En tanto, en un intrascendente y simple papel más, quedará la averiguación previa iniciada por la Procuraduría de Justicia en torno al caso del “levantón”, pues a pesar de que se trata de un hecho que se debería seguir investigando por oficio, la dependencia judicial por medio del subprocurador Reymundo Canché Anquino, ha informado que de ninguna manera intervendrán en el caso por petición de los familiares de la víctima.

Sin embargo, conforme transcurren los días, el temor de los familiares del abogado de que éste aparezca ejecutado, se hace cada vez más fuerte pues otra versión que ha trascendido, es que los autores de este acto de violencia son miembros del cártel de Sinaloa, quienes tenían una “situación pendiente” con el abogado.

Otra versión sobre el caso señala que los presuntos secuestradores ya fijaron el pago del rescate, el cual estaría oscilando entre los cuatro y cinco millones pesos y sólo será cuestión de horas en que los familiares reúnan dicha cantidad para lograr la libertad del litigante.

Retomando al tema de las investigaciones del caso, el subprocurador de justicia de la zona norte señaló que la dependencia judicial no intervendrá de ninguna manera en el caso, pues dijo que los familiares no han acudido a interponer la denuncia por los hechos.

Sin embargo, sí dio a conocer, que por tratarse de un caso de aparente violencia, sí se inició una averiguación previa, siendo ésta la número 8657/08. Según el funcionario, ésta se levantó por oficio, pero reafirmó nuevamente que no tendrá ningún tipo de avance, porque no se realizará ningún tipo de investigación.

“Los familiares nos han pedido que no intervengamos, por seguridad de la víctima y por ellos vamos hacer caso, pues también nos dijeron que si algo le pasa al abogado, la responsabilidad caerá en nosotros por involucrarnos”, dijo el funcionario.

Con esto, se deja entrever que el trabajo del personal del Procuraduría de Justicia, incluyendo a Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, deja mucho que desear, las órdenes de los familiares del litigante son más importantes que el llevar a cabo las investigaciones correspondientes sobre el caso, para dar con el paradero de los responsables y evitar que un futuro cometan este mismo delito en contra de otro ciudadano.

Otro de los temas que sigue dando de qué hablar sobre el caso fue el ocurrido con las cámaras de vigilancia de la zona donde ocurrió el “levantón”, pues como ya es costumbre, una vez más trascendió que éstas no estaban funcionando en el momento en que se registraron los hechos.

Sin embargo, esto fue desmentido el día de ayer por el comisionado de Seguridad Pública, Francisco Velasco Delgado, quien explicó que las cámaras sí se encontraban funcionando, sin embargo, su función es únicamente la de vigilar la vialidad de la ciudad y que no se encuentran diseñadas para realizar acercamientos a personas o filmar casos como el sucedido.

Una vez más con este tipo de declaraciones, los altos mandos de las