Hablamos de recursos anuales del orden de los 213 millones de pesos que han quedado en manos del Fideicomiso de Promoción Turística de los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco.

Presentada por los diputados Manuel Valencia Cardín y David Alvarez Cervera, la iniciativa destaca que “dentro de la evaluación de la aplicación de este tributo ha sido latente la inquietud social en el sentido de que resulta contradictorio, por no decir injusto, que la recaudación por concepto del impuesto al hospedaje se destine en su totalidad a subvencionar el financiamiento que debería aportar la iniciativa privada para publicitar y promocionar una actividad que le redunda grandes ganancias directas para sus propios negocios”.

En cambio, subraya que “la capacidad financiera del Estado resulta insuficiente para abatir los graves rezagos en infraestructura social que existen en los propios destinos turísticos, así como para incorporar de manera equilibrada al desarrollo a otras regiones con demandas ancestrales”.

Menciona el caso de la “Provincia Maya” (como se le conoce en los planes de promoción turística a esa región en la que se asienta la etnia maya de Quintana Roo), “a la que únicamente se le tienen asignados para este año 5 millones de pesos para el desarrollo de las comunidades indígenas”.

Añade que “la contradictoria realidad de la etnia maya se profundiza ante la visión contrastante que presenta el desarrollo del sector turístico, que coloca a Quintana Roo como una de las entidades de mayor dinamismo y de más alto potencial de México, mientras en la zona maya no se han multiplicado las oportunidades de bienestar ni sus posibilidades de desarrollo equitativo”.

Como se sabe, a lo largo de los años los sectores público y privado han explotado a placer la riqueza de una cultura maya que no ha recibido grandes beneficios, sobre todo de un sector empresarial que mayoritariamente desprecia a los mayas vivos.

Un ejemplo es representado por las grandes oleadas de trabajadores de la industria de la construcción procedentes de Chiapas, Yucatán y algunas zonas de Quintana Roo, quienes en condiciones adversas se desenvuelven en el paraíso del Caribe.

Y mientras el sector empresarial es beneficiado por completo, son evidentes los pendientes sociales en las zonas indígenas que deben ser beneficiadas por esta gran derrama de recursos captados del impuesto al hospedaje y por la concesión de derechos de usufructo en tiempo compartido.

No debemos olvidar que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se apodera del 100 por ciento de los ingresos generados por quienes visitan la zona arqueológica de Tulum, la segunda más frecuentada a nivel nacional, después de Teotihuacan.

Y ni un solo peso es devuelto a las comunidades mayas, al menos en el caso de Quintana Roo.