CANCUN, MX.- Una Comisión mixta creada en la anterior administración, y que incluía a regidores oficialistas, funcionarios, el Fonatur, y los propios desarrolladores de Puerto Cancún, fue la encargada de relotificar y cambiar densidades en el citado proyecto, de acuerdo a una investigación realizada por la anterior administración municipal.
Amagan con proceder penalmente contra el ex alcalde García Zalvidea
Debido a que los regidores desconocen la razón por la que el ex presidente municipal, Juan Ignacio García Zalvidea recibió un millón de pesos de los desarrolladores de Puerto Cancún y los deslindó de hacer los trabajos de urbanización de Puerto Juárez, se podrían fincar responsabilidades y proceder legalmente contra el Chacho.
Asimismo, los regidores no descartan el volver a reactivar este compromiso por parte de los desarrolladores, ya que Puerto Juárez requiere mejorar su imagen y es algo que le va a convenir a los desarrolladores.
La regidora Jessica Chávez dijo desconocer la razón por la que el ex alcalde recibió esos recursos y sobre todo, que no se justifica en qué se invirtieron, por lo que no descartan fincar responsabilidades contra su persona.
Dijo que es algo que el cabildo deberá analizar más adelante, sobre todo, ahora que se ha revivido el caso de Puerto Cancún.
Por su parte, la regidora e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, Latife Muza Simón indicó que entre los documentos que han encontrado saben que el ex presidente deslindó a los desarrolladores a hacer mejoras a Puerto Juárez, tal como se había acordado en la administración de Magaly Achach.
Sin embargo, dijo que nunca se especifica para qué se iban a usar estos recursos, aunque en este caso el regidor Víctor Viveros señala que fueron para el gasto corriente, debido a que se carecían de los recursos para el pago de nómina.
“Sabemos que estos recursos ingresaron a la tesorería y fueron para el gasto corriente”, externó.
Sin embargo, el regidor Baltazar Tuyub quien también fue regidor en la administración de Juan Ignacio García Zalvidea dijo que a ellos nunca se les informó a dónde iban esos recursos e incluso no se les tomó en cuenta para lo que se hizo.
Los regidores señalan que investigarán esta situación y también esperan dar marcha atrás al Fideicomiso que conformó la pasada administración en donde compromete que los recursos del Impuesto de Traslado de Dominio del proyecto Puerto Cancún quedan etiquetados para el pago de proveedores.
En este caso la concejal, Latife Muza Simón dijo que esto fue “mala leche” del ex presidente municipal, Francisco Alor Quezada de amarrar estos recursos que no se pueden usar para otra cosa y es algo que analizarán cuando elaboren su presupuesto del 2009.
Dijo que en esta revisión que se está realizando también no descartan el fincar responsabilidades contra el ex presidente municipal y los ex regidores, Mario Machuca y Alain Ferrat quienes son los que aprobaron hacer los cambios de densidades de Puerto Cancún, esto sin que pasara por la aprobación del cabildo, esto con el fin de darle también una certeza jurídica al desarrollador. (Fuente: El Periódico)
De acuerdo a ese informe, la Comisión mixta autorizó los nuevos planos del proyecto, con el objeto de constituir un régimen de condominio que permitió la construcción de las torres de 20 pisos que hoy se observan.
Además, cambió la ubicación del área de conservación, dividiéndola en cuatro partes no interconectadas entre sí, y sin conexión con la laguna, y aprobó vialidades de manera irregular.
La investigación también descubrió que el desarrollo Puerto Cancún nunca hizo la donación de tierras a la que está obligada por la Ley de Fraccionamientos.
En este caso, se trata de 34 hectáreas que no están en manos del ayuntamiento.
Todos estos datos surgen de una comisión especial de seguimiento creada en la pasada administración municipal, la cual estuvo integrada por los regidores Delia Alvarado, del PRI; Geovani Gamboa, del Partido Verde, y Agustín Osorio, del PRD.
En el informe que esos regidores hicieron, quedó de manifiesto una serie de irregularidades que son las que hoy sorprenden al actual ayuntamiento, y que deberían ser tomadas como base para investigar el caso.
Por ejemplo, allí se detectó que al inicio del gobierno del Francisco Alor, en junio de 2005, se conformó una Comisión Mixta formada por el regidor Mario Machuca, del PRI; Alain Ferrat, del Verde Ecologista; el director de Desarrollo Urbano, Heyden Cebada; la directora de Ecología, Reyna Gil; el Fonatur y un representante de Promotora de Desarrollos de Puerto Cancún.
Esa comisión se integró el 13 de junio de 2005, y allí decidió dar por válidos los primeros cambios que se habían hecho al proyecto de Puerto Cancún, durante la administración del interino Carlos Canabal.
En octubre de 2004, la administración de Canabal, mediante un oficio de Desarrollo Urbano, había cambiado los planes originales del proyecto, según comentó Agustín Osorio.
