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Denuncian presión política en PGR para cerrar el caso Lydia Cacho


Dic
15
2007

CIUDAD DE MEXICO.— En la investigación penal que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso de la periodista Lydia Cacho se está actuando con tintes políticos y no jurídicos, afirmó su abogado Xavier Olea, quien señaló incluso que existe el temor de que al final el expediente se envíe al archivo.

Este es el trasfondo legal, dijo, de la renuncia anteayer de Alicia Elena Pérez Duarte como titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, ya que la ex funcionaria alistaba el ejercicio de la acción penal cuando se decidió que la indagatoria que integraba se remitiera a otra área. Xavier Olea afirmó que en la investigación que encabezaba la ahora ex fiscal se logró acreditar que su cliente había sido torturada en diciembre de 2005, cuando la detuvieron en Cancún, Quintana Roo, agentes judiciales de Puebla ante una orden de aprehensión en su contra por difamación. “Por lo menos por el delito de tortura la PGR tiene acreditada la responsabilidad de los agentes judiciales y de su jefa, Blanca Laura Villeda, procuradora de justicia de Puebla, pero cuando se preparaba el ejercicio de la acción penal el expediente se acumuló al que integra la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas”, indicó el abogado, quien explicó que la decisión de acumular las averiguaciones previas provocó diferencias entre la fiscal y el responsable de la PGR, Eduardo Medina Mora.

Sesgo político Xavier Olea dijo que en la dependencia hay señales de que se actúa con un sesgo político en la investigación, que lleva 22 meses sin que hasta ahora existan indicios de que se actuará contra los denunciados, como el gobernador poblano Mario Marín, por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad y tortura.

No obstante, en su renuncia, Elena Pérez Duarte dijo que su decisión se fundamentó en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que los ministros optaron por no analizar de fondo el tema de las redes de pederastia y concluyeron que no hubo violaciones graves a las garantías de Lydia Cacho, por falta de pruebas de un plan entre autoridades para actuar en su contra.

La ex fiscal especial comió el viernes con Medina Mora, y aprovechó para presentar su renuncia, que le fue aceptada. Este fin de semana ella y su equipo hicieron la entrega de la Fiscalía. Aunque en la PGR no se oficializó el hecho, la dependencia confirmó que el cargo será ocupado por Guadalupe Morfín Otero, quien fuera Comisionada Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, designada por la Secretaría de Gobernación. (Fuente: El Universal)



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