Mario Villanueva toca las puertas de la Suprema Corte de Justicia por segunda ocasión, primero desde una posición de poder -en febrero de 1997- y ahora como presidiario que ha sido obligado a jugarse tal vez su última carta, enfrentado a un escenario catastrófico por el resto de su existencia.

Quintana Roo no podía escapar a esa tendencia negativa que ha socavado a nuestros cuerpos de policía, debilitándolos a nivel de confiabilidad y efectividad porque algunos elementos decidieron colaborar con un narcotráfico cuyo poderío es enorme y creciente, a grado tal que desafía a todos los niveles de gobierno.

Como ninguno de nuestros gobernantes, el chetumaleño Mario Villanueva ha sido sometido a presiones que derretirían a cualquiera de los exponentes de nuestra clase política.

Tiene 13 años de edad y es señalado por la Procuraduría de Justicia como líder de una banda de ladrones de casas habitación que incursionó en el oficio a los 9 años, detectando "moros en la costa" e ingresando por la ventana del baño para allanar el camino a sus compinches, entre ellos su madre Miriam Araceli y su anti padre postizo, un tal Santos Moisés.

Cancún es un desafío creciente para todos los gobiernos, y la autoridad municipal ha sido desbordada por la magnitud de este reto, convertida incluso en fuente que alimenta los problemas en materia de inseguridad, por la penetración de delincuentes en áreas del ayuntamiento de Benito Juárez, como quedó demostrado con la reciente sacudida desatada luego de la triple ejecución que impactó de lleno en la administración de Gregorio Sánchez Martínez, colocándolo al borde de la muerte política.

Quintana Roo sigue cometiendo un error estratégico imperdonable al descuidar a la localidad de Nicolás Bravo, ubicada cerca de los límites con Campeche. Una evidencia de ese abandono es representada por el centro de salud que está prohibido al público los fines de semana, como lo pudo comprobar una madre que estaba a punto de parir.

Una policía federal que ha sido doblegada e incluso infiltrada por el crimen organizado, habituada a los desplantes intimidatorios cuando enfrenta a gente vulnerable pero tibia y evasiva con los malos de la película, ha hecho de nuevo acto de presencia en la capital del estado con resultados tan condenables, pertenecientes al territorio de lo ridículo.

La zona libre de Belice ha sido un paraíso fiscal desde mediados de la década de los 90, pero ante todo una tierra de nadie donde todo se permite, por la escasa vigilancia sobre negocios y actividades, de ahí que esa zona comercial, cuya oferta distintiva es representada por casinos, genere señales de alerta permanentes, siempre omitidas por los gobiernos beliceño y mexicano.

Poco antes de que Michoacán llorara a sus muertos en plena ceremonia del Grito de Independencia, la capital del estado tuvo una jornada preocupante, ya que decenas de líderes magisteriales siguen jugando con fuego en una gasolinera, montados sobre un barril de pólvora y convertidos en una masa insultante.

Los expedientes de la inseguridad se han impuesto en el ánimo colectivo, desplazando a otro tipo de inquietudes y reclamos a nivel nacional. Es un hecho que el narcotráfico y su carnicera ofensiva destacan en la relación de ilícitos: secuestros, violaciones, robos a casas habitación y otro tipo de agresiones, habitualmente impunes.

Mientras a nivel nacional el delito de secuestro ha provocado una reacción nunca antes vista –la efectividad de tal reacción es una cosa muy diferente –, en Quintana Roo el pandillerismo es un enemigo silencioso y letal que ha provocado la pérdida de algunas vidas, sobre todo en Cancún.

La delincuencia ha dado esporádicos y cada vez más agresivos golpes en la capital del estado, y en forma gradual no sólo se ha derrumbado la creencia de que los malosos son originarios de otras latitudes, sino que se han involucrado en estos atracos elementos que formaron parte de las fuerzas de un orden que ahora desafían, como quedó demostrado en las primeras horas del sábado en la Plaza de las Américas.

Hace poco menos de 10 años, cuando Mario Villanueva festejaba la travesura pre electoral que provocó la caída de su comadre Addy Joaquín Coldwell y el repentino ascenso de Joaquín Hendricks como candidato del PRI a la gubernatura, el estado apenas daba señales intermitentes de que algo ya andaba mal en materia de narcotráfico y crimen organizado.

El crimen organizado se ha lanzado una vez más a la yugular de los mandos policiacos de Quintana Roo, mientras el gobierno federal no ha tenido capacidad de reacción o voluntad para tomar al toro por los cuernos, desbordado por los desafíos cada vez más complejos en nuestro país.

Quintana Roo ha sido ejemplo mundial en materia de protección civil, ya que ha evitado muertes de sus ciudadanos y de turistas durante el paso de huracanes. El Dean ha sido el fenómeno natural de agua y viento más reciente y temible que descargó toda su furia en el sur del estado, y las notas de nuestras autoridades fueron de excelencia.

Era de esperarse que el caso Lydia Cacho tuviera este final feliz para funcionarios y ex servidores públicos de Puebla que fueron acusados de tortura, en uno de los expedientes más polémicos de los últimos años por involucrar al “gober precioso” Mario Marín y al empresario Kamel Nacif, “rey de la mezclilla” y digno exponente de la vulgaridad.

Las batallas electorales perpetuas han eclipsado los problemas que han crecido en Quintana Roo hasta desafiar a plena luz del día a nuestras autoridades, limitadas en Cancún porque parte de su policía municipal está en la nómina de narcotraficantes, problema que se intensificó en los desgobiernos de Juan Ignacio García Zalvidea y Carlos Canabal Ruiz.

Enfocada a escarmentar a los adversarios políticos, eludiendo desde un principio los avisos intermitentes de narcotraficantes que fueron dejando la discreción a un lado para actuar a plena luz del día como un monstruo de mil cabezas, la Procuraduría General de la República (PGR) y sus equivalentes a nivel federal con su desempeño han colocado a Cancún en situación crítica, como escenario en el que se eliminan libremente los sujetos ligados al tráfico de drogas.

Sometido a una presión creciente, el Procurador de Justicia del Estado, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, cortó por lo sano al anunciar el cese de seis policías judiciales que por un supuesto “malentendido” capturaron a una catedrática de la Universidad de Quintana Roo a la que sometieron con lujo de violencia, amagándola con armas de fuego para separarla de sus dos hijos menores de edad.

La Procuraduría General de la República (PGR) se ha cruzado de brazos en Cancún desde hace al menos una década, mientras las ejecuciones están a la orden del día en ese polo vacacional sin que el gobierno federal adopte medidas impostergables, ya que está en juego la imagen del destino turístico más importante del país y sobre todo la seguridad de cancunenses y visitantes.