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Absuelve la Corte a Mario Marín
CANCUN, MX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó hoy condenar al Gobernador de Puebla, Mario Marín, por la supuesta violación grave de garantías contra la escritora Lydia Cacho.
"La Corte ha avalado la impunidad y ha avalado la corrupción entre un Gobernador y un protector de una red de pornografía y de pederastas", dijo en entrevista.
Advirtió que no puso todas sus expectativas en un fallo de la Suprema Corte a su favor, pero intuía, por la sesión del martes, que tenía 6 votos a favor y que la resolución del Máximo Tribunal sería dar facultades al Congreso para realizar juicio político a Mario Marín.
"No solamente en lo personal como mexicana me parece grave la resolución de la Corte, sino por las consecuencias que tiene a futuro.
"Lo más significativo, además de la votación, fue la risa de alegría, de goce, de desparpajo, la carcajada que expresó el ministro presidente Ortiz Mayagoitia minutos después de dar su voto de calidad", dijo la periodista a REFORMA.
Explica que ahora sabe que incluso desde la Suprema Corte las y los mexicanos no tienen derecho a la justicia.
Atrás de todo, acusó, siguen los hilos políticos de los abogados de Mario Marín, de Emilio Gamboa y del empresario textilero Kamel Nacif.
"Es una vergüenza que la Suprema Corte haya llegado a esto", señala.
Con la voz entrecortada, Cacho indica que el Máximo Tribunal le arrebató al derecho a defenderse, pues ya no puede seguir presionando en el caso.
"En realidad la Suprema Corte me arrebató el derecho a defenderme, no a ganar, sino a defenderme", expresa. (Fuente: Reforma)
Además, la mayoría señaló que no hay evidencia contundente de que existió una conspiración de autoridades para agilizar la denuncia del empresario Kamel Nacif contra Cacho por el libro "Los Demonios del Edén".
"No se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa", dijo la ministra Olga Sánchez, quien consideró que la acción penal por difamación contra Cacho se desarrolló en términos legales.
"La llamada telefónica (entre Nacif y Marín), aún suponiéndola probada en toda la extensión, no surte un ponerse de acuerdo del Ejecutivo con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ni una orden a la procuraduría, para que actuando conjuntamente consumaran actos ilegales en contra de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho", afirmó el Presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Margarita Luna y Sergio Valls se sumaron a Ortiz y Sánchez.
Esta última afirmó incluso que Cacho fue sometida a "tortura psicológica" durante su traslado de Cancún a Puebla, en diciembre de 2005, pero que se trató de una afectación menor, remediable con otros recursos jurídicos.
Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el encargado de la investigación, Juan Silva Meza, integraron el bloque que sostuvo tanto la violación grave de garantías, como la responsabilidad de Marín y otros 29 funcionarios estatales.
"Son muchas, pequeñas, acumuladas, constantes las violaciones, y es el patrón lo que genera la violación", afirmó Cossío, quien aceptó que no está claro si durante el traslado se torturó a Cacho.
"Tengo la convicción de que en un estado democrático de derecho no hay lugar para la impunidad", dijo Silva, cuando ya era claro que el caso estaba perdido.
Para este grupo, el concierto de autoridades para afectar a Cacho es en sí mismo una violación grave de garantías, pero la mayoría no estuvo de acuerdo.
El fallo puso fin a un caso que estuvo casi dos años en la Corte y requirió dos comisiones investigadoras a partir de abril de 2006, luego que estalló el escándalo por la difusión de la llamada telefónica en la que Nacif agradeció a Marín su apoyo en el caso.
De haber sido aprobado el dictamen de Silva contra Marín, la Corte lo hubiera turnado al Congreso y a otras autoridades, aunque éstas no hubieran tenido obligación legal de tomar medidas específicas.
"Consta que (Cacho) fue recibida por la persona que preside el organismo de derechos humanos de Puebla, consta que se le preguntó si había sufrido incomunicación, tortura o presiones de alguna naturaleza, y dijo que no", narró Salvador Aguirre, en referencia al traslado de Cacho.
"Con posterioridad van cambiando las versiones. Para mí merece fe y crédito su espontánea declaración ante la persona encargada de los derechos humanos", agregó Aguirre, quien se burló de la versión de una "intimidante camioneta blanca" que siguió a Cacho durante su traslado.
Mariano Azuela reiteró que la Corte sólo debe investigar violaciones de "gravedad especialísima", mientras que Sergio Valls simplemente señaló que no está probada dicha violación.
En abril de 2006, cuando se aceptó la solicitud del Congreso para investigar, Sánchez y Valls estuvieron a favor; Guillermo Ortiz y Margarita Luna siempre se opusieron, y hoy reiteraron su postura. (Fuente: Reforma)
Señaló en un escueto comunicado que no había cometido delito alguno, tal y como “lo expresé hace 19 meses, momento en que se inició esta investigación”.
Por eso, reiteró su confianza y respeto a las determinaciones que tomó el máximo tribunal de justicia del país.
En el texto, el mandatario poblano afirmó que “como abogado, como gobernador del estado y como ciudadano reconozco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un tribunal colegiado, garante del control constitucional y promotor de la vigencia del Estado de Derecho”.
Finalmente, Marín Torres manifestó que “ha quedado demostrado con la experiencia, que el respeto a nuestras instituciones y a las decisiones que de ellas provengan, son la vía para contar con un México de progreso”. (Fuente: El Universal)
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