Verdad real o Verdad legal
El perverso fraude electoral cometido por las más poderosas fuerzas retrógradas de nuestro país, para mantener en la Presidencia de la República a la derecha más ignorante, oscurantista e inepta de que se tenga memoria, ha dado lugar a un intenso debate de los conceptos de legitimidad o legalidad en el ejercicio del poder.
Al respecto, abordando el tema con los principios de verdad sabida y buena fe guarda en conciencia, no es difícil distinguir las situaciones que definen cada uno de esos conceptos.
Puede establecerse que legal es lo que se apega al texto de la ley, sea o no verdadero. Lo legal es fácilmente distorsionable. Prueba de ello es la proliferación en México y en todo el mundo, de documentos apócrifos cuyo contenido es falso. Es decir que no refleja la realidad.
En cambio, lo legítimo es lo que realmente sucedió, la verdad histórica, esté reconocido o no en algún texto jurídico. La legitimidad social o política no requiere prueba documental porque no puede falsificarse. Está a la vista de toda la sociedad y sólo puede aceptarse o ser rechazada, nunca negada.
Uno convoca a millones; otro siempre está huyendo
Andrés Manuel López Obrador reivindica la legitimidad de su triunfo, en las evidencias de que obtuvo la mayoría de los votos emitidos el 2 de julio y en el respaldo popular que subsiste a pesar de que fue y sigue siendo objeto de la más repugnante campaña mediática puesta en práctica en la historia de nuestro país. La que hasta la fecha lo sigue acosando desde numerosas tribunas de la opinión pública y mediante encuestas que aseguran ya no tiene ningún apoyo, que el pueblo ya lo ha olvidado, a él y a su causa.
En tanto Felipe Calderón Hinojosa trata de justificar la legalidad de la usurpación con argumentos a modo. Entre ellos negándose al recuento de los sufragios, voto por voto, casilla por casilla, porque ninguna ley lo dispone, aunque ninguna lo prohíba y puede hacerse. Además, en los tardíos y sospechosos resultados que arrojó el cómputo del Instituto Federal Electoral y la monstruosa resolución emitida el pasado 5 de septiembre por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Calderón debería saber que todo lo que no está prohibido puede hacerse legalmente.
Es del dominio público que en el texto de esa resolución de última instancia y por ello verdad jurídica absoluta e inatacable, se reconocen múltiples irregularidades en todo el proceso, en las que incurrieron desde mucho antes de la elección diversos actores políticos. Caso de las ilegales intervenciones del propio presidente de la República, algunos grupos de la iniciativa privada, el Doctor Simi y muchos más, en el proceso electoral pero que los magistrados pasaron por alto para aprobar la usurpación ya que no tuvieron ojos y oídos para acciones tales como el desafuero, la campaña del miedo y la campaña del odio.
A uno lo protege el pueblo; otro es custodiado por los cuerpos de seguridad
López Obrador ostenta su legitimidad en el apoyo que millones de compatriotas, procedentes de todo el territorio nacional y por lo tanto representantes válidos del pueblo mexicano, le han reiterado en varias ocasiones en el Centro Histórico de la Ciudad de México y en la libertad con la que se presenta en cualquier plaza pública, sin más seguridad que la que pueden ofrecerle los miles y muchas veces millones de ciudadanos que entusiasmados acuden a escuchar su mensaje. Y lo que es más importante, creen en él. Le tienen fe.
En particular fue impresionante que la multitud reunida la tarde del pasado 20 de noviembre en la Plaza de la Constitución del Distrito Federal y calles aledañas, soportara a pie firme una temperatura de 5 grados centígrados, durante el tiempo que duró la ceremonia que invistió a López Obrador de la calidad de presidente legítimo..
Al respecto debe subrayarse que nunca (nunca, nunca, nunca) los mexicanos habíamos contemplado concentraciones como las que convoca el presidente legítimo. Jamás fueron uno, dos, tres millones. Todos hemos visto esas multitudes en las pantallas de los televisores. Podemos subestimarlas pero negarlas es desconocer lo obvio.
