La comunidad universitaria, representada por el Rector José Luis Pech Várguez, catedráticos y alumnos, ha preferido eludir una confrontación jurídica con Cecilia Loría Marín, Secretaria Técnica del gobierno del estado que a su paso por la Secretaría de Educación y Cultura (Seyc) acribilló a placer a esa máxima casa de estudios, complicándole particularmente la existencia al Rector Efraín Villanueva Arcos.

Renunciar a una defensa judicial amparada en la razón es a todas luces un desacierto, tomando en cuenta que la casa de estudios tiene abogados de sobra para dar seguimiento a un proceso sinuoso.

A muchos ha sorprendido la postura adoptada por el Rector José Luis Pech Várguez, quien prefirió eludir una batalla jurídica con el argumento de que habían aceptado a cambio otro predio y algunos millones aportados por el gobierno del estado.

En apariencia el arreglo es ventajoso para la Uqroo, pero han quedado en el aire muchos aspectos nebulosos que deben ser precisados por salud pública.

La Uqroo ha sido una casa de estudios muy castigada desde que dio sus primeros pasos, ya que su primer Rector, Enrique Carrillo Barriosgómez, fue expulsado de Quintana Roo al inicio del gobierno de Mario Villanueva, quien colocó al frente a un elemento que había descalificado el proyecto universitario: Luis Enrique Peña Alba.

Luego Efraín Villanueva no podría evitar la amputación del proyecto original, ya que la instalación del Campus en Cancún fue desechada, para dar paso a la creación de la Universidad del Caribe, precisamente cuando Cecilia Loría estaba al frente de la Seyc.

Además, no hay que olvidar que la Uqroo tiene antecedentes negativos, alimentados sobre todo durante la gestión inconclusa de Francisco Rosado May, quien tuvo que soportar los embates de un sector de catedráticos que finalmente hicieron posible la caída del descendiente del General Francisco May.

Ha sido una racha de fracasos enormes que sería coronada con el despojo de un valioso patrimonio universitario, con el visto bueno de su Rector.

Batalla en nido águila

Los diputados convergentes Manuel Valencia Cardín y David Alvarez Cervera pasaron de nuevo a la ofensiva contra Rubén Darío Rodríguez García, delegado especial de la dirigencia nacional de Convergencia que se desempeña como asesor de Gabriel Mendicuti Loría, titular de Infraestructura y Transporte (Sintra).

Ambos legisladores presentaron una denuncia ante la Contraloría de Gobierno, por probables actos constitutivos de responsabilidad administrativa que habrían sido cometidos por el representante del CEN de Convergencia.

En su denuncia precisaron que “durante el tiempo en que Rodríguez García se desempeñó como asesor adscrito al despacho del titular de la Sintra, también se encontraba desarrollando actividades partidistas con fines electorales, hechos que pueden constituir conductas irregulares en el servicio público previstas en las fracciones I, II, IV, XI, XII, XXII, XXVI del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que dichas conductas ameritan ser investigadas por la Secretaría de la Contraloría para determinar las responsabilidades e imponer las sanciones que en su caso procedan conforme a derecho”.