Que Dios los perdone
“… los demonios de una religión no pueden tener acción alguna en otra religión”. José Saramago en El Evangelio según Jesucristo.
El tema de la religión y la política ha sido abordado desde muchos ángulos, y siempre es considerado como una mezcla difícil de sintetizar, como el agua y el aceite. En relación a este binomio, me comentaba hace poco un amigo que para muchos observadores extranjeros, la prevalencia de los principios constitucionales que aseguran la separación entre la política y la religión en nuestro país, el llamado Estado laico, es un logro único a nivel internacional. A diferencia de otros gobernantes, nuestros presidentes y gobernadores no están obligados a protestar el ejercicio de su cargo sobre una Biblia, por mucho respeto que tengamos por las llamadas Sagradas Escrituras.
Un hecho importante en nuestro país es que la propia Constitución General de la República, en su artículo 24, garantiza la libertad de cultos y creencias, por lo que nadie puede ser perseguido por profesar la religión que mejor colme sus aspiraciones y convicciones. Pero en el caso de los gobernantes, en actos públicos y oficiales, están obligados a respetar y hacer respetar el espíritu laico del Estado, esto es, expresar su neutralidad frente a cualquier manifestación religiosa.
En fechas recientes se han registrado dos actos públicos que ponen en entredicho la neutralidad de autoridades en el ejercicio de sus encargos, una del más alto nivel, el Presidente de la República, y otra la de un Presidente Municipal del municipio turístico más importante del país. En efecto, el Presidente Felipe Calderón hizo acto de presencia y de fe en el “Encuentro Mundial de las Familias”, pronunciando incluso lo que algunos han llamado un sermón, pues hizo referencia a santos y fervores de su predilección. Con ello, según lo recordaba el constitucionalista Lorenzo Córdoba Vianello, faltó al deber y al respeto que le impone la propia Constitución, pues como titular de un poder público no debe, en actos públicos, asumir como propia una religión, pues el Estado laico “se funda en el principio de tolerancia religiosa, que quiere decir respeto y consideración de igual dignidad a todas las creencias”.
En entidades federativas donde prevalecen gobiernos panistas de derecha, como Guanajuato, Jalisco y Querétaro, se han escenificado eventos públicos que están cuestionando una gran conquista civilizatoria y democrática como la tolerancia a la diversidad política, ideológica y religiosa, fundamento de la convivencia pacífica en las sociedades modernas. El encuentro de obispos con el Secretario de Estado del Vaticano en el propio Teatro de la República, lugar donde los constituyentes de 1917 incorporaron al texto constitucional el espíritu de las Leyes de Reforma, es también un ejemplo de este embate contra el Estado laico.
Más recientemente, en la ciudad de Cancún, el Presidente Municipal Gregorio Sánchez y su esposa, presidieron un evento público y masivo de la religión cristiana adventista, a la que supuestamente pertenecen, en la propia Plaza de la Reforma, en la que arengaron y fustigaron a quienes organizan “un complot en su contra y de su administración para que no lleve a cabo las tareas que le han encomendado”. Como lo han registrado las noticias en la prensa y en los diversos medios de comunicación, esta actitud le ha valido a “Gregg” la reprobación de varios sectores, que cuestionan su parcialidad y su falta de respeto al marco constitucional e incluso le pueden hacer merecedor a una demanda de juicio político.
Este año que se conmemora el 150 aniversario de la promulgación de las Leyes de Reforma, es ocasión propicia para fortalecer la vigencia del espíritu de dichas leyes, y recordar al Presidente Benito Juárez en su pensamiento y obra, quien seguramente estará inquieto por las pifias y desaciertos de quienes deben ser los guardianes del Estado Laico.
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