Por su parte, Calderón Hinojosa huye constantemente de cualquier concentración mayor a cinco personas. Transita siempre custodiado, desde mucho antes de que supuestamente ganara la elección presidencial, por centenares de miembros del Estado Mayor Presidencial y de miles de elementos de la Policía Federal Preventiva, armados hasta los dientes, viajando en helicópteros y carros blindados y sólo se presenta en locales cerrados y ante selectos grupos.
En efecto, en donde quiera que se presente, hasta en las poblaciones en que dice haber recibido la mayoría de los votos, lo persiguen para reclamarle su cinismo y no para agredirlo físicamente como él supone. ¿A qué le teme? ¿Al pueblo?
En el colmo del rechazo popular, el espurio tuvo que retirarse en helicóptero de la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que se le entregara el documento que lo acredita como presidente de México.
Legitimidad y legalidad, una obsesión
Detentar simultáneamente legitimidad y legalidad en el ejercicio del poder, ha sido la obsesión pocas veces alcanzada por la mayor parte de los gobiernos mexicanos.
Hay algunos casos particularmente representativos, que resultan probatorios de la facilidad con la que se distorsiona la legalidad, en documentos falsos, para llevar al poder a gobernantes ilegítimos. Uno de ellos es el gobierno que ejerció de 1864 a 1867 Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria-Hungría, con el título de emperador de México.
El fundamento de ese gobierno fue el plebiscito que realizó la Junta de Notables para cumplir el requisito que el propio Maximiliano había puesto como condición para aceptar la corona imperial de México: que fuese el propio pueblo quien expresara libremente y con toda claridad su deseo de investirlo como soberano de nuestro país.
La Historia registra que esa condición fue plenamente cumplida. Tan es así que satisfizo a Maximiliano, quien al dar respuesta al interrogatorio que se le formuló, en el juicio instruido en su contra en la ciudad de Querétaro, luego de la derrota de su ejército, reiteró su convicción de ser el gobernante legal y, sobre todo, legítimo de México.
Legalidad del plebiscito que favoreció a Maximiliano
El registro de esa actuación señala: “Preguntado (Maximiliano de Habsburgo) por el motivo y circunstancias de su prisión.-Respondió: que cree está preso por haber sido emperador de México,…”.
A su vez Tomás Mejía, general de División y uno de los principales militares que defendieron la causa de Maximiliano, dijo tener la certeza de que Maximiliano era el gobernante de México. En las actuaciones consta que:
“Preguntado (Tomás Mejía) si sabe por qué causa se le va a poner en consejo de guerra, a cuyo efecto se le instruye el presente proceso.
Respondió: que cree que por haber defendido al gobierno imperial. …
Preguntado si creyó que la nación tenía libertad para proclamar el imperio en presencia de las armas francesas.
Respondió: que sí.
Preguntado si cree de buena fe que la mayoría de la nación proclamó e! imperio y llamó a Maximiliano.
Respondió: que cree que los representantes de una gran mayoría de los habitantes de! país se decidieron por e! imperio y por Maximiliano, …”.
Por su parte, Miguel Miramón, general de División, expresidente de la República y veterano niño héroe de la Batalla en Defensa del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, en contra de la Invasión estadunidense, estableció su certeza en la legitimidad del gobierno de Maximiliano. Las constancias judiciales rezan:
“Respondió: que se llama Miguel Miramón, es natural de México, de treinta y cinco años de edad; casado, general de División.
Preguntado si ha tenido como legítimo al llamado imperio de México, y diga las razones que para ello ha tenido.
Respondió: que habiendo salido del país para el extranjero el año de sesenta y uno, cuando volvió a México en sesenta y tres halló establecido en la capital, y reconocido por la mayoría del país, el imperio; cuyas circunstancias le hicieron formar el concepto de que éste era el Gobierno legítimo de México.
Preguntado si creía que la nación había proclamado el imperio, y si lo creía, diga qué razones pudo tener para juzgarlo así.
Respondió: que creyó que la nación había proclamado el imperio a causa de las actas de los pueblos y de la Junta de Notables que a efecto de establecerlo tuvieron lugar en México.
