“Llega el empresario con 500 millones de inversión y el presidente municipal responde de inmediato ¿dónde te firmo?, ¿qué aflojo?... de la legalidad. Y tenemos cabildazos de fin de semana para favorecer proyectos”, indicó el director de la DGPAIRS, Antonio Díaz de León, quien ejemplificó así una de las tantas formas en que particulares obtienen cambios de uso de suelo sin que se cumplan los procedimientos de ley.

Ante esta situación consideró que la forma de combatir este tipo de irregularidades está en la sociedad civil y como ejemplo citó el caso del Programa de Desarrollos Urbano de Puerto Morelos, que proponía la construcción de viviendas sobre un humedal, lo cual fue detenido gracias a la población.

También mencionó el caso de Tulum, en particular del Parque Nacional, que fue incluido dentro de la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Solidaridad, lo que originó que dicho municipio enfrente ahora una controversia constitucional llevada por la Suprema Corte de Justicia.

“Lo que hemos visto recientemente en Tulum” –dijo con referencia a los operativos y clausuras aplicadas por la Profepa- “debió haber sucedido desde hace años; son muchas las irregularidades ahí y eso de que se va a espantar a la inversión es mentira”, aseveró.

El funcionario, quien participó en el Seminario de la Conservación de los recursos de la zona norte del estado -que inició el lunes y concluyó ayer- dijo que en Quintana Roo, sobre todo en Cancún, prevalecen ideas ya muy rebasadas, que ponderan la construcción sin límites y el crecimiento -que no el desarrollo- a cualquier costo.

“Y no es un discurso de grupos ambientalistas radicales, en México no los conocemos. Todavía no hemos visto gente que ponga bombas en hoteles ni en laboratorios donde hacen experimentos con animales. “Lo que hemos visto aquí es un grupo que quieren que la ley se cumpla”, afirmó Díaz de León, ante los asistentes que le escuchaban en una de las aulas de la Universidad del Caribe.

Además, habló de la planeación y de lo imperante que es consolidar un modelo que incorpore no sólo los aspectos ambientales a raja tabla, ni sólo los intereses económicos por default, ni únicamente el componente social.

“El mejor efecto se alcanzará cuando combinemos los tres. La rentabilidad económica, la viabilidad ambiental y la equidad social. Los que estamos en el gobierno no somos ambientalistas, sólo buscamos que las cosas se hagan y se hagan bien”, sostuvo.

Díaz de León y los académicos concluyeron que se requiere también de límites, de visión integral y de largo plazo que garantice la perdurabilidad del negocio, la protección de la infraestructura, la generación de empleos dignos, la conservación de los recursos como atractivo turístico y natural, así como el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

“Hemos llegado a una etapa en que lo que conocíamos como el cuerno de la abundancia, está dando de sí. Estamos viviendo la etapa del pago de facturas, de recursos que se creían ilimitados y no lo son. Y decir esto no es izquierdismo, mi ambientalismo. Se llama ser racional”, dijo ante los presentes.

Durante su turno, Priscila Sosa, coordinadora de la carrera de Turismo Sustentable de la Universidad del Caribe –sede del evento- citó, como parte de una investigación hecha conjuntamente con el académico Alfonso Jiménez, que para la Organización Mundial de Turismo (OMT) “que no es el subcomandante Marcos, ni una ONG”, la planeación de los centros turísticos debe ser integral.

En ese sentido, expuso que la situación detectada en este destino del Caribe Mexicano, revela una clara desvinculación entre la zona hotelera y la ciudad, además de la ocupación de la zona costera, que al no tener límites claros, ha provocado que la población no sienta como suyos espacios públicos recreativos como son las playas.

Al respecto, indicó que en Europa, sobre todo, existe una tendencia creciente a reforzar las prerrogativas federales sobre los usos del suelo, densidades y demás parámetros o instrumentos que permitan la recuperación de espacios y puso como ejemplo el caso español, que ante la crisis económica, ambiental y turística que provocó la sobredensificación de sus zonas costeras, reconvirtió su modelo turístico y decretó zonas en donde no se permite la construcción de un cuarto más.

Díaz de León, coincidió en que es necesario que se revise la experiencia española para aprender, no incurrir en los mismos errores y sacar a delante una propia Ley de Manejos de Mares y Costas. (Fuente: El Periódico)