Como era de esperarse, el PRD metió su cuchara decidido a cosechar ventajas electorales que permanecen en los dominios de la teoría, aunque en su discurso aseguran que son motivados por el deseo de representar a todos los electores por igual, sin que una zona esté sobre representada o sub representada.

La última redistritación ocurrió a fines de 1995, de cara al proceso local de febrero de 1996, cuando funcionaba el Consejo Estatal Electoral y el gobernador Mario Villanueva y Raúl Santana Bastarrachea podían influir en la trayectoria de una mosca, controlando cada paso de ese organismo.

Entonces se aumentó de 13 a 15 distritos, uno para el municipio de Solidaridad y otro que en estricta justicia poblacional correspondería a Benito Juárez (Cancún), pero que por decisión suprema fue entregado al municipio de Othón P. Blanco, donde el PRI ha mantenido predominio.

La oposición aceptó esta distribución distrital anómala a cambio del aumento del 100 por ciento en el número de diputaciones plurinominales, que pasaron de cinco a 10, lo que era a todas luces un exceso.

El crecimiento poblacional de la zona norte justifica la modificación del mapa distrital del estado, aunque el PRD ha sido motivado por el señuelo de aparentes ventajas electorales, ya que Cancún ha sido un hueso duro de roer para el PRI.

La redistritación ha sido un tema complicado porque hay lineamientos que se aplican a nivel nacional, sin que se tomen en cuenta las condiciones de cada región. Por ejemplo, en Quintana Roo se ha tenido la costumbre de que cada municipio cuente con su distrito, algo que no podría aplicarse en Oaxaca o en Veracruz.

En anteriores escritos he planteado que un diputado que represente al municipio de Isla Mujeres no tiene menor peso que uno que represente a Cancún, ya que los miles del primer municipio tienen una mayor identificación con su representante popular.

Sin embargo, la modificación de mapa distrital tiene que efectuarse al son que tocan los máximos tribunales, sin que tengan la menor importancia otro tipo de valoraciones con sentido práctico, ya que ellos son los dueños de las tablas de la ley en materia electoral y cualquier desviación o propuesta diferente es una especie de locura o disparate.

Por ello los magistrados llevan la voz cantante, agarrando a cintarazos a cualquier consejero presidente que se brinque las trancas, como ocurrió en el caso de Carlos Soberanis, quien entregó un proyecto de redistritación aceptado por los hombres y mujeres del Olimpo, pero rechazado por un bloque de quintanarroenses porque quedaba excluida la superficie en litigio con Campeche: unos 4 mil 800 kilómetros cuadrados.

Al final el nuevo mapa distrital era aceptado por los defensores de la integridad del estado, pero rechazado por los magistrados que moran en las alturas, armados con su trinche y con su buena reserva de rayos para castigar a los rebeldes.

Según el Ieqroo, el nacimiento del municipio de Tulum hace necesario otro estudio técnico que debe efectuarse una vez superado el proceso local de 2010-2011, ya que venció el tiempo para iniciar tales trabajos tan complejos, ya que las presiones partidistas están a la orden del día, teniendo como blanco al Instituto Electoral.

Los consejeros del Instituto Electoral están en lo correcto, por lo que los trabajos de redistritación deben ser iniciados una vez superado el proceso local de 2011, para la elección de gobernador, presidentes municipales y diputados locales.

En otras ocasiones he planteado una solución práctica, aunque es un desafío para nuestras tablas de la ley electoral. Y es que al menos cuatro diputaciones plurinominales pueden ser convertidas en diputaciones de mayoría para fortalecer a la zona norte, en particular Cancún y Tulum.

Las plurinominales pueden ser un recurso para acabar con esta sub representación de Cancún y la Riviera Maya, dejando intactos los distritos en el resto de los municipios.

Por supuesto, el PRD y el PAN se opondrían a esta alternativa porque las plurinominales son su pasaporte al Congreso del Estado.

Por lo pronto, el de la redistritación ha sido un tema eludido que dará un respiro a los consejeros del Instituto Electoral, por tratarse de un tema escalofriante, altamente prioritario para el PRD e intrascendente para las mayorías.

Muestran el cobre

Los robos de medidores domiciliarios de agua potable con piezas de cobre son el pan de cada día en la capital del estado, sin que la policía preventiva pueda poner un freno a este tipo de atracos que ocurren a plena luz del día, afectando a decenas de usuarios y perjudicando el patrimonio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

En varias colonias operan los cazadores de este equipo que en el mercado negro puede tener un costo de 80, 100 pesos cuando mucho, sin que la Policía Judicial del Estado tenga en apariencia la menor idea de las identidades de los delincuentes que efectúan de 15 a 21 robos de medidores por semana, arrancando de tajo el equipo y provocando fugas de agua.

Se supone que algunas empresas perfectamente ubicadas se dedican a la compra y venta de cobre, alentando a delincuentes que recorren las colonias en espera de la ocasión. Sin embargo, hasta ahora la policía preventiva ha sido desbordada, como la Policía Judicial que podría tener otras encomiendas de mayor peso.

Por su parte, la CAPA es obligada a colocar equipo de plástico para no dar más alas a la delincuencia que se desplaza libremente por la capital del estado, concentrada en un negocio que marcha viento en popa.