A sólo 200 metros del centro comercial más importante de Chetumal hay un mundo donde la vida es muy dura para muchos: la colonia Los Monos, de reciente creación y visitada por el Presidente Felipe Calderón luego del paso del huracán Dean.
Con tres días de diferencia, en Chetumal y Cancún dos jóvenes de 23 y 27 años de edad se arrancaron la vida. El común denominador en tales tragedias es el factor económico, pero las motivaciones de fondo difícilmente son exploradas porque ciertos medios de comunicación se conforman con exhibir el lado más sangriento de los hechos.
Los casinos de la zona libre de Belice han provocado la fuga acelerada de montañas de dinero que han sido arrebatadas a burócratas y prestadores de servicios diversos en la capital del estado, quienes en muchos casos han rematado o dejado como garantía sus propiedades –computadoras, automóviles, terrenos y casas – para mantenerse en la línea de batalla, paladeando una viraje de la mala fortuna que les permita recuperar esa noche 10 mil o hasta 50 mil pesos.
Doña Remedios es una mujer chetumaleña que está haciendo un esfuerzo titánico para que sus tres hijos estudien. Lava ropa ajena, vende tamales y perfumes de marca modesta que coloca en abonos.
Cuando comentaristas de Estados Unidos nos exhiben como un pueblo de patas rajadas que acostumbra tomar la siesta al lado de un nopal, como los inolvidables Chano y Chon de los Polivoces, la indignación es automática pero naufraga en las aguas de la impotencia. Si acaso nos desahogamos en ciertos medios de comunicación, pataleando como escuincles mientras contemplamos con enorme satisfacción la caricatura demoledora o la columna vengadora.
Mientras en el Distrito Federal se armó un señor escándalo porque una grúa trasladó al corralón un vehículo con una mujer y su bebé a bordo –el caso ha sido atendido por la Comisión capitalina de Derechos Humanos –, Quintana Roo se incendia por ataques a su niñez, en muchos casos fatales.
Los anuncios espectaculares destacan en las zonas más concurridas de la capital del estado, como tiendas de autoservicio, mercados y cruce de avenidas. La “rifa mensual de dinero loco”, desde 250 hasta 5 mil dólares, es uno de los ganchos para atraer a la clientela mexicana, con atractivo visual incluido.
Cientos de jóvenes han abandonado las comunidades del sur de Quintana Roo, probando fortuna en los polos turísticos del norte del estado –sobre todo en la Riviera Maya – o cruzando el río Bravo sin la documentación de rigor. Algunos han perdido la vida, lejos de los suyos.
La Procuraduría General de la República (PGR) se ha cruzado de brazos en Cancún desde hace al menos una década, mientras las ejecuciones están a la orden del día en ese polo vacacional sin que el gobierno federal adopte medidas impostergables, ya que está en juego la imagen del destino turístico más importante del país y sobre todo la seguridad de cancunenses y visitantes.
Tres ancianos de los que pueden decirse tantas cosas emotivas murieron de 2005 hasta ayer en la capital del estado no sólo por la misma causa, sino atropellados por la misma persona: un chofer de transporte urbano que cubre la ruta Chetumal-Calderitas, quien en una marcha contra reloj relajó por tercera ocasión las precauciones de rigor para evitar una tragedia.
Todo el sector agropecuario del centro y sur de Quintana Roo fue golpeado brutalmente por el huracán Dean que acabó con un millón de hectáreas, creando las condiciones para que cientos de quintanarroenses abandonen sus comunidades con la intención de probar suerte en zonas turísticas o bien en Estados Unidos.
El nacimiento y desarrollo explosivo del municipio de Solidaridad, ese adolescente de 14 años de edad que está en boca de todo mundo, es un antecedente que necesariamente deben tomar en cuenta los impulsores de la creación del municipio de Bacalar, en el sur del estado.
La frecuencia con la que es alimentada la lista negra de suicidios en Quintana Roo ha preocupado y ocupado al gobierno del estado que recientemente lanzó en Cancún la campaña emergente de prevención del suicidio denominada “el reto es vivir”.
El reparto discrecional de patentes para la venta de alcohol ha llegado a extremos preocupantes en Quintana Roo desde hace al menos 10 años, ya que genera atentados permanentes contra la sociedad, principalmente en regiones con economías endebles. No se trata de caer en los dominios del puritanismo, sino de exponer un fenómeno que ha alimentado en gran parte a nuestras exitosas secciones de nota roja con suicidios y agresiones entre familiares y compañeros de parranda, incluyendo los accidentes automovilísticos que han llenado de luto a muchas familias y otras variantes de la tragedia.
La pandilla sureña de “Los Pañales” tiene un nombre que a simple vista puede provocar burlas, pero su formación en realidad debe ser motivo de preocupación para las autoridades de los tres niveles y para la sociedad en su conjunto.
Casualmente, mientras la Fiscal Alicia Pérez Duarte (encargada de atender delitos contra las mujeres) exponía en la Universidad de Quintana Roo el drama cotidiano de las féminas que son agredidas o que pierden la vida en las fronteras de nuestro país, una mujer atacaba de nuevo a su sobrina de tan sólo ocho años de edad, cerca de la frontera con Belice.
