Además, el desarrollo nunca obtuvo el permiso de cambio de uso de suelo forestal para poder llevar a cabo el desmonte de la zona donde se quiere construir la torre. Aun de haberlo tenido, el mayor cambio de uso de suelo que otorga la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para desmonte es en promedio de 3 mil 500 metros cuadrados. Grand Island destruyó mil metros cuadrados más de lo que le habría otorgado el permiso que no tenía.

Sobre este punto, la Profepa sólo realizó una clausura temporal de la obra y aceptó la solicitud de prórroga para que los constructores se pusieran al corriente, a pesar de que se tenían los elementos suficientes para proceder a la clausura total en ese instante.

En tanto, la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Benito Juárez, sin verificar a fondo el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), del proyecto de construcción, aprobó la licencia de edificación, aun cuando existían irregularidades a la vista.

Este será uno de los principales argumentos que utilizarán los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez para denunciar legalmente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencia que desde el pasado 4 de febrero de 2006 tenía conocimiento de las irregularidades que cometían los desarrolladores de los proyectos Bay View Grand y Grand Island.

En esa fecha, el director general de Impacto Urbano y Riesgo Ambiental, de la Profepa, Ricardo Juárez Palacios, realizó una inspección ocular en el área del lote 51 de la zona hotelera, donde se pretende edificar el proyecto de Grand Island, y encontró que la promotora de este proyecto no contaba con el permiso de cambio de uso de suelo forestal para hacer una "limpia" en la zona de mangle.

Asimismo, descubrió que no se cumplía con al menos seis condicionantes que marca la ley, y aun así aceptó ingresar a la dependencia federal una solicitud de prórroga para entrega de requisitos que tramitó en ese instante la desarrolladora del proyecto.

En esta misma tendencia, durante más de un año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hizo "mutis", al no proceder con clausuras totales del proyecto pese a tener los elementos suficientes para proceder dentro de un marco jurídico, entre ellos el relleno del manglar

Lo único que hicieron fue realizar una clausura temporal al pie de obra por espacio de un mes, permitiendo con esto que se mantuviera latente la posibilidad de construcción de la torre que podría causar un impacto urbano en la zona hotelera de Cancún.

Incluso esta clausura parcial está registrada en el oficio de la Profepa, fechado el 4 de febrero de 2006, cuando se hicieron las inspecciones al lugar donde en ese entonces se construiría la base de la torre a la que ahora se conoce como Grand Island.

Ricardo Juárez Palacios fue el encargado de supervisar las inspecciones y tuvo la facultad de otorgar la prórroga a los desarrolladores para que pudieran regularizar y poner al día sus permisos y requisitos, los cuales no tenían.

Lo que llama la atención de este hecho es que sin autorizaciones Grand Island se concibió significando esto un delito ecológico, ya que no tenía ni un permiso que avalara el desmonte y relleno de mangle como se hizo en su momento.

Aunado a esto, el caso más grande de negligencia de la Profepa es que en la inspección del 4 de febrero se descubrió que los desarrolladores habían devastado un total de 4 mil 500 metros cuadrados de zona de mangle, sin permiso alguno.

De acuerdo con fuentes oficiales de la propia Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), en total son siete irregularidades graves en las que incurre el proyecto Grand Island, que dan pie para que la obra pueda detenerse y ser sancionada de forma total para que no quede establecida en el kilómetro 23 de la zona hotelera de Cancún. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)