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Caso Lydia Cacho: recomendará la Suprema Corte someter a juicio político a gobernador Mario Marín
La comisión especial que encabeza el ministro Juan N. Silva Meza recomendará, durante la lectura de su informe sobre la investigación del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sea sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal por ser quien presuntamente organizó la confabulación de servidores públicos de esa entidad para detener e iniciar acción legal en contra de la comunicadora.
2005
Abril. La periodista Lydia Cacho Ribeiro publica el libro Los demonios del edén: el poder que protege a la pornografía infantil, investigación basada en testimonios de las víctimas de una red de pederastia encabezada por el empresario estadunidense Jean Succar Kuri.
22 de junio. El empresario Kamel Nacif Borge denuncia ante autoridades de Puebla a Cacho por difamación y calumnia; el denunciante pide al gobernador de esa entidad, Mario Marín, ejerza su influencia para que la comunicadora sea detenida por la publicación del libro en el que relaciona al textilero con Succar Kuri.
16 de diciembre. Lydia Cacho es detenida por la policía judicial poblana en Cancún, Quintana Roo, y trasladada vía terrestre a la ciudad de Puebla. La orden de aprehensión la libró la juez Rosa Celia Pérez González. Luego de casi 30 horas de arresto es puesta en libertad, después de pagar una fianza de 106 mil pesos.
23 de diciembre. La juez Pérez González dicta auto de formal prisión contra Cacho Ribeiro por los delitos de difamación y calumnia.
2006
17 de enero. La escritora es absuelta del delito de calumnia en una apelación de sus abogados ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, pero continúa sujeta a proceso por difamación.
20 de enero. El TSJ poblano admite la incompetencia jurídica de la juez Pérez González y traslada el juicio a Cancún.
14 de febrero. La Jornada publica grabaciones telefónicas entre el empresario textilero Kamel Nacif Borge y el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, donde queda clara la confabulación de servidores públicos de esa entidad y de Quintana Roo para la detención de Lydia Cacho.
13 de marzo. La periodista denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobernador de Puebla, Mario Marín; al empresario Kamel Nacif; a la procuradora de esa entidad, Blanca Laura Villeda Martínez, y a la juez Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones.
4 de abril. El juez estadunidense David K. Duncan autoriza la extradición a México del presunto pederasta Jean Succar Kuri, denunciado por la periodista Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, por encabezar una banda internacional de pederastia.
18 de abril. El Congreso de la Unión solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerza su facultad de atracción e investigue las presuntas violaciones a los derechos humanos de Lydia Cacho; el máximo tribunal admite la petición y determina crear una primera comisión investigadora.
5 de julio. Es extraditado a México Jean Succar Kuri, quien es recluido en un penal de Cancún.
3 de agosto. Roban de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el expediente del caso Lydia Cacho, que se abrió meses antes a petición de la propia periodista. El organismo presenta una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que indague sobre el robo.
9 de septiembre. Por siete votos en favor y tres en contra, la Suprema Corte determina ampliar la indagatoria sobre la violación de derechos sufrida por la periodista, a fin de que se investigue al llamado góber precioso. Se crea una segunda comisión especial.
28 de septiembre. La PGR atrae el caso del robo del expediente de la CNDH sobre el caso Lydia Cacho. Como resultado de la indagatoria son detenidas cuatro personas.
29 de septiembre. Se realiza ante un juez con sede en Cancún el primer careo entre la periodista y el empresario Kamel Nacif.
2007
2 de enero. Nacif Borge pierde en definitiva la batalla jurídica que inició un año antes contra Cacho Ribeiro, a la que acusó de difamación. Un juez del Distrito Federal determina desechar el juicio abierto en diciembre de 2005 por la juez de Puebla Rosa Celia Pérez González, debido a que en la ciudad de México ya fue derogado ese delito del Código Penal.
10 de marzo. La segunda comisión investigadora de la Corte inicia sus indagatorias en Quintana Roo y Puebla. Se interroga a funcionarios involucrados, a las víctimas de Jean Succar Kuri, a Lydia Cacho y a diversos comunicadores.
3 de mayo. En una diligencia judicial de casi 13 horas de duración, la periodista amplía su declaración en contra del presunto pederasta Jean Succar Kuri, quien frente a la comunicadora admite haber tenido relaciones sexuales con al menos una menor de edad.
8 de mayo. Lydia Cacho denuncia un posible atentado. Luego de que la Procuraduría General de la República le asignó una camioneta con chofer como parte de las medidas cautelares para protegerla, Cacho abordó la unidad en el aeropuerto de la ciudad de México. Luego de cinco minutos de trayecto, el vehículo fue detenido por el conductor, debido a que notó un percance en una de las llantas. La periodista no descarta que haya sido un intento de agresión en su contra.
24 de mayo. El gobernador Mario Marín comparece ante el ministro Juan N. Silva Meza y le entrega un escrito con su versión de los hechos.
6 de junio. El ministro Silva Meza reparte a sus colegas del máximo tribunal una copia del informe de la comisión especial que investiga el caso de Lydia Cacho, para que lo analicen antes de la sesión pública en que habrá de discutirse el tema.
También recomendará que sea desaforado el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, a fin de que se le pueda consignar ante tribunales.
Según consta en dicho informe existen registros documentales de que Pacheco operó de manera irregular para que se cambiara la decisión de una juez penal que originalmente había negado una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho, autora del libro Los demonios del Edén, dentro del juicio por difamación y calumnias que en 2005 inició en su contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge.
