El delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Pedro Ramírez Violante, explicó que el amparo que presentó ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, es un recurso de inconformidad por una orden de ejecución de sentencia de un juzgado federal por un asunto jurídico que data de 20 años atrás, y que está relacionado con el aseguramiento de un bien inmueble en la zona residencial de Pok Ta Pok que era propiedad del ex agente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, Rafael Muñoz Talavera, involucrado en delitos contra la salud.
Requieren a Ramírez Violante en el DF para evaluación periódica
Tras aclararse que el delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), Pedro Ramírez Violante, no tramitó ningún amparo a favor de su persona y en contra de las autoridades federales y/o estatales; Bello Melchor Rodríguez Carrillo, procurador de Justicia del Estado, reveló sin embargo que el delegado fue requerido a la ciudad de México para una evaluación que se hace periódicamente a nivel federal.
El funcionario federal fue convocado en días pasados a la capital del país para examinar su trabajo y así se determine y califique su paso por la delegación estatal.
Sobre algún amparo que haya tramitado el propio delegado pero en contra de autoridades estatales, el procurador dijo: "No nos ha llegado ningún amparo del delegado, yo personalmente firmo las contestaciones de los amparos que se presentan en el Estado de Quintana Roo, consecuentemente conozco quiénes se amparan a diario en contra de actos del procurador o de actos en contra de algún Ministerio Público de la judicial...
El delegado fue llamado a la ciudad de México, porque periódicamente todos los delegados federales del país, son llamados a la sede central, para hacerles evaluaciones, esto es, para encaminarlos con respecto a su trabajo, les ponen una calificación y ese es el parámetro para determinar si siguen en ese cargo o no...
...el delegado Pedro Ramírez Violante a eso fue a la ciudad de México, no está arraigado, no tiene ninguna averiguación, sino que fue estrictamente por un asunto relacionado con su trabajo".
En cuanto a los amparos promovidos por el director de la cárcel, Juvenal Reyes Marrufo, y el subdirector José Larrañaga Chiquete, son conocidos legalmente como amparos exploratorios y se tramitan por la presunción de alguna orden de aprehensión -en este caso pudo ser por la averiguación previa iniciada por el motín ocurrido el pasado 8 de diciembre en la prisión municipal-.
"Pero a veces lo hacen únicamente para conocer si existe alguna orden y las autoridades federales tiene que informar de la existencia o no, pero nada más", aclaró.
Indicó que ese amparo se trata de un acto individual para protegerse de acciones legales del fuero federal y además, lamentó que por ello se haya generado confusión.
Cabe señalar que el juicio de amparo se prosigue en el expediente número 216/98 (por la venta del bien asegurado) y la queja que interpuso la PGR ante el Segundo Juzgado Tribunal Colegiado en el expediente 10/02 fue tras el seguimiento jurídico de la delegación, y el acuerdo se emitió apenas el pasado 16 de enero del presente año.
En entrevista, Ramírez Violante explicó: "Yo como delegado de la Procuraduría, tengo que hacer valer los derechos de la institución ante los tribunales correspondientes, en este caso se emitió una sentencia por parte de un juez de distrito, en la cual, según mi consideración, excede las facultades de la misma sentencia, entonces yo me inconformo como delegado de la Procuraduría toda vez de que va más allá de lo que la misma sentencia señalaba...".
Es decir -agregó-, esto es derivado de un amparo que se concede en contra de unas personas para que le regresen el inmueble que ya fue vendido por medio de una subasta pública (que se hizo conforme a la ley, 10 años después del aseguramiento del bien).
"El objeto del amparo era para que se venga abajo la subasta y se dejara de inscribir ante el Registro Público de la Propiedad (a nombre de quien compró de buena fe el inmueble), entonces esto se cumplió y tras esto el juez me obliga a mí como delegado de la institución, a que le dé posesión a otra persona de ese inmueble (a los familiares de Talavera), circunstancia que no dice la sentencia...".
"...Entonces contra esto me inconformo e interpongo un amparo a favor de la institución y no de forma personal como cualquier ciudadano común y corriente".
Del mismo modo, recordó que este es un juicio que se ventila desde 1998 en el cual, a unas personas se les desposeyó de un departamento en la Zona Residencial de Pok Ta Pok, e inició su juicio de amparo y los juicios de amparos, mismos que ya se están resolviendo.
"Están terminando de concluir y bueno, ahorita ya estamos en esa fase de conclusión en la cual, para mi, desde el punto de vista muy personal, el juez de distrito se excedió de sus facultades".
Además, aclaró que dicho recurso no sólo lo interpuso él como delegado, sino que además lo hizo también el propio Procurador General de la República, el director general de amparo y el director general de bienes asegurados que forman parte del proceso.
En contexto, subrayó que ante la insistencia del juez que lo quiere obligar a que saque a la gente que está en ese inmueble (a la familia que ganó la subasta) y se la entregue a la sucesión testamentaria de Rafael Muñoz Talavera, fue lo que motivó a que la PGR se inconformara.
"Es por eso que yo me inconformo, porque el juez está mal, pues eso no dice la sentencia de amparo (que le entregue la casa a la sucesión testamentaria) y por eso acudo ante el Tribunal Colegiado para señalar que la determinación del juez es indebida".
Breve historia del bien asegurado y su propietario
Resulta que en 1987, la entonces Policía Judicial Federal (hoy PGR), incautó un bien inmueble en la Zona Residencial de Pok Ta Pok que era propiedad de uno de los capos del cártel de Juárez, Rafael Muñoz Talavera (a) "Don Rafa" (quien fue hallado muerto en 1998 en Ciudad Juárez en el interior de una camioneta blindada de su propiedad con un disparo en la cabeza, misma que estaba cubierta con una bolsa de plástico negra y cinta adhesiva industrial, sus manos y piernas estaban atadas y su cuerpo presentaba huellas de tortura).
A raíz de eso, la dependencia federal prosiguió el procedimiento jurídico con el bien asegurado y tras varios años, en el mismo periodo que lo ejecutaron, se autorizó la venta de la casa y ésta se hizo por medio de una subasta pública y tras esto, se hizo el trámite ante el Registro Público de la Propiedad, propiciando que inmediatamente la sucesión testamentaria de "Don Rafa" se inconformara presentando la demanda correspondiente.
Hoy en día han pasado 20 años (desde que se aseguró el inmueble -1987- y éste se vendió en subasta -1997-) y el procedimiento jurídico continúa su curso con el recurso de inconformidad que presentó la delegación de la PGR por la orden de ejecución de sentencia del juzgado federal, quien insiste que se saque a la familia que la habita y que el bien se entregue a la sucesión testamentaria, acción a la que la dependencia federal se opone.
En información que se pudo recabar en torno a los antecedentes de "Don Rafa", a esta persona la señalan de haber iniciado la "guerra" entre los cárteles en Ciudad Juárez desde 1997, cuando ordenó ejecutar a un distribuidor al por menor, en un intento por apoderarse del control del cártel dejado vacante por Amado Carrillo Fuentes.
Por esas mismas fechas, según la DEA, Muñoz Talavera introdujo 20 toneladas de cocaína decomisadas en una bodega ubicada en Sylmar, un suburbio de la ciudad de Los Angeles en California; además, la misma organización colocó otras 40 toneladas en ciudades norteamericanas. De acuerdo al informe de la DEA, de las relaciones con el poder que le permitieron a Talavera crecer se menciona al ex secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, al ex comandante de la PJF en Chihuahua, Elías Ramírez Ruiz, y a Carlos Manuel Salas, ex subdelegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)