El diputado priista Pedro Pablo Poot Ek será el encargado de contestar el cuarto informe del gobernador Félix González Canto, en un formato novedoso que deja al Ejecutivo la opción de acudir o no al Congreso, ya que lo esencial es la entrega del documento que debe ser analizado a conciencia por los 25 diputados.
El legislador de la zona maya fue electo por unanimidad como presidente de la mesa directiva, y esta votación anuncia la apertura del período ordinario del segundo año en una Legislatura dominada por el PRI.
La ausencia del gobernador puede darle menos categoría al evento en términos de impacto político. Basta recordar el último informe de Mario Villanueva, quien asediado por los doberman del gobierno federal lanzó un mensaje incendiario en el Congreso contra el presidente Ernesto Zedillo, consciente de que ya era hombre sentenciado.
Recordemos también el último informe de Joaquín Hendricks, quien de todos modos hizo historia con su ausencia, ya que decidió eludir las minas opositoras, advertido de que sería vapuleado verbal y hasta físicamente.
Hendricks no ignoraba que la ofensiva prometida tenía justificación y podía ser dolorosa en realidad, ya que por primera vez en la historia el partido que lo llevó al poder no tenía el control del Legislativo, lo que fue en principio una mala noticia para Efraín Villanueva Arcos, quien tuvo que conformarse con ser coordinador de la mayoría priísta.
Al final Pedro Flota Alcocer, Secretario de Gobierno, se encargó de entregar el informe por escrito, saliendo vivo de lo que amenazaba con convertirse en circo romano.
Ahora ha sido modificado el artículo 66 de nuestra Constitución Política, dando al Ejecutivo la opción de que acuda o no al Congreso local, como ocurre a nivel federal.
En cuanto al análisis del informe, los diputados irán convocando a los secretarios para que aclaren dudas y abunden en torno a aspectos polémicos o llamativos, de esos que nunca faltan. Y lo harán “bajo protesta de decir verdad”, como establece tal reforma impulsada en el anterior período extraordinario.
La iniciativa que generó esta reforma fue presentada por el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Luis González Flores, quien precisó en la exposición de motivos que con ello se pretende generar condiciones más propicias para que los diputados tengan mayores elementos de información en forma directa con relación al informe que presente el mandatario estatal, así como tener a su disposición documentos adicionales.
Niños que trabajan
Un dictamen de la Cámara de Diputados, publicado por el Universal, revela que trabajan en México cuando menos 3 millones 300 mil menores de edad, de entre seis y 14 años.
El informe no descubre el hilo negro al atribuir esta cifra a los elevados niveles de pobreza y desigualdad, ya que queda claro que los niños no lo hacen para matar el tiempo.
Sin embargo, precisa que el 25 por ciento de los niños que trabajan no acuden a la escuela.
“Consideramos indispensable la abolición del trabajo infantil y por ello debemos tener en cuenta que el lugar de niñas, niños y adolescentes es la escuela, no una jornada de trabajo”, precisa el informe sin detectar cuestiones de fondo a nivel socioeconómico, pretendiendo resolver por decreto una situación que ha sido provocada por el naufragio de nuestro proyecto de nación.
Los diputados federales deben hacer un trabajo de campo para evaluar la situación real de muchas familias que subsisten con el salario mínimo (el salario mínimo vigente en Quintana Roo es de mil 558.50 pesos mensuales), dinero que debe alcanzar para todos los gastos indispensables: alimentación, educación, salud y pagos de agua y luz.
Me gustaría que un ministro de la Suprema Corte o que algún consejero electoral intente subsistir con poco menos de mil 560 pesos al mes, haciendo frente al pago de cuotas voluntarias, uniformes y útiles escolares.
No defiendo el trabajo infantil, pero no lo descalifico del todo, ya que en principio tiene una motivación de supervivencia que desconocen nuestros diputados federales que todo pretenden resolverlo por decreto.
En las calles de Chetumal hay muchos vendedores de periódicos que tienen en promedio 10 años de edad. En su caso, el oficio en si no es condenable, sino el riesgo que tienen en la calle y su exposición a materiales infames de nota roja.
De hecho, he sido sorprendido por niños de corta edad que me ofrecen ejemplares de tabloides que hacen un festín con las tragedias: descuartizados, consumidos por el fuego, decapitados. Tal material es ofrecido por esos niños en nuestras calles en forma cotidiana.
El trabajo infantil debe ser reglamentado, evitando oficios de alto riesgo en las calles e injusticias laborales. Sin embargo, la cuestión de fondo es una desigualdad social que condena a una familia numerosa a subsistir con un ingreso miserable que ni un ministro de la Corte dejaría como propina, ya que se la regresaría el indignado mesero.
Certamen de ensayo
La Junta de Gobierno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo) aprobó el lanzamiento de la convocatoria del tercer certamen de ensayo en esa materia.
Las dos experiencias anteriores han sido satisfactorias, ya que han sido concentrados materiales de gran calidad, con enfoques siempre interesantes.
Podrán participar todas aquellas personas que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos, con ensayos inéditos en los que aborden los temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales, combate a la corrupción, ética en el servicio público, participación ciudadana y buen gobierno.
Enrique Mora Castillo, quien coordina el certamen, dijo que este “es parte de las estrategias que desarrolla el Itaipqroo para coadyuvar en la generación de la cultura de la transparencia en Quintana Roo, estrategia de éxito pues es la tercera ocasión que se realiza.”
La premiación consistirá en 25 mil, 20 mil y 15 mil en efectivo para el primer, segundo y tercer lugar, y la fecha límite para la entrega de los ensayos es el próximo 30 de octubre.