Cabe señalar que de acuerdo a datos de la Capitanía de Puerto, entre Cancún e Isla Mujeres, existen por lo menos 243 muelles.

Miembros activos y otros particulares, quienes prefirieron omitir sus nombres para evitar represalias y señalamientos directos en su contra, se presentaron a las instalaciones de POR ESTO! de Quintana Roo para dar a conocer la inconformidad generalizada de los propietarios de marinas y muelles en Cancún, puesto que la Apiqroo con el aval total de la federación por medio de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, sin tomar en cuenta parámetros lógicos, les quieren imponer precios desorbitados en cuanto a los pagos de derecho de los mismos.

Ejemplificaron que una marina que comúnmente pagaba 7 mil 500 pesos anuales por el derecho, ahora le están cobrando 850 mil pesos, es decir, le incrementaron el precio a un mil 133 por ciento.

“La verdad están utilizando un tabulador arbitrario porque nos están midiendo por el espejo de agua, que técnicamente quiere decir que nos cobran desde los postes de amarre hacia tierra, pero de forma desorbitada”, acusaron.

Al tiempo, que mostraron unos oficios que les han hecho llegar con carácter de urgentes, fechados el mes pasado desde la ciudad de México y firmados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en donde la instancia federal les avisa a los concesionarios y propietarios de las marina y muelles, para que regularicen ante la Apiqroo su instalación.

En el mencionado escrito que enviaron en cascada, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante explica que la Apiqroo está legitimada para celebrar con todos los ocupantes o usuarios de las instalaciones portuarias el contrato de cesión parcial de derechos que prevé el artículo 20, párrafo último de la Ley de Puertos.

Además, les hacen la observación de que en un plazo que no exceda de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de la misma, los concesionarios o dueños tendrían que acudir a las oficinas de la mencionada concesionaria ubicadas en la Terminal Marítima de Punta Sam para regularizar la ocupación mediante la firma del nuevo contrato, es decir, para sustituir el título por un contrato de cesión parcial de derechos (acreditando que se está al corriente en los pagos), apercibido de que en caso contrario, se procedería conforme a derecho en la inteligencia de que por tratarse de una ocupación ilegal estaría en el supuesto de infracción previsto en los artículos 65, 67 y 68 de la Ley de Puertos; 523 y 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación y 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Por todo lo anterior, anunciaron que buscarán crear un frente común entre todos los afectados por esta situación para pelear con todos los recursos de ley necesarios y que de entrada, presentarían una cascada de amparos masivos contra esta determinación de las autoridades portuarias.

Cabe señalar que la Apiqroo ya advirtió que quien no se adhiera a la regularización, se hará acreedor a sanciones previstas en la ley que van desde multas de 5 millones 259 mil pesos en el caso de marinas y 788 mil 850 pesos para privados, así como la revocación de la concesión e incluso hasta la demolición de instalaciones. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)