La comisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga el Caso Lydia Cacho ordenó que fueran intervenidos durante casi dos meses los teléfonos de oficina y privados de siete funcionarios de Puebla y Quintana Roo, incluido el del Gobernador Mario Marín.

El proyecto de informe del Ministro Juan Silva Meza, consultado por REFORMA, y pendiente de aprobación por la Corte, indica que la juez federal Taissia Cruz Parcero autorizó las intercepciones a instancias de la comisión, en el periodo del 26 de abril al 11 de junio de este año.

La PGR, por conducto de la SIEDO, fue quien solicitó las intervenciones, y ella misma las ejecutó. Entregó a la comisión 45 discos compactos que contienen 2 mil 90 conversaciones.

Los teléfonos intervenidos en Puebla fueron los de Marín, de la Procuradora Blanca Laura Villeda, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco, su asistente Enrique Ruiz, la juez Rosa Celia Pérez, y el empresario Kamel Nacif.

En Quintana Roo se autorizó el monitoreo al Procurador Bello Melchor Rodríguez, y la presidenta del tribunal estatal, Lizbeth Song. En este caso, el informe no aclara si se concretó la orden.

Es la primera vez que este método se utiliza en una investigación que no es de carácter penal, desde que la intervención telefónica fue reglamentada en 1996 en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La comisión dedica más de 90 páginas del informe a transcribir registros de las llamadas que hicieron los protagonistas del caso -entre octubre de 2005 y enero de 2006- para apoyar la conclusión de que autoridades estatales y el empresario Kamel Nacif actuaron concertadamente para afectar garantías individuales de Lydia Cacho.

El proyecto de resolución asegura que "sí existió concierto de autoridades de los Estados de Puebla y de Quintana Roo, para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro, violando además los principios democráticos de federalismo y división de poderes, en especial el principio de independencia judicial".

Además dice que el Congreso deberá decidir en definitiva sobre la procedencia o no del juicio político contra Mario Marín.

Duda la SCJN de funcionarios

La comisión de la Suprema Corte de Justicia que investigó el caso Lydia Cacho concluyó que no se le puede creer a los funcionarios del Gobierno de Puebla.

"Una inmensa mayoría aparentemente fue aleccionada con el fin de no contribuir al alto y significativo propósito de conocer la verdad de los hechos suscitados con motivo de la orden de aprehensión girada contra Cacho", señala el proyecto de informe del Ministro Juan Silva Meza.

Los comisionados entrevistaron a 65 servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla, a los que encontraron poco confiables porque en sus respuestas omitieron datos, tuvieron coincidencias o negaron conocer a los empresarios Kamel Nacif y Hanna Nakad.

La comisión concluyó que Mario Marín operó una venganza de Nacif contra Cacho, para la que existió una acción concertada de los poderes Ejecutivo y Judicial de Puebla. (Fuente: Reforma)