Luego de aprobar esos cambios en junio de 2005, el 1 de agosto de ese año volvió a sesionar la comisión mixta y decidió “la relotificación y las adecuaciones a las densidades de algunas superficies de lotes” del proyecto original.
Días después, el 16 de agosto, autorizó un nuevo plano sobre el total de la superficie del proyecto, que son 272 hectáreas, “con el objeto de constituir un régimen de condominio”.
Agustín Osorio explicó que en la investigación que se hizo, se vio que se habían mezclado los usos de suelo originales, que eran turístico hotelero, condominal y habitacional, y se hizo un solo uso de suelo para condominio.
El problema es que esos cambios se hicieron sin una aprobación de cabildo, y concentrando espacios de muy alta densidad de construcción bajo la polémica clave Turística Hotelera Especial, que permite edificios de 20 niveles.
Osorio dijo que la conclusión a la que llegó la comisión especial que él integró, es que la comisión mixta que decidió los cambios en Puerto Cancún se atribuyó funciones exclusivas del cabildo, que se consignan en el artículo 66 de la Ley de Municipios.
La investigación que realizaron los regidores demostró, además, que los desarrolladores nunca efectuaron una donación de 32 hectáreas a la que están obligados por la Ley de Fraccionamientos del estado.
Esa donación, vale aclarar, nunca fue entregada por los desarrolladores, pero tampoco nunca fue reclamada por el ayuntamiento.
Las irregularidades encontradas también incluyeron un cambio en las 74 hectáreas de áreas de conservación que debía tener el proyecto, que fue dividida en cuatro partes y que están en riesgo, dijo Osorio.
Y también se descubrió que el plano de las vialidades internas, que debía ser aprobado por el Comité de Desarrollo Urbano, un órgano ciudadanizado del gobierno, nunca pasó por allí.
En aquel informe también se descubrieron viejos arreglos entre Puerto Cancún y el gobierno, de la época en que gobernaba Magaly Achach.
El 3 de octubre de 2000 el ayuntamiento resolvió a favor de Fonatur, en apenas 24 horas, un recurso de revisión para realizar el desmonte del predio “libre de toda condicionante”, lo que llevó finalmente a la devastación ambiental de las 272 hectáreas. (Fuente: El Periódico)
Rechaza Puerto Cancún sobredensificación
El grupo Puerto Cancún rechazó que se hayan modificado densidades que tuvieran como resultado la sobredensificación en el terreno en donde se desarrolla el megaproyecto y, por tanto, la presunta violación al Plan Maestro que les fue aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el municipio de Benito Juárez.
El lunes pasado, el director local del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Gustavo Ortega, declaró –luego de un recorrido hecho por el predio de 327 hectáreas, que las densidades del proyecto “se modificaron de una zona a otra dentro del mismo proyecto”.
Ayer, la firma negó que las densidades hayan sufrido alguna variación, incluso, se aseguró que tampoco se han hecho movimientos que alteren la zonificación aprobada por el ayuntamiento de Benito Juárez, desde tiempos de la entonces alcaldesa, Magaly Achach.
“Hay una zonificación general establecida en el Plan Maestro, que fue debidamente autorizado desde el 2001. Esta zonificación ha sido respetada”, expresó la vocera del grupo, Yahaira Gaviria.
Días atrás, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para entrarle a la revisión del cumplimiento de condicionantes y restricciones al megadesarrollo que plantea la construcción de 11 mil 400 cuartos –entre habitaciones de hotel, residencias y condominios de lujo-, un campo de golf –que está en proceso-, una marina, una plaza de negocios y un centro comercial.
La solicitud es producto de la suma de cambios que ha sufrido el proyecto, el número diverso de mapas distintos que ilustran lo que se pretende desarrollar, y ese traslado de densidades citado por Ortega Joaquín, que terminó por encender las alertas de lo que ha sucedido en la zona, que tiene autorizados cuatro mil 288 cuartos hoteleros y aproximadamente dos mil 955 condominios, así como 405 casas unifamiliares.
Gavidia indicó que esa supuesta transferencia de densidades, por ejemplo, de la zona clasificada como condominal, al área establecida como hotelera, definitivamente no se ha dado.
Sin embargo, dijo no conocer al momento de la entrevista, si la transferencia de densidades se dio dentro de la misma zona hotelera, de lote a lote, que es uno de los puntos que inquietan a los regidores que dan seguimiento al caso.
No obstante, recalcó que la firma cuenta con todas las autorizaciones en regla, tanto en el contexto local, como en el federal, como por ejemplo, la aprobación que se dio el 30 de mayo del 2000, a cargo del municipio de Benito Juárez, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de mayo del 2001.
También enumeró el resolutivo DOODGOEIA.-006692, del 10 de noviembre del 2000, emitido por la Semarnat; el SGPA/DGIRA.DEI, del 15 de abril del 2004, mediante el cual el Plan Maestro es validado como ambientalmente viable o el SGPA/DGIRA.DEI.0954.06, del 22 de mayo del 2006, en que son autorizados de manera condicionada, los trabajos de dragado del proyecto. (Fuente: El Periódico)