Agentes judiciales de Puebla detuvieron en diciembre de 2005 a Cacho en Quintana Roo y la trasladaron en automóvil a la capital poblana —trayecto en el cual la torturaron, según su propia denuncia— para afrontar un proceso penal por el delito de difamación, que interpuso el empresario Kamel Nacif, conocido como El Rey de la Mezclilla, quien fue señalado por la periodista y escritora como parte de una red de pornografía infantil.

El juez segundo de lo Penal, Benjamín Navarrete, negó las órdenes de aprehensión contra José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, los policías judiciales que detuvieron a la periodista en 2005, bajo el argumento de que los acusados son servidores públicos de Puebla, y están fuera de su jurisdicción.

Lydia Cacho aseguró que la PGR “envió el expediente rasurado de tal manera” que parece que solamente acusa a los judiciales, “como si hubiesen actuado por su cuenta”, y debido a que la tortura se cometió durante las 20 horas de traslado, y se agravó en Campeche, “el juez de Quintana Roo dice que no se cometió en esa entidad”.

Precisó que la consignación original fue elaborada por la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Violentos contra las Mujeres (Fevim) “por órdenes del procurador, en septiembre de 2007”, y en ella se solicitaba la aprehensión de diversos servidores públicos del estado de Puebla.

Entre ellos se encontraban la ex procuradora general de Justicia, un agente del Ministerio Público estatal, un comandante y cuatro agentes judiciales, quienes presuntamente manipularon la documentación que llevó a la detención de la periodista.

Al ser liberada después de su detención en 2005, Cacho presentó una denuncia por tortura en contra de los policías y otros funcionarios de Puebla. Aportó como prueba el dictamen pericial de valoración médico-psicológica-victimal, según el cual durante su detención “experimentó desesperanza, confusión, dudas y estrés, lo cual en su conjunto llevó a provocarle un transtorno por estrés postraumático”. (Fuente: El Universal)