De acuerdo con fuentes extra oficiales de la delegación estatal de la Profepa, los trabajos en torno a la revisión del proyecto comenzaron en los días posteriores a la presentación de la denuncia de carácter ambiental interpuesta por el Cabildo del Ayuntamiento Benito Juárez.

En este punto, la dependencia federal estableció un paréntesis ya que la demanda elaborada y firmada por el cuerpo de regidores presentaba inconsistencias jurídicas dentro de su integración. Por ello es que sólo se tomó la parte documentada de la denuncia para iniciar los procedimientos legales correspondientes y atender el asunto.

Entre las revisiones realizadas por la Profepa para atender la denuncia del gobierno municipal, se encuentran puntos como la presunta devastación de zona de mangle para edificar la construcción.

En la denuncia de los regidores benitojuarenses, se afirma que fueron un total de 4 mil 500 metros cuadrados que devastó el grupo desarrollador del proyecto Grand Island en el kilómetro 23 de la zona hotelera.

Otro punto que tocó la revisión de las autoridades federales fue el relleno del manglar, violación que también se encontraba dentro del documento original presentado por el cabildo en el mes de mayo de este año.

A estos dos puntos se le sumó uno que la Profepa ya tenía archivado desde el 4 de febrero del 2006 y es relacionado con el permiso de cambio de uso de suelo forestal para a cabo el desmonte de la zona donde los desarrolladores pretenden edificar la torre de condominios.

En esta área los inversionistas del Grand Island llevaron a cabo un desmonte mayor a lo autorizado por la Comisión Nacional Forestal, Conafor, lo cual representó una violación a un dictamen federal.

Incluso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizó en esas fechas (febrero del 2006), una clausura temporal de la obra y aceptó la solicitud de prórroga para que los constructores se pusieran al corriente, a pesar de que se tenían los elementos suficientes para proceder a la clausura total.

De acuerdo con la dependencia federal, además de estos puntos se revisaron por lo menos otros seis condicionantes que aparentemente no se cumplieron por parte del Grand Island.

Con los resultados de las inspecciones realizadas, la Profepa ingresó ya a evaluación los procedimientos realizados para que el proceso continúe el cause legal correspondiente a este tipo de casos.

Sin embargo, debido a la carga de trabajo que tiene el órgano regulador ambiental, no se cuenta aún con una fecha para poder emitir una resolución final y con ello determinar si se sanciona de forma permanente o no el proyecto. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)