Y es que ayer por la mañana, durante el pase de lista de los agentes municipales, el alcalde Francisco Alor informó del nombramiento del contralmirante Miguel Ángel Ramos Real, como comisionado de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos.

Posteriormente, ahondó el alcalde, dicho nombramiento será sometido a ratificación del Cabildo de Benito Juárez. Ahí el alcalde pidió el apoyo para el nuevo comisionado.

Sobre dicha presentación y toma de protesta únicamente por el alcalde Francisco Alor y el regidor de Seguridad Pública, Melchor González Solís, opinó el ex magistrado, abogado y actual legislador local Joaquín González Castro, quien dijo que un cargo así debe aprobarlo el Cabildo.

"Todo servidor público, previo al ejercicio de función, debe cumplir con dos condiciones: el primero es ser designado por el órgano competente y rendir la protesta constitucional, son los dos elementos, entonces habrá que ver que se hayan cumplido con esos dos elementos".

Agregó que si bien urge nombrar a un encargado de la corporación de Seguridad Pública en Benito Juárez, "se debe cumplir con el protocolo, porque ningún servidor público puede entrar en ejercicio si no se cumplen esas dos condiciones".

Recordó que ese punto ya se presentó a debate desde el nombramiento del presidente de la república Felipe Calderón. "Se decía que tomaba posesión desde el primer minuto del día uno de diciembre, y nosotros sostuvimos que primero debe rendir protesta ante el Congreso de la Unión, no puede ser de otra manera, entonces por eso hablo de todos los servidores.

No se cumple con los reglamentos porque no ha rendido protesta. Naturalmente que es ilegal", señaló.
El también abogado Jorge Rodríguez Carrillo señaló que en este caso no se ha "cumplido con el reglamento, con las formas" porque el nombramiento del secretario general, tesorero y titular de Seguridad Pública, "es aprobado por el Cabildo". (Fuente: Novedades de Quintana Roo)