Algunos expusieron que los médicos que permanecían en el Cereso eran naturalmente inocentes, y atribuyeron la mala intervención médica a la falta de equipo en las clínicas, comenzando naturalmente por la del ISSSTE.

El tiempo se le agota al diputado panista Juan Manuel Chang Medina, titular de dicha Comisión de Salud. Y es que hasta ahora no hay indicios de que se intente dar los pasos necesarios para crear el equivalente estatal de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

De hecho, debido a su falta de resultados, no tengo la certeza de que esa Comisión de Salud del Congreso siga activa. Tal vez fue eliminada al inicio de esta Legislatura para dar espacio a otra Comisión más estratégica, como sería la de Café y Galletas de nimalitos.

Diputados y galenos deben abrir de nuevo la discusión relacionada con el prioritario nacimiento de una Comisión de Arbitraje cuya fortaleza profesional aclare los casos de negligencia, evitando que paguen justos por pecadores. Se trata literalmente de un asunto de vida o muerte.