A pesar de que aseguraron que no lo harían, al final, los legisladores “se pusieron de acuerdo” y ratificaron la concesión que el 28 de agosto del año pasado, con 11 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, aprobó el Cabildo para que la empresa Corporación Integradora de Servicios Administrativos opere un club de playa sobre una extensión de 11,882 metros cuadrados.

Los diputados priístas y convergentes se impusieron en la votación, y con ello dejaron a los cancunenses con una playa pública menos. El voto en contra vino de los diputados panistas, incluyendo a los recién conversos Maribel Villegas y Marcos Basilio; la excepción la hizo la albiazul Patricia Sánchez que se unió a los priistas.

Fue en la sesión de cabildo del 15 de diciembre de 2006, cuando se aprobó emitir la concesión de los lotes 19, 19-A y 19-B de la manzana 53, kilómetro 12.5 de la zona hotelera, donde se ubica Playa Marlín, por un periodo de 30 años a cambio de una contraprestación de 12 mil dólares mensuales; dinero que se deberá destinar al Sistema municipal para el desarrollo integral de la familia (DIF).

De acuerdo a lo aprobado por los concejales, el concesionario debe garantizar el acceso libre a la playa, y proveer el servicio de sanitarios, regaderas y vestidores, de forma gratuita.

Francisco Alor justificó la entrega en concesión por la falta de recursos para acondicionarla: “tales instalaciones requieren de una inversión pública importante que no se encuentra prevista en el Presupuesto anual de egresos de 2007, (…) ante la imposibilidad del municipio se advierte la alternativa de concesionar el uso de los lotes 19, 19-A y 19-B…”, quedó consignado en el acta de la cuadragésima primera sesión ordinaria de cabildo.

En esa sesión, el regidor perredista Agustín Osorio Basto, votó en contra, y sentenció que era “inaceptable” que el ayuntamiento se declarara incapaz de crear la infraestructura necesaria para las playas públicas.

Osorio Basto argumentó que “no era la solución el otorgar o concesionar el uso de esos lotes, pero lo que es peor es que se les esté quitando playas públicas a la gente, ya que yo dudo que se vaya a garantizar la libre entrada; no creo que el restaurante que se vaya a establecer venda una hamburguesa en 20 pesos”; quedó consignado en la hoja 20 del acta de cabildo.

Aunque la concesión prevé, al menos en el papel, ciertas garantías para evitar su privatización, habrá que ver si éstas se cumplen. (Noticaribe)

El Grupo Pro Defensa del Patrimonio Municipal que preside el regidor electo, Ricardo Velasco Rodríguez, impugnará el decreto por el cual el Congreso del Estado validó la concesión de tres lotes aledaños a Playa Marlin, y pedirá al gobernador Félix González Canto que lo vete, "porque hay incongruencias legales". En contraparte, el alcalde Francisco Alor Quezada dijo que la decisión de los legisladores deja en claro "que las licitaciones son públicas, transparentes y abiertas al público".

Este jueves la Undécima Legislatura aprobó el dictamen por el cual avala la concesión de los lotes 19, 19-A y 19-B, situados a un costado del acceso a Playa Marlin, al consorcio Corporación Integradora de Servicios Administrativos S.A., por un periodo de 30 años.

"Es muy extraño la forma en que se dio. Al Cabildo se nos informó que el dictamen había sido desechado en comisiones, y hoy (ayer) nos despertamos con esa noticia. Ese proyecto tienen algunas irregularidades", mencionó el regidor perredista, Agustín Osorio Basto.

El concejal recordó que en la sesión del 28 de agosto del 2007, 11 integrantes del Cabildo aprobaron la concesión de esos lotes, a manera de que los empresarios pudieran desarrollar un club privado, y dotar infraestructura recreativa del lado de la playa.
Semanas después de aquella sesión ordinaria, Velasco Rodríguez interpuso un recurso de inconformidad ante el Ayuntamiento, alegando que la decisión no había sido tomada por las dos terceras partes de ese cuerpo colegiado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 177 de la Ley de los Municipios. "Se requerían 12 votos, pero sólo 11 regidores aprobaron el acuerdo".

Además, el concejal electo consideró que el Ayuntamiento no sustentó suficientemente su declaratoria de incapacidad técnica y financiera para hacerse cargo de la dotación de servicios en ese lugar.

Osorio Basto recordó que hacia finales del año pasado las comisiones de Asuntos Municipales y Medio Ambiente habían rechazado el dictamen, "y después no hubo más información".

Con este contexto, Velasco Rodríguez anunció que interpondrá un recurso de inconformidad en la Sala Administrativa y Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, por considerar que el proceso no está apegado a derecho.

El alcalde dijo que con el aval del Congreso local, el gobierno municipal se avocará a la tramitación de los permisos necesarios para que el concesionario desarrolle su proyecto

De acuerdo al acuerdo de Cabildo, los concesionarios deberán pagar anualmente al gobierno municipal un derecho equivalente a 12 mil dólares. (Fuente: Novedades de Quintana Roo)