El sur de Quintana Roo ha sido condenado a una muerte política a fuego lento, provocada por la crónica debilidad de su clase política y por su discreto crecimiento poblacional que ha sido eclipsado por dos municipios turísticos de la zona norte: Solidaridad y Benito Juárez.
Manuela Cabrera Olivera es una quintanarroense que laboró hasta 1992 como secretaria en Educación y Cultura (SEyC). Nacida hace 65 años en Chetumal, concretamente en Barrio Bravo, esa mujer ha dejado testimonio de entrega y amor a la vida.
Contados hasta ahora pero no menos preocupantes, los asentamientos irregulares que se ubican en diversos puntos de la capital del estado deben ser enfrentados no como una señal de alarma, sino como un problema que ha superado la capacidad de respuesta del Gobierno del Estado, asediado en frentes más delicados, como es el caso de Playa del Carmen.
Los rojos acontecimientos de la cárcel de Cancún, además de colocar en el banquillo de los acusados a las autoridades que se encargaron de alimentar el “autogobierno” encabezado por Marcos Adelaido Gallegos Hernández y a los responsables del infantil operativo para la reubicación de decenas de internos –chispa que provocó el estallido del amotinamiento de cientos de reclusos–, obliga a tomar por los cuernos el tema de los autogobiernos que se han instalado en casi todos los penales de nuestro país.
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La Secretaría Estatal de Salud (SESA) ha lanzado la voz de alerta para impedir que los casos de dengue llenen de luto una vez más a los hogares de Quintana Roo, esto al confirmarse este año el primer deceso de una menor de edad en Cancún, a causa del dengue hemorrágico.
Comenzaré por dos episodios que en apariencia no tienen la menor relación, pero que son el común denominador de un tema que afecta al sur de Quintana Roo: la necesaria instalación de una clínica de especialidades que abra sus puertas a todo tipo de familias de la región, incluido el norte de Belice.
Aunque no hay estudios a la mano, es un hecho que la mayor parte de los recursos generados por la derrama gubernamental y por el ingenio San Rafael de Pucté son extraídos del sur de Quintana Roo por el sector terciario de la economía, dominado por firmas foráneas.
El próximo domingo Quintana Roo cumplirá 32 años como estado, luego de una fase turbulenta que incluyó su desaparición como Territorio, un renacimiento entre la devastación provocada por el huracán Janet a fines de septiembre de 1955 y frecuentes terremotos provocados por su clase política, tan devastadores como los enviados por la naturaleza.
El crecimiento poblacional de Quintana Roo y las deficientes e insuficientes instalaciones hospitalarias deben obligar a los gobiernos federal y estatal a abordar en serio el asunto de la construcción de una clínica de especialidades en el sur del estado, ya que la demanda de servicios es creciente, y la oferta deja mucho que desear.
El pandillerismo es un creciente desafío en Quintana Roo, y son insuficientes e incluso inadecuadas las recetas aplicadas por el Estado, entre ellas el envío de infractores adolescentes al Consejo Tutelar para Menores de Chetumal, donde sólo se castiga mientras están ausentes los residuos de rehabilitación e integración social.
El Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos reportó en 2005 un índice de rezago que asciende al 36.8 por ciento, tomando como punto de referencia a 770 mil 270 a partir de los 15 años de edad. En concreto, hay 101 mil 330 sin primaria, 149 mil 450 sin secundaria, y 32 mil 870 analfabetas, según el reporte de 2005 que pudo modificarse ligeramente en 2006, ya que el Instituto pretende rescatar del rezago este año a cuando menos 15 mil personas.
Financiada parcialmente por el ex gobernador Joaquín Hendricks, convertida finalmente en refugio de su esposa María Rubio Eulogio cuando fue despedida del DIF estatal, la Fundación Zazil-Be ha tenido luces y sombras en el balance de sus logros, a más de 14 meses de la inauguración de la clínica ubicada en las cercanías de Bacalar.
El Chetumal que permanece estacionado en los dominios de la nostalgia fue sepultado desde hace algunos años, y la nueva realidad nos ha impactado este día, con la muerte de un adolescente a manos de un grupo de pandilleros, todos menores de edad.
El preciso informe elaborado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDHEQROO), que expone las inhumanas condiciones en las que viven los cortadores de caña que laboran en plantíos del sur de Quintana Roo, provocó reacciones a grandes niveles y obligó a los líderes cañeros a tomar la iniciativa y fijar una postura, planteando soluciones que sean impulsadas por los sectores público y privado.
Consecuencia del crecimiento considerable del gobierno del estado en muchas áreas, la presencia de empleados de segunda y tercera categoría en las estructuras del sector público es una tarea pendiente que debe ser atendida en forma gradual, pero con mucha voluntad política y respuestas firmes, sin medias tintas.
La capital del estado no tiene graves problemas de desempleo, pero sí de empleos mal remunerados, ofrecidos por un sector privado débil, dependiente en gran parte del sector público.
Aunque se ha convertido en la solución laboral de un puñado de entidades -sobre todo de Chiapas y Yucatán-, Quintana Roo no ha resuelto sus propios problemas de empleo, aunque esto a simple vista sea una contradicción.
Los problemas de desempleo, subempleo y empleo mal remunerado se manifiestan de sur a norte y de este a oeste, en zonas urbanas y rurales.
