La Naviera Armamex, que presentó un proyecto para construir una terminal de almacenamiento de turbosina, aceptó que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) entregada a la Semarnat y que está aún en etapa de revisión, mediante una consulta pública, es susceptible de ser modificada y enriquecida con las propuestas que durante las últimas semanas han hecho empresarios y académicos de la localidad para garantizar que estos planes no representan ningún riesgo para la comunidad y sí traerán importantes beneficios para el estado.
Durante otra reunión con pobladores de la zona, José Calderón Ojeda, director de Asuntos Internacionales de Armamex y responsable del proyecto, presentó de nueva cuenta los planes de la empresa enfatizando en las cuestiones técnicas y de seguridad, pero ante los cuestionamientos de algunos académicos sobre inconsistencias y errores detectados en la MIA, aceptó que se pueden hacer las correcciones necesarias.
Rodolfo Mora defiende el proyecto
La operación de la terminal de turbosina en Puerto Morelos sacará de carreteras de la península unas 2 mil 500 pipas mensuales y las normas de seguridad están respaldadas por más de 30 años de experiencias, sin olvidar que somos una empresa que ya ha trabajado en esta zona sin problema alguno, afirmó Rodolfo Mora Cordero, presidente de la Naviera Armamex durante una visita de cortesía que realizó al diario Quequi Quintana Roo, horas antes de una conferencia de prensa donde buscará aclarar todas las dudas que existen en torno a este proyecto.
Acompañado de José Calderón, director de relaciones internacionales de Armamex y su equipo de apoyo, Mora Cordero, expuso que la terminal cumplirá con todas las normas de seguridad y ambientales para operar en una plaza donde el consumo de turbosina tiene un crecimiento anual del 15 por ciento.
El empresario recordó que Armamex ya tiene antecedentes de haber trabajado en el muelle de Puerto Morelos trayendo durante 12 años turbosina para la empresa Aeroméxico sin inconvenientes o daños a la comunidad.
También destacó que han transportado turbosina para la termoeléctrica de Cozumel, al igual que abastecieron durante cuatro años el Puerto de Progreso.
"Como resultado de nuestra experiencia en la península --precisó--, contamos con un certificado de seguridad, al que sumamos todas las inquietudes de la población de Puerto Morelos, para despejar dudas sobre la seguridad de la terminal y su compatibilidad con el medio ambiente".
No obstante, descartó que por esas omisiones se tenga que descalificar un proyecto que es viable, técnicamente posible y altamente estratégico para Quintana Roo dado la complicada logística que actualmente existe para traer la turbosina a elevados costos desde lugares tan lejanos como puerto Progreso, en Yucatán; Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca.
Mario Rebolledo, uno de los académicos presentes, del Centro de Investigación Científica de Yucatán, cuestionó insistentemente que la Manifestación de Impacto Ambiental estaba incompleta porque le faltaba un estudio de suelos y aguas subterráneas que permitiera identificar los posibles impactos ambientales en el manto freático, dada la naturaleza calcárea del suelo de la península.
Esta preocupación fue compartida por Daniela Guevara Muñoz, del Parque Nacional Marino de Puerto Morelos, dado que si hay un problema de este tipo los arrecifes serían los primeros perjudicados.
Un consultor de la empresa que realizó los estudios, presente en la reunión, reconoció que había información que había que incorporar a la MIA y se comprometió a retomar los planteamientos que les han hecho para enriquecer el documento legal que es la base para que la Semarnat autorice o no este desarrollo.
José Calderón, no obstante, dijo que están en los tiempos legales para realizar cualquier modificación al estudio presentado, y se evaluaría con seriedad el incorporar todas las observaciones técnicas sustentadas y los estudios que hiciera falta para garantizar a la población que el proyecto es viable desde cualquier punto de vista, aunque ello requiera de un poco más de tiempo para obtener una resolución por parte de la Semarnat.
Un ducto de turbosina, la segunda parte del proyecto
Durante la reunión, el ejecutivo de Armamex explicó que la instalación de terminales de almacenamiento para hasta cien mil barriles de turbosina sólo es la primera etapa del proyecto, por lo que los tanques contenedores que tanto preocupan a un sector de la población sólo serán temporales.
La segunda etapa del proyecto prevé solicitar los permisos necesarios para construir un ducto de turbosina de 26 kilómetros para trasladar el combustible directamente hasta el aeropuerto de Cancún donde se tiene un consumo de alrededor de 54 millones de litros mensualmente, dado que esta terminal aérea es la segunda en el país en vuelos nacionales y la primera en vuelos internacionales, por encima del aeropuerto de la ciudad de México.
Abastecer tal demanda con pipas no sólo resulta peligroso, sino sumamente caro y caótico, ya que están expuestos a cualquier tipo de calamidad como las que en el pasado han ocurrido, con cierres y cortes de carreteras como consecuencia de fenómenos naturales o conflictos sociales.
Además, reveló que aunque existen otros proyectos que prevén la construcción de ductos para abastecer a Quintana Roo de otros combustibles, como la gasolina o el diesel, no existe un proyecto viable para construir un tubosinoducto desde Puerto Progreso, que es el lugar más cercano que hay para la descarga del combustible, por un asunto de seguridad nacional.
Explicó, por ejemplo, que el litro de turbosina comercial es en promedio de once pesos, pero en el mercado negro ese mismo litro de combustible puede alcanzar hasta los 500 pesos porque se usa para actividades ilegales, en alusión a los aviones que operan a las órdenes de las mafias de narcotraficantes.
Entonces, construir un ducto de turbosina tan largo, como de 400 kilómetros que separan a Leona Vicario de Puerto Progreso, resulta inviable y peligroso por la conocida ordeña de ductos.
Por ello, Petróleos Mexicanos sólo tiene la opción de traer el combustible directamente por vía marítima, donde se pueden tener controles altamente seguros, y construir un pequeño ducto, de 26 kilómetros, que dado su tamaño, es fácil de vigilar para evitar acciones ilícitas.
Mencionó que esta segunda parte del proyecto de Armamex representaría una inversión de quince millones de dólares, adicional a los cinco millones de dólares que aproximadamente podría costar la instalación de las terminales de almacenamiento de la primera etapa.
Comité ciudadano de especialistas
El ejecutivo reconoció el derecho que tienen los habitantes de Puerto Morelos para preocuparse por las implicaciones de un proyecto que no conocen, pero aseguró que se están tomando una serie de medidas adicionales, exigidas por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, para garantizar que no ocurrirá ningún tipo de incidente y, que en caso de una gota de turbosina caiga al mar, ésta será recogida de la manera más eficiente.
No obstante, dijo que la empresa está considerando destinar una pequeña cantidad del costo de cada barril de turbosina transportado para crear una bolsa que podría ser administrada por un fideicomiso para pagar a un grupo de especialistas de la propia comunidad para que sean ellos los encargados de monitorear permanentemente cada uno de los procesos de descarga y transportación del combustible para que el pueblo esté seguro y tranquilo de que todo se realiza de acuerdo a las normas y con total seguridad.
Señaló que parte del dinero también se podría usar para programas de conservación, pero insistió en que una parte se destine para pagar a los especialistas que tengan la confianza del pueblo.
Como parte de la consulta pública, durante las últimas semanas el directivo de Armamex se ha reunido con diversos grupos representativos de la comunidad de Puerto Morelos, pero este martes el propietario de la empresa, Rodolfo Mora, estará presente en una formal rueda de prensa en un hotel de Cancún, para dar a conocer los detalles del proyecto a la opinión pública en general. (Noticaribe)