Irónicamente, Francisco Alor, será uno de los 25 alcaldes, de entre dos mil 400 del país, que hoy recibirá el Premio Nacional de Buen Gobierno, en el marco del IV Foro internacional sobre municipalidad, que tiene verificativo en Saltillo, Coahuila.

Su reiterada negativa a transparentar su gestión comenzó un segundo capítulo el 3 de octubre pasado, cuando la Junta de Gobierno del ITAIP resolvió el Recurso de Revisión RR/020-07/SVRS, en el que acordó, por unanimidad, ordenar a la Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información Pública (UVTAIP) del municipio de Benito Juárez desclasificar la información referente a los compromisos, contratos y convenios celebrados con medios informativos, locales, nacionales e internacionales.

Por segunda ocasión, el ITAIP le requierió al alcalde de Cancún hacer públicos los convenios que tiene con medios de comunicación, y por segunda ocasión, Francisco Alor, a través de su Unidad de Transparencia, se negó a entregar los documentos.

El primer incumplimiento y la confabulación del ITAIP

No sobra recordar que el primer desacato de Alor Quezada y su Unidad de Transparencia se dio respecto del Recurso de Revisión RR/007/07/ENMC, en el que se le ordena decir a cuánto asciende el monto de 22 convenios firmados con medios de comunicación.

En este caso, y en virtud del incumplimiento, el 27 de agosto se le hizo llegar al ITAIP un oficio solicitándole que tomara las medidas de apremio que establece el artículo 100 de la Ley de Transparencia.

El artículo 100 dice textualmente que “el Instituto aplicará, a su prudente arbitrio, los siguientes medios de apremio a quien desacate una resolución o acuerdo que recaiga en el recurso de revisión (…) amonestación; o multa equivalente al monto de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general diario vigente en el “Estado”.

Hasta la fecha, y aún cuando se le solicitó al ITAIP que se aplicara de la manera más severa el artículo 100 ante el incumplimiento de la resolución, ya que los funcionarios no habían entregado la información sobre los montos de los convenios.

La Junta de Gobierno del ITAIP conminó a Francisco Alor Quezada para que le ordenara a su Unidad de Transparencia entregar la información, no obstante ello, el alcalde de Cancún, por ser el principal interesado en ocultar los datos, no lo hizo.

En el tercer párrafo del artículo 100 se establece que “cuando no se cumpliere la resolución, a pesar del requerimiento (…), el Instituto procederá a solicitar la destitución del servidor público que incumplió, ante la instancia que corresponda”.

Frente a la reiterada negativa del titular de la Unidad de Transparencia de Benito Juárez, el ITAIP ya debería haber solicitado la destitución del funcionario; basado en el referido artículo 100; sin embargo, la Junta de Gobierno de este Instituto, en una abierta confabulación con el alcalde de Cancún, Francisco Alor, no nada más no ha procedido a solicitar su destitución, sino que tampoco ha multado a los funcionarios que han violado la ley de acceso a la información.

El funcionario que debe ser destituido

Ricardo Gordillo Chaires, es el titular de la Unidad de Vinculación, Transparencia y Acceso a la Información Pública (UVTAIP) de Benito Juárez, y es el funcionario público que debe ser destituido por no entregar la información que el Instituto de Transparencia le ordenó proporcionar.

En entrevista con este medio, Gordillo Chaires se negó a explicar por qué no había dado cumplimiento al resolutivo de los recursos de revisión RR/007/07/ENMC y RR/020-07/SVRS, pues dijo que ya lo había hecho ante la Junta de Gobierno del ITAIP.

“Entiendo su preocupación porque como cualquier ciudadano quiere aclarar qué pasa, mi obligación es darle una repuesta al ITAIPQROO”, “Está todo documentado en un documento” aseguró el funcionario.

Gordillo Chaires insistió en que no era al ciudadano a quien debía responder por el incumplimiento, sino al Instituto de Transparencia: “los elementos ya los expuse ante quien debía entregarlos, yo ya hice las observaciones de porqué, al menos al día de hoy, no se le han entregado (los convenios)”.

También dijo que “no se está negando a entregar la información, lo que pasa es que hay un impedimento”, insistió.

Cuando se le cuestionó cuándo había hecho llegar su “justificación o “excusa” al ITAIPQROO, dijo “no tengo la fecha, no tengo el documento a la mano; nosotros cumplimos en tiempo y forma como establece la Ley. La ley me permite mandar por correo certificado los documentos, y si no le ha llegado (al Instituto) no es culpa mía”

Ante la insistencia de la reportera por conocer la reiterada negativa de la oficina a su cargo, Gordillo Chaires remató: “conmigo ya no es el pleito, el pleito es con el Instituto”

Por su parte, la consejera Verónica Ramírez negó haber recibido algún documento de la Unidad de Transparencia de Benito Juárez, relacionado con el recurso RR/020-07/SVRS.

No sobra decir, que el Recurso de Revisión es la última medida contemplada por la ley de la materia, por lo que la Unidad de Transparencia de Cancún ya no cuenta con ningún medio legal para sostener su negativa, y los supuestos documentos enviados por correo tampoco tienen ninguna validez. (Noticaribe/Fabiola Cortés)