Asimismo, la comisión se manifestará por la destitución de la juez de lo penal Rosa Celia Pérez Camacho, quien ordenó en diciembre de 2005 la captura de la comunicadora, ya que inicialmente negó la medida cautelar, pero después, presuntamente recibiendo indicaciones de sus superiores, libró la medida. Fue ella quien dictó formal prisión en contra de la periodista y escritora, pero luego de su determinación se declaró incompetente para continuar con el juicio y lo turnó a las autoridades judiciales de Quintana Roo.
Por otra parte, el ministro Silva Meza sugerirá a sus compañeros que la Corte se manifieste en el sentido de exhortar a las autoridades ministeriales para que sean consignados y procesados por un juez los policías poblanos José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, quienes participaron en la detención de la periodista, el 16 de diciembre de ese año.
Según consta en el apartado de recomendaciones del mencionado informe, al que tuvo acceso La Jornada, se sugiere a los ministros que se pida a los jueces del país encargados de juzgar la comisión de delitos relacionados con actividades de pederastia -especialmente los que llevan los procesos contra el estadunidense Jean Succar Kuri- que consideren en sus juicios la necesidad de proteger las garantías constitucionales y derechos de las víctimas y ofendidos, a fin de salvaguardar la integridad de la niñez. Otra recomendación que será analizada por el pleno de la Corte menciona que es necesario exhortar al Congreso de la Unión a que legisle en materia de protección a la infancia y se creen tribunales especializados en juicios relativos a la trata de menores, explotación sexual infantil y pederastia.
Según fuentes judiciales consultadas, la idea es que existan órganos jurisdiccionales especializados en el país que conozcan el perfil de sujetos con inclinaciones a las prácticas de pederastia, para que se pueda impartir ''justicia expedita'' y con ''conciencia humana'' en casos de violaciones a menores, explotación sexual y pornografía infantil.
Una sugerencia más que la comisión especial hace en su informe final es la relativa a que el Congreso de la Unión realice los ajustes normativos correspondientes para que se ordene la creación de una institución pública que atienda las necesidades de las víctimas y ofendidos que fueron afectados por prácticas ligadas a pederastia.
La recomendación a los legisladores es que dicha institución brinde atención siquiátrica y/o sicológica especializada para atender los daños colaterales a una violación sexual, explotación infantil o actividades delictivas similares, ya que está demostrado científicamente que ese tipo de acciones ilegales provoca entre niños y adolescentes afectados síndromes como el de Estocolmo y el de estrés postraumático.
La comisión que encabeza el ministro Silva Meza, integrada por los magistrados Enrique Escobedo Angeles, Emma Meza Fonseca y Sergio Alvarado Puente, realizó durante más de dos meses inspecciones judiciales en los estados de Puebla y Quintana Roo. Su trabajo consistió en recabar pruebas documentales y periciales, testimonios de víctimas y funcionarios implicados en este caso de presunta confabulación de servidores públicos, por un lado, y de una presunta red de pederastia internacional que opera desde Cancún, con conexiones en al menos cinco entidades mexicanas y en diversos países.
Desde la semana pasada fue repartido a cada uno de los 11 ministros que integran el máximo tribunal copia del informe elaborado por dicha comisión, así como el apartado de las recomendaciones que están a consideración de los juzgadores y que serán discutidas durante la sesión del caso, la cual se espera que pueda empezar el próximo jueves. Hasta el pasado viernes, el informe elaborado por dicha comisión de la Corte contaba con el respaldo total de cinco ministros.
A decir de las fuentes consultadas, el ministro Silva Meza cuenta hasta el momento con el respaldo de los ministros Genaro David Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco González Salas y José Ramón Cossío. Se sabe también que los juzgadores ligados al ala conservadora de la Corte, entre ellos Mariano Azuela, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Sergio Valls y Margarita Beatriz Luna Ramos, se oponen terminantemente a que se admitan las propuestas de la comisión especial, ya que, desde su perspectiva, hacerlo de esa manera significaría dar facultades de Ministerio Público al máximo tribunal.
Para que sean aprobadas las sugerencias del informe que elaboró Silva Meza en más de dos meses de trabajo, se requiere una votación mínima de seis ministros que se manifiesten en ese sentido, por lo que el voto del presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, puede ser la diferencia en este litigio en el que la Corte sólo emite una opinión que jurídicamente no es vinculante (obligatoria) para los poderes Legislativo y Ejecutivo federal y estatales. El informe señala que, desde hace más de 20 años, en diversas ciudades del país operan redes de prostitución infantil con nexos internacionales, las cuales afectan gravemente el desarrollo físico, moral, ético y sicológico de la niñez mexicana.
Respecto de la participación del llamado góber precioso en la detención ilegal de Lydia Cacho, y el inicio irregular de la acción penal en contra de ésta, el informe -comentaron fuentes judiciales- plantea que sí hay elementos que involucran al funcionario estatal y otros empleados de su administración; sin embargo, no menciona que se hayan detectado nexos entre Marín y las redes de pederastia que hay en el territorio nacional.
La responsabilidad del mandatario poblano se limita a haber permitido a sus subordinados detener, procesar y causar afectaciones sicológicas a Lydia Cacho, en respuesta a una petición del empresario Kamel Nacif.
En cuanto al problema de prostitución infantil detectado, el informe del ministro señala que no ha sido atendido por las autoridades federales, estatales ni municipales del país, lo que se ha traducido en total impunidad para los responsables. Según fuentes judiciales de alto nivel, la comisión no determinó ningún vínculo de Marín y Nacif Borge con la red de pederastia que encabezó, desde Cancún, Jean Succar Kuri.
Se prevé que el próximo jueves se inicie la discusión en el pleno de la Corte sobre el caso Lydia Cacho. (Fuente: La Jornada)
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