Aún cuando falta más de la mitad de los ex funcionarios detenidos en torno a las narcoejecuciones de noviembre del 2004 por sostener careos, quienes ya lo hicieron confían en que las diligencias ya practicadas les fueron favorables y sean elementos para que el juez Tercero de Distrito dicte una sentencia favorable.

Familiares de algunos detenidos por estos hechos, manifestaron que desde el tiempo en que han estado recluidos en el Cereso, los abogados defensores aportaron pruebas en las cuales demuestran que no participaron en dichos acontecimientos y más bien señalaron que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) trata de implicarlos en dichos sucesos.

Algunos de los implicados en la muerte de varias personas, entre los que se encontraban elementos activos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) han recuperado su libertad, pero un grupo importante aún está bajo proceso.

Los inculpados iniciaron desde hace unas semanas careos constitucionales con testigos protegidos de la misma SIEDO como parte del proceso. La lista de quienes ya comparecieron está encabezada por el empresario Alejandro Hernández Agis, mejor conocido como "Totoy"; el ex director operativo de seguridad pública, Felipe de Jesús Argüelles Mandujano (a) "El Rayo", el ex comandante de la Policía Judicial del Estado (PJE) en la zona hotelera, Everardo Castro Colorado y, recientemente el ex delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), Miguel Angel Hernández Castrellón.

Todos ellos, a través de sus familiares o vía telefónica, han manifestado ser inocentes.

Los que faltan por declarar son: el ex coordinador regional de la AFI, Manuel Villalobos, así como Rubén Cecilio Rodríguez, Guillermo González Sobrado, alias "El Tigre" ex agente de la AFI; Lourdes Gómez, Sergio Villavicencio, Oscar Segura Ceniceros, María del Carmen Gómez Lavín, José Luis Guzmán, Guadalupe Hernández, Víctor Manuel Argáez Solís y Ramón José Pérez.

Las diligencias están programadas para el próximo mes de marzo y abril, razón por la cual serán trasladados del Cereso de Mérida al edificio del Poder Judicial Federal en Cancún, sede del Juzgado Tercero de Distrito donde se inició el proceso penal contra dichos ex funcionarios. (Fuente: Novedades de Quintana Roo)