Preguntado si cree de buena fe que la Junta de Notables representaba legítimamente la nación, y que las actas a que se refiere eran la expresión verdadera y libre de la mayoría de los mexicanos, estando como estaban bajo la opresión de las armas francesas.
Respondió: que sí.”
Es evidente que Maximiliano de Habsburgo nunca encabezó un gobierno legítimo en México y que las actas plebiscitarias de la Junta de Notables, fueron una burda falsificación. Tan distorsionada como la resolución que emitió el pasado 5 de septiembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ambos documentos legales pero no legítimos por cuanto no se correspondieron con la realidad, con la verdad histórica.
Legalidad de Victoriano Ortega Huerta
Otro caso que gravita en la conciencia mexicana, sobre los atropellos que pueden cometerse al amparo de la legalidad que no es legítima, es el artificioso proceso que legalizó pero nunca legitimó la asunción a la Presidencia de la República de Victoriano Huerta Ortega.
El 19 de febrero de 1913, luego de que Huerta Ortega, entonces general del Ejército Mexicano, había apresado al presidente Francisco I. Madero González y el vicepresidente José María Pino Suárez, el usurpador Huerta presionó al titular del Poder Ejecutivo Federal y al vicepresidente para que renunciaran ya que en principio se negaron a hacerlo.
Ante esta situación, Huerta encargó a Pedro Lascuráin Paredes, secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Madero, para que consiguiera las renuncias mencionadas a efecto de que el propio Huerta asumiera la Presidencia de la República.
Lascuráin, observando pulcramente las formas legales, con apoyo del Congreso obtuvo las dimisiones de Madero y Pino Suárez. Los diputados incondicionalmente y en forma sumisa, las aceptaron y tomaron protesta al secretario de Relaciones, Pedro Lascuráin, como disponía la norma jurídica aplicable, con el carácter de presidente de la República.
El “presidente” Lascuráin no intentó por medio alguno retener el poder. Al contrario, en tan sólo 45 minutos, rápidamente nombró secretario de gobernación a Huerta y presentó su renuncia. Por mandato de ley, ante la ausencia del presidente y de cualquier otro ministro, el de gobernación debía asumir el poder y así lo hizo Huerta.
Tal vez fue legal, pero el gobierno de Victoriano Huerta nunca fue legítimo.
Legitimidad de los gobiernos priístas
En la dilatada permanencia del Partido Revolucionario Institucional, la legalidad fue algo que muy poco preocupó a los gobernantes emanados de sus filas, ya que privilegiaron la legitimidad manifiesta en el reconocimiento de las grandes mayorías de las ciudades y del campo, principalmente de los que menos tienen.
Con la absoluta legitimidad que le otorgó ser heredero de los ideales de Justicia Social impulsores de la lucha armada que se inició el 20 de noviembre de 1910, y por ello constituir el Partido Histórico de la Revolución Mexicana, durante décadas gozó de total respaldo popular.
Mientras el Partido Nacional Revolucionario, después Partido de la Revolución Mexicana y hoy lo que resta del maltrecho PRI, aplicó políticas sociales de beneficio para las mayorías, el pueblo invariablemente lo apoyó, hiciera lo que hiciera con la legalidad.
Fue así que hasta 1982 que el PRI tuvo legitimidad indiscutible en la Presidencia de la República y en la mayoría de las posiciones gubernamentales.
En diciembre de ese año, al patrocinar las políticas neoliberales que desde entonces han empobrecido brutalmente a las mayorías y están vigentes hasta la fecha, declinó su legitimidad y se refugió en la legalidad de que se jactó el usurpador Carlos Salinas de Gortari, estratega del fraude electoral que se consumó con su asunción al Ejecutivo Federal en 1988 cuando “se cayó y calló el sistema” a su favor y del que pretende repetir en este 2006.
Así, fue Salinas de Gortari el primer encargado del Ejecutivo mexicano postulado por el PRI que tuvo que andar huyendo de las multitudes y ser protegido por una escolta de cientos de guardias armados hasta los dientes, como la que ahora acompaña a Felipe Calderón Hinojosa en donde quiera que se presente.
Esta vez, la indignación popular no podrá ser contenida o atemorizada. Pronto lo veremos.