Lo primera que se destaca es la percepción generalizada de un desencanto por los resultados obtenidos en una transición democrática que inició hace ya más de tres décadas. En la medición que hace Latinobarómetro sobre la percepción ciudadana del aprecio a la democracia, entre 18 países estudiados México es el que registra una drástica caída: de 1996 a 2009 el aprecio por la democracia entre los mexicanos cayó de 51 a 42%, colocándose como la menor en todo el subcontinente. El caso es que este bajo aprecio por la democracia se liga a la idea que no estamos progresando, que la situación económica no mejora. Mientras 36% de los ciudadanos en América Latina creen que sus países están progresando, en México sólo 15% lo cree, y en tanto el 29% promedio de los latinoamericanos dice sentirse satisfecho con su situación económica, en México solamente lo dice el 15%.

El problema es que en México tenemos un déficit de 1.1 millones de empleos por año, y según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación Social) los mexicanos en pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones en 2006 a 19.5 millones en 2008, un incremento de 5 puntos porcentuales. Por otro lado, los mexicanos en pobreza patrimonial pasaron de 44.7 millones en 2006, a 50.5 millones en 2008. El diagnóstico nos dice que el famoso bono demográfico, que justamente alcanza su cúspide en este año 2010, cuando el grupo de edad de 15 a 24 años de edad es el mayor de la pirámide poblacional, lo hemos desperdiciado pues ha coincidido con la crisis, la baja en las exportaciones y la falta de respuesta general de la economía mexicana para producir los empleos necesarios. De continuar esta tendencia, "en 2030 México será un país de viejos, pero sin jamás haber podido convertirse en un país próspero y desarrollado". O sea, cuando el país tiene más jóvenes en edad de trabajar, es cuando menos empleos generamos y menos oportunidades les brindamos en las aulas de nivel medio y superior.

Una vez establecida la situación de falta de crecimiento y estancamiento de la economía, a la par de la generalizada percepción de desencanto y decepción por la democracia, el documento pasa a revisar y cuestionar por qué hemos llegado a este punto. Encuentran que hay una idea que debe ser eliminada: que la justicia y la equidad son un factor normativo externo al funcionamiento de la actividad económica; por el contrario, insisten que "la igualdad y la distribución son condición del crecimiento, no su resultado". Para ensanchar el mercado interno hay que mejorar salarios, capacidad de compra. Hay una crítica a la renuncia del Estado mexicano para ejercer el presupuesto con criterio de política social, y no solamente ajustarse a los equilibrios macroeconómicos que son dictados neoliberales. Además, otro punto central del análisis que hace el IETD tiene que ver también con el rechazo a otra idea: que el pluralismo político actual es la causa por la que no hayan podido concretarse las tan ansiadas "reformas estructurales" que traerían la prosperidad y los empleos deseados. Desde su óptica, "las sociedades democráticas son pluralistas, y quienes gobiernan suelen encarnar las aspiraciones de sólo una franja de esa sociedad. Territorios significativos de ese magma al que llamamos sociedad no se identifican con sus respectivos gobiernos. Ese caldo de cultivo es el que hace atractivo el resorte de la obstrucción".

El dilema está en que, aunque formalmente somos un país presidencial cuya elección corre en vía diferente de la conformación del Congreso, "la verdad es que desde 1997 quedamos obligados a formar coaliciones de gobierno para tener un Poder Legislativo que sea acompañante del Presidente y no su principal complicación. Este es el rezago más importante, el principal pendiente, el mayor obstáculo mental que no ha sabido superar la política contemporánea en México".

Frente al pronóstico más viable que en las elecciones del 2012 ningún partido logre la mayoría en el Congreso, y ante la necesidad de construir un verdadero Estado social y democrático de Derecho en México, el IETD propone que ha llegado el momento de discutir la sustitución del régimen presidencial por uno parlamentario. De ninguna manera se considera viable la propuesta de algunos de limitar el pluralismo actual, por el contrario, se afirma que el futuro de la democracia en México, aunque no transitemos a un régimen parlamentario, dependerá cada vez más de saber gobernar en coalición, de compartir el poder con un aliado a menudo incómodo: un "equipo de rivales", como en su momento lo supo construir Abraham Lincoln. El parlamentarismo significa conversación entre adversarios, naturalización del acuerdo, políticas de coalición.

Al igual que en la propuesta del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, creo que debemos coincidir en reconocer que no parece haber ni en las bases sociales de los partidos, menos en sus dirigentes o candidatos, una disposición para sustituir el régimen presidencial actual por uno parlamentario. Sin embargo, me parece algo importante el que ya iniciemos la discusión y el reconocimiento de que el mayor problema de la democracia no es la "ingobernabilidad", sino el mal gobierno. "Y el mal gobierno no es sólo consecuencia de la mayor o menor incompetencia o carisma de los gobernantes, sino del modo o la lógica patrimonial con que funcionan las instituciones públicas, es decir, la naturaleza, fortaleza y legitimidad del Estado". "Es esta naturaleza patrimonialista y clientelar del funcionamiento de la mayor parte de las instituciones estatales lo que ayuda a explicar que, pese a la alternancia en casi todos los niveles de gobierno, el ejercicio real del poder siga siendo tan autoritario, ineficiente y opaco como antes". Estas prácticas "convierten a las instituciones públicas y sus recursos en patrimonio exclusivo de grupos que pueden privilegiar o sancionar discrecionalmente a ciertos sectores sociales". O sea, en palabras simples y claras, ya no es momento de pensar en un país de "hombres fuertes", sino en un país de leyes e instituciones al servicio de los ciudadanos, de la sociedad.

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