De este modo, en lugar de demandar a la empresa Bay View Grand (BVG), que inició la oferta de condominios como parte de un proyecto cuyos permisos estaban jurídicamente viciados de origen, los particulares la han emprendido en contra de la autoridad que revisó el caso y confirmó la suma de irregularidades cometidas no sólo por las administraciones municipales del interino Carlos Canabal y del entonces alcalde, Francisco Alor, sino también por funcionarios federales, como Ricardo Juárez Palacios, entonces director general de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA).

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) informó que hasta el momento existe una decena de amparos promovidos; sin embargo, se espera que la cifra aumente a 100.

“Es una locura”, consideró el representante del Cemda en Quintana Roo, Patricio Martin, quien indicó que, en todos los casos, se trata de personas que participaron en una preventa, sobre un inmueble que ni siquiera existe físicamente.

El abogado dijo que los amparos están siendo litigados, no sólo por la coordinación jurídica de la Semarnat, sino por la agrupación, que aparece como tercero perjudicado al haber solicitado la nulidad de la autorización de impacto ambiental, el año pasado.

“Lo que están argumentando estos particulares es que debieron ser llamados como terceros perjudicados cuando se solicitó la nulidad del permiso emitido por la Semarnat”, explicó.

Martín Sánchez resaltó que estas demandas de amparo se están dando por separado e independientemente de la defensa que la propia BVG realiza de su caso; no obstante, “los abogados son los mismos y siguen la misma estrategia”.

El abogado mencionó que uno de los despachos que está defendiendo a Bay View Grand, es Vera Carvajal y Sosa, especializados en derecho ambiental.

Si bien el procedimiento apenas arrancó, pues no se ha otorgado aún ninguno de los amparos solicitados, el asunto será una bola de nieve que involucrará nuevamente al ayuntamiento de Benito Juárez e incluso al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que el 31 de octubre del año pasado, anunció la devolución a BVG de los 40 millones 687 mil pesos que la empresa le pagó por concepto del cambio de uso de suelo y densidad aprobadas por el municipio.

La determinación derivó de la declaratoria de nulidad, firmada por el subsecretario de Gestión Ambiental, Mauricio Limón.

El proyecto Grand Island es un megadesarrollo condominal, que contemplaba la edificación de 16 torres de 20 pisos cada una, más 94 casas de tres niveles, 20 residencias de tres pisos, 189 departamentos, distribuidos en 21 edificios de cinco niveles cada uno (villas mediterráneas); a ubicarse en el kilómetro 16.5 de la Zona Hotelera, en terrenos colindantes con el Sistema Lagunar Nichupté.

En febrero del 2005, al finalizar la administración de Carlos Canabal, obtuvo del Cabildo de Benito Juárez un cambio de uso de suelo para el lote 56-A2, emitido irregularmente, en contravención a lo marcado por la Ley Estatal de Asentamientos y, por tanto, inexistente jurídicamente, según lo fundamentado y motivado por abogados en Derecho Ambiental y Urbano.

Sin embargo, el 14 de marzo de ese mismo año, la Dirección de Normatividad y Zonificación Urbana, dependiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano, otorgó una constancia CUS/687/05, que señala que el uso del suelo aplicable a dicho lote, es el “Mixto Turístico Hotelero Especial, clave THE y Habitacional de Conjunto H2C”.

La empresa obtuvo además, el 18 de noviembre de ese año, la autorización de impacto ambiental por parte de la Semarnat y restaba la licencia de construcción, que fue expedida ya por la administración de Francisco Alor.

Para febrero del 2006, el Cemda presentó ante la dependencia ambiental, un recurso de revisión, para echar abajo la autorización emitida, lo cual consiguió a finales de octubre del 2007, cuando la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, declaró nula la autorización al proyecto, reconociendo que la DGIRA violentó lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico (Legeepa), y omitió cumplir “estrictamente” el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Benito Juárez (Poel).

Además, dicho dictamen concluyó también, que el cambio de uso de suelo con clave THE -aprobado por el Cabildo del interino, Carlos Canabal- no tenía validez, debido a que no se había publicado en el Periódico Oficial del Estado, al momento en que se le otorgó la autorización de impacto ambiental. (Fuente: El Periódico)