Aunque no es función de las Fuerzas Armadas intervenir en asuntos relacionados con la comisión de hechos ilícitos civiles que él mismo reconoce, Aponte Polito ha destacado por ser uno de los altos mandos del Ejército Mexicano que más apoyo ha prestado a las autoridades competentes en esa materia y lo ha hecho con absoluta eficacia y verticalidad.

Lo hizo así en la jefatura de la II Región Militar, denunciado las irregularidades de la gestión de Rommel Moreno Manjarrez, procurador general de Justicia bajacaliforniano, e incluso publicó en un periódico datos precisos de los ilícitos comportamientos de la Administración estatal emanada del Partido Acción Nacional.

Aponte destacó en el texto aparecido en el diario “El Mexicano” de Baja California, dirigiéndose a Moreno Manjarrez, lo siguiente:

“Con relación a su petición, de ofrecer pruebas de la corrupción y participación de ciertos integrantes de las corporaciones policiacas con el crimen organizado y otros ilícitos, no omito manifestarle que a pesar de que constitucionalmente, la función de investigar los delitos, perseguir a los delincuentes y la de aportar pruebas para la consignación de los probables responsables, corresponde a otras instancias, principalmente a la que usted representa; también, le expreso que durante las detenciones que en flagrancia ha efectuado el personal militar a mi cargo y de la información que se ha obtenido directamente de los probables responsables de hechos delictivos al momento de ser asegurados, se tienen datos suficientes, que ponen de manifiesto vertientes para iniciar la investigación correspondiente y que debieran ser tomadas en cuenta para combatir la delincuencia. Siendo estas sólo algunas:”

Enlistó a continuación una dilatada relación de delitos que, a pesar de ser del dominio público, el procurador Moreno Manjarrez ha dejado en la impunidad y apuntó: “¿Qué decepción causa saber que quienes tienen la encomienda de procurar hacer cumplir la ley, sean los que la vulneran por tener vínculos con la delincuencia organizada?”

Una de las muchas pruebas

Y, al exhibir otros hechos, Aponte planteó: ¿En manos de quién está la seguridad de Baja California?, agregando que “el 09 de febrero del 2008 y debido a la coordinación e intercambio de información que se tiene con la Policía Estatal Preventiva, se tuvo conocimiento que después de una persecución; fue detenido en Tijuana, por elementos de dicha corporación policial, Miguel Ángel Castillo Belmontes, agente de la Policía Ministerial del Estado, a quien se le aseguró una arma de fuego calibre 9 mm . marca Browning, un cargador con 10 cartuchos útiles, dos celulares, un radio nextel, una camioneta con la serie alterada, así como una bolsa que contenía en su interior cocaína, dos días después fue puesto en libertad y públicamente se mencionó que no era cocaína y que el vehículo era legal, situación por demás irregular, ya que se tuvo conocimiento que al "correr" la serie del citado automotor, se encontraba alterada y de acuerdo a información confidencial la cocaína entregada por el director de la Policía Estatal Preventiva a las autoridades judiciales del estado fue cambiada por otra sustancia, lo que motivo su libertad cuando el asunto fue turnado a la Procuraduría General de la República.”

Detalla además el alto militar que un acusado de secuestro señaló que el jefe del grupo antisecuestros estatal realizaba plagios y plantea: “¿Qué interés de proteger a un presunto delincuente? ¿Qué confianza se puede tener en ciertos funcionarios? ¿Cuántos elementos podrían tener vínculos con la delincuencia organizada? ¿Esto no es corrupción?

Para concluir, enfático, afirmó: “¡Qué desgracia para la sociedad de Baja California!”

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Militar

Contrastan notablemente las actuaciones de Aponte con las de Jesús Gutiérrez Rebollo, Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo y otros generales, jefes y oficiales que han incurrido en delitos del orden civil o del fuero militar, aunque se ha tratado de casos aislados que no manchan el honor de los institutos armados mexicanos.

Gutiérrez Rebollo, también general de División Diplomado de Estado Mayor, purga largas condenas por proteger a Amado Carrillo Fuentes, “el señor de los cielos”, líder de un poderoso cartel del narcotráfico, precisamente cuando el primero ocupaba el cargo de comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas

Sin embargo, el ameritado y honesto divisionario Sergio Aponte, de intachable conducta, quien ha dejado profunda huella de su positivo paso por diversas entidades, entre ellas Quintana Roo, Querétaro, Sinaloa y hasta hace algunos días Baja California, en lo sucesivo desempeñará el cargo de presidente del Supremo Tribunal de Justicia militar.

Desde esa comisión Aponte no podrá seguir combatiendo a la corrupción y en particular el tráfico de estupefacientes como lo ha hecho con notables resultados. El cargo al que ha sido confinado por el espurio que arrebató el poder a Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México es poco compatible con su trayectoria y sensibilidad social.

La decisión de remover a un alto mando de la talla, prestigio e importancia de Aponte Polito no puede ser asumida ni siquiera por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sólo puede atribuirse a quien esconde su miedo al pueblo detrás de las faldas y los pantalones de quienes integran las Fuerzas Armadas.

Evidentemente, el espurio actuó en defensa del gobernador panista de Baja California quien si fuera intolerante con los narcotraficantes y la delincuencia organizada en su entidad, habría apoyado la labor del exjefe de la II Región Militar y no a los corruptos servidores públicos de ese Estado.

Siempre lo destituyen por las mismas causas

No es la primera vez que el general rebelde ahora presidente de Tribunal de Justicia Militar es destituido por su accionar en el combate a los varones de la droga y la corrupción de las autoridades civiles. Lo ha sido de diversos mandos. En todos los casos las autoridades que debieron reconocer sus aportaciones presionaron para que fuera enviado a otro lugar.

Eso prueba el fracaso y la falsedad de la “guerra” contra el narcotráfico que emprendió el gobernante de facto a partir de diciembre de 2006, sin otro propósito que el de sostener su usurpación.