En conferencia de prensa la periodista también dijo que tienen pruebas en el sentido de que Kamel Nacif hizo aportaciones multimillonarias a “Vamos México”, cuya presidenta es Marta Sahagún.

También acusó que la orden para “congelar” la extradición del presunto pederasta preso en Arizona, Jean Succar Kuri, se dio en los más altos niveles de la política mexicana.

Durante el encuentro con los periodistas de Cancún, Lydia Cacho expresó: “Es importantísimo que finalmente que el Caso Succar se destrabe; sabemos que estaba ‘congelado’ por órdenes mucho más arriba de lo que imaginamos.

“Ahora se ha descubierto que Kamel Nacif hizo aportaciones multimillonarias a ‘Vamos México’; que Marta Sahagún y el presidente de la República lo consideraban un personaje muy honorable. Ya tenemos la documentación que vamos a aportar en nuestra defensa que prueba esto”.

Luego informó: “He estado solicitando que se investigue la decisión, la manera expedita en que el Procurador (de Justicia) de Quintana Roo (Bello Melchor Rodríguez y Carrillo) actuó; también he seguido denunciando ante las autoridades, ante el secretario de Gobierno (de Quintana Roo, Eduardo Espinosa Abuxapqui), que es con quien tuvimos contacto, el trato hostil de algunos agentes de la Procuraduría de Justicia con mi equipo del CIAM (Centro Integral de Atención a la Mujer, que dirige)”.

Indicó que desde hace dos días un vehículo ejerce vigilancia permanente en las inmediaciones del CIAM y el personal del centro asegura que se trata de agentes que participaron en su detención.

También reveló que el procurador Rodríguez y Carrillo se negó a poner a la vista de la abogada del CIAM, Ana Patricia Morales Portas, el exhorto de las autoridades poblanas para practicar su detención.

ACTUALIZACION: RESPONDE LA PROCURADURIA

Después de las declaraciones de Lydia Cacho, la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo dio a conocer el siguiente boletín:

La colaboración realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Quintana Roo a su homóloga de Puebla, para la detención de Lidya Cacho Ribeiro, está plenamente ajustada a derecho, toda vez que existe un convenio interinstitucional entre las 31 entidades y el Distrito Federal, para apoyar en el cumplimiento de órdenes de aprehensión entre estados del país, y en esta ocasión se llevó a cabo por indicaciones del Juez Quinto de lo Penal del estado de Puebla.

El Procurador de Justicia de Quintana Roo, Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, sostuvo que actuó de buena fe y consciente de respetar el orden del convenio que signaron el 27 de abril del 2001 las 31 Procuradurías del país, la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial el 17 de mayo del mismo año.

Indicó que la detención de la periodista no fue un hecho originado en Quintana Roo, debido a que agentes de la Policía Judicial de Puebla llevaron a cabo la encomienda dictada por el Juez Quinto de lo Penal de la citada entidad, bajo el proceso penal número 345/2005.

“Nosotros, al igual que todas las Procuradurías en el país, tenemos la obligación de respetar este acuerdo signado, por lo tanto considero que hicimos lo correcto. La cláusula V del convenio dice textualmente lo siguiente: ‘La Procuraduría requerida podrá autorizar expresamente a la requirente para que agentes de esta última se internen en el territorio de la primera, a fin de ejecutar la orden correspondiente y efectuar el traslado. Esta autorización deberá hacerse por el Procurador o cualquier Subprocurador de la Procuraduría requerida, por cualquier medio’”, explicó.

Agregó que a la fecha, la Procuraduría de Justicia del Estado es ya ajena al procedimiento penal que se le sigue a Cacho Ribeiro, debido a que éste se encuentra a cargo del Poder Judicial. “La única actuación de la PGJE fue apoyar a su homóloga de Puebla para ejecutar la disposición de un juez. Nosotros ya no tenemos injerencia en el caso y, por lo tanto, no se tienen asignados agentes de la Policía Judicial, empleados y vehículos de la corporación para continuar en este caso”.

Referente a que supuestamente no se entregó la orden de la detención de Cacho Ribeiro a la abogada del CIAM, Rodríguez y Carrillo apuntó que la Procuraduría del Estado nunca tuvo en su poder la orden de aprehensión. “Insisto, nosotros, sólo actuamos con base en el convenio de colaboración, la orden de aprehensión y ejecución la realizaron los agentes de la Policía Judicial de Puebla”, agregó.

Para concluir, reiteró que la participación de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el caso Cacho Ribeiro ha concluido, debido a que el expediente se encuentra ya en manos del Poder Judicial.