De acuerdo a documentos obtenidos a través de la Unidad de Acceso a la Información de ese municipio, la comuna acumuló una importante deuda derivada del impuesto sobre la renta, retenido a los trabajadores pero que no fue entregado al Sistema de Administración Tributaria, durante la administración de José Ignacio García Zalvidea “El Chacho”.

Según el desglose presentado en la propuesta de Auditores Corporativos Fiscales del 10 de noviembre de 2005; en 2003 la administración “chachista” no reportó 20 millones 417 mil pesos, que actualizados al 2005 sumaban ya 28 millones 057 mil pesos.

En 2004, se retuvieron a los trabajadores 21 millones 293 mil pesos, que actualizados representaban 25 millones 441 mil pesos. En 2005 los impuestos retenidos fueron del orden de 18 millones 400 mil pesos, que actualizados ascendieron a 19 millones 790 mil pesos.

En su propuesta de servicios Auditores Corporativos se compromete a “regularizar y celebrar convenios con el Sistema de Administración Tributaria, dado que el monto de nuestro adeudo asciende a la cantidad de 73’289,172.00, por lo que el pago al Servicio de Administración Tributaria ascenderá aproximadamente al término de la negociación a una cantidad de 12’500,000, misma que se verá incrementada por el concepto de actualización y recargos hasta la fecha de pago”.

Es decir, de un adeudo de 73 millones 289 mil pesos que el ayuntamiento cancunense tenía con Hacienda, Auditores Corporativos lo reduciría a 12 millones 500 mil pesos, “al término de la negociación”, y por sus servicios, estaría cobrando al municipio de Benito Juárez 9 millones 600 mil pesos.

En su propuesta, aceptada por la actual administración, Auditores Corporativos señala que: “es imperante el iniciar los trámites de negociación con el Sistema de Administración Tributaria, apegándose a diversos decretos y procedimientos legales de modo que se obtenga una economía razonable para el ayuntamiento, y liquidar con ello una situación de alto riesgo, además de tener oportunidad de capitalizar políticamente, la liquidación de pasivos”.

No pasó por cabildo la contratación del despacho

En el contrato de prestación de servicios entre Auditores Corporativos Fiscales y el municipio de Benito Juárez, en su numeral 1.4 se hace referencia a la deuda autorizada por el Congreso del Estado por un monto de 560.8 millones de pesos.

En el numeral siguiente, se señala que “previo a las erogaciones que pretenda realizar el Ayuntamiento de Benito Juárez para el cumplimiento a pago a acreedores, deberá de contar con un dictamen de procedencia emitido por la Contraloría Municipal”, dicho dictamen posteriormente se estregaría al Órgano Superior de Fiscalización y finalmente a las Comisiones de Hacienda Presupuesto y Cuenta del Congreso.

Esto es, según se desprende de los documentos entregados, parte de los 560.8 millones de pesos contraídos en deuda, serían utilizados por el municipio para pagar a sus acreedores, que en el caso de Hacienda, en lo relacionado a los impuestos no reportados el adeudo ascendía a más de 73 millones, de los cuales, el ayuntamiento, sólo pagaría 12 millones 500 mil pesos, además de que entregaría 9 millones 600 mil pesos al despacho contable encargado de disminuir el costo fiscal.

Sin embargo, en el contrato de prestación de servicios no se establece en ningún numeral ni cláusula que el municipio no pagará 73 millones sino sólo 12 millones de pesos, ello se encuentra descrito únicamente en la propuesta que Auditores Corporativos Fiscales entregó al tesorero Juan José Asencio Reynoso.

Los elevados honorarios del despacho no fueron autorizados por el cabildo, que de manera general, el 7 de octubre de 2005 aprobó en su décima sesión “la contratación de los servicios especializados que correspondan, para que se apoye el trabajo de diagnóstico y el programa y procedimiento para el pago de adeudos anteriores”, aunque sin definir cuáles serían.

Por lo tanto, en lo particular, el cabildo no dio su visto bueno al ventajoso y oscuro contrato celebrado por el municipio cancunense.

Fue sólo el Comité de Adquisiciones del Municipio que en sesión ordinaria del 16 de noviembre, dos días antes de la firma del contrato, el que autorizó que se contratara a Auditores Corporativos Fiscales.

La pregunta es: cuánto informará Francisco Alor Quezada que se pagó: 76 millones de pesos o 12 millones de pesos. (Noticaribe)