Una policía federal que ha sido doblegada e incluso infiltrada por el crimen organizado, habituada a los desplantes intimidatorios cuando enfrenta a gente vulnerable pero tibia y evasiva con los malos de la película, ha hecho de nuevo acto de presencia en la capital del estado con resultados tan condenables, pertenecientes al territorio de lo ridículo.
La zona libre de Belice ha sido un paraíso fiscal desde mediados de la década de los 90, pero ante todo una tierra de nadie donde todo se permite, por la escasa vigilancia sobre negocios y actividades, de ahí que esa zona comercial, cuya oferta distintiva es representada por casinos, genere señales de alerta permanentes, siempre omitidas por los gobiernos beliceño y mexicano.
Poco antes de que Michoacán llorara a sus muertos en plena ceremonia del Grito de Independencia, la capital del estado tuvo una jornada preocupante, ya que decenas de líderes magisteriales siguen jugando con fuego en una gasolinera, montados sobre un barril de pólvora y convertidos en una masa insultante.
Los expedientes de la inseguridad se han impuesto en el ánimo colectivo, desplazando a otro tipo de inquietudes y reclamos a nivel nacional. Es un hecho que el narcotráfico y su carnicera ofensiva destacan en la relación de ilícitos: secuestros, violaciones, robos a casas habitación y otro tipo de agresiones, habitualmente impunes.
Mientras a nivel nacional el delito de secuestro ha provocado una reacción nunca antes vista –la efectividad de tal reacción es una cosa muy diferente –, en Quintana Roo el pandillerismo es un enemigo silencioso y letal que ha provocado la pérdida de algunas vidas, sobre todo en Cancún.
La delincuencia ha dado esporádicos y cada vez más agresivos golpes en la capital del estado, y en forma gradual no sólo se ha derrumbado la creencia de que los malosos son originarios de otras latitudes, sino que se han involucrado en estos atracos elementos que formaron parte de las fuerzas de un orden que ahora desafían, como quedó demostrado en las primeras horas del sábado en la Plaza de las Américas.
Hace poco menos de 10 años, cuando Mario Villanueva festejaba la travesura pre electoral que provocó la caída de su comadre Addy Joaquín Coldwell y el repentino ascenso de Joaquín Hendricks como candidato del PRI a la gubernatura, el estado apenas daba señales intermitentes de que algo ya andaba mal en materia de narcotráfico y crimen organizado.
El crimen organizado se ha lanzado una vez más a la yugular de los mandos policiacos de Quintana Roo, mientras el gobierno federal no ha tenido capacidad de reacción o voluntad para tomar al toro por los cuernos, desbordado por los desafíos cada vez más complejos en nuestro país.
Quintana Roo ha sido ejemplo mundial en materia de protección civil, ya que ha evitado muertes de sus ciudadanos y de turistas durante el paso de huracanes. El Dean ha sido el fenómeno natural de agua y viento más reciente y temible que descargó toda su furia en el sur del estado, y las notas de nuestras autoridades fueron de excelencia.
Era de esperarse que el caso Lydia Cacho tuviera este final feliz para funcionarios y ex servidores públicos de Puebla que fueron acusados de tortura, en uno de los expedientes más polémicos de los últimos años por involucrar al “gober precioso” Mario Marín y al empresario Kamel Nacif, “rey de la mezclilla” y digno exponente de la vulgaridad.
Las batallas electorales perpetuas han eclipsado los problemas que han crecido en Quintana Roo hasta desafiar a plena luz del día a nuestras autoridades, limitadas en Cancún porque parte de su policía municipal está en la nómina de narcotraficantes, problema que se intensificó en los desgobiernos de Juan Ignacio García Zalvidea y Carlos Canabal Ruiz.
Enfocada a escarmentar a los adversarios políticos, eludiendo desde un principio los avisos intermitentes de narcotraficantes que fueron dejando la discreción a un lado para actuar a plena luz del día como un monstruo de mil cabezas, la Procuraduría General de la República (PGR) y sus equivalentes a nivel federal con su desempeño han colocado a Cancún en situación crítica, como escenario en el que se eliminan libremente los sujetos ligados al tráfico de drogas.
Sometido a una presión creciente, el Procurador de Justicia del Estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, cortó por lo sano al anunciar el cese de seis policías judiciales que por un supuesto “malentendido” capturaron a una catedrática de la Universidad de Quintana Roo a la que sometieron con lujo de violencia, amagándola con armas de fuego para separarla de sus dos hijos menores de edad.
La Procuraduría General de la República (PGR) se ha cruzado de brazos en Cancún desde hace al menos una década, mientras las ejecuciones están a la orden del día en ese polo vacacional sin que el gobierno federal adopte medidas impostergables, ya que está en juego la imagen del destino turístico más importante del país y sobre todo la seguridad de cancunenses y visitantes.
Habituados a hacer negocio en cualquier circunstancia, poniendo incluso en riesgo a los civiles, los administradores y líderes comerciales de la zona libre de Belice han cerrado los ojos ante la enorme grieta que en materia de protección civil dejó al descubierto el incendio que inició este lunes por la tarde en ese recinto fiscal, ubicado a unos pasos de la localidad fronteriza de Subteniente López.
Los robos a casas habitación han aumentado en forma significativa en los últimos años en la capital del estado, caracterizada hasta la década de los 80 por el bajo índice de ilícitos del fuero común.
Aunque se intente negar por cuestión política, el destino turístico de Cancún es otro campo de batalla permanente en el país; se trata de una guerra que se libra con representantes del narcotráfico que están dentro y fuera de las corporaciones policiacas y que han atentado contra militares y civiles cada vez con mayor nivel de confianza.
Desde la explosión del “Caso Cancún”, inflado por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1999 para demoler al gobernador Mario Villanueva y sus allegados, este polo turístico no había sido tan golpeado por narcotraficantes que se disputan esta y otras plazas de la República, convirtiendo al país en un campo de batalla permanente.
Desde hace algunos años el poder político dejó de ser una amenaza para la libertad de expresión, desplazado gradualmente por el narcotráfico que golpea donde menos se espera, como ocurrió en Acapulco, donde fue ejecutado Amado Ramírez, corresponsal de Televisa.
El gobierno de Quintana Roo ha dado golpes modestos al tráfico de drogas que se ha desbordado en la capital del estado en los últimos 15 años.
El gobierno de Quintana Roo, en la medida de sus posibilidades, ha hecho frente al agresivo desafío del narcotráfico que se instaló en el estado aprovechando las facilidades que le dio el gobierno federal en la década de los 90.
La instalación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN) en Quintana Roo, en las que participan representantes de los tres niveles de gobierno, es hasta cierto punto el reconocimiento oficial al desbordamiento de un problema que asedia a toda la sociedad quintanarroense, sea por la participación de mucha gente en el negocio de la droga o por el nivel de inseguridad que ha aumentando en varias plazas, entre ellas Cancún y Chetumal.
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Amparados en la adolescencia, pero a la vez desamparados por las instituciones y sobre todo por su familia, un puñado de chetumaleños practica con ahínco la delincuencia en sus diversas modalidades, desde robo de bicicletas hasta ingresos a casas habitación, entre otros ilícitos.
Que un servidor público chetumaleño haya matado a una niña a sangre fría, el 29 de diciembre de 2004, rompe hasta cierto punto la cómoda costumbre de considerar que gran parte de los delitos en la capital del estado son cometidos por personas procedentes de otras entidades.
La mala fortuna, alimentada por el exceso de confianza, ha provocado la caída de un puñado de elementos que forman parte de la vasta red de un crimen organizado que ha intensificado su presencia en el sur de Quintana Roo, aprovechando la mano blanda de las corporaciones federales.
Nuestros funcionarios claudican ante las modas, refugiándose en esquemas trillados que nunca han dado resultados, ya que sus principales destinatarios son los medios de comunicación.
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Desde el secuestro del caricaturista Colinas, en 1989, el gremio periodístico no había sido tan sacudido como lo fue ahora, a raíz de la ofensiva del crimen organizado contra los diarios Por Esto de Quintana Roo y Que Quintana Roo Se Entere, ambos editados en Cancún.
La ofensiva casi simultánea lanzada por el crimen organizado contra los periódicos Por Esto de Quintana Roo y Que Quintana Roo se Entere nos muestra el tamaño de una amenaza que podría colocar al estado de rodillas en cuestión de semanas, como ha ocurrido en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Baja California.
El ex gobernador Mario Villanueva Madrid, recluido en el penal de alta seguridad del estado de México, ha sido hasta ahora la única pieza capturada por el gobierno federal en su combate al narcotráfico en Quintana Roo, sin que hasta el momento se hayan aportado elementos de peso para justificar la reclusión perpetua del ex mandatario caribeño.
El inminente arribo a esta plaza de nuevos policías de nivel federal en otras condiciones hubiera sido una gran noticia, pero en estos momentos genera escepticismo y desconfianza, ya que la batalla la han ganado de calle los cárteles de la droga que se instalaron en el estado a partir del gobierno de Mario Villanueva.
Más allá del despliegue mediático, manchado por la impune exhibición de las víctimas del presunto pederasta Jean Succar Kuri, en el fondo del asunto está la participación de figuras públicas en estos delitos que mantienen en presidio al sujeto que estuvo prófugo de la justicia mexicana.
La plaza de Cancún se ha calentado de nuevo, como una olla express a punto de reventar. La reciente ejecución de un jefe de la policía procedente del Ejército, acompañado por su escolta, nos ha colocado cerca de la órbita de Acapulco o Rosarito (Baja California), donde las muertes relacionadas con el narco han dejado de ser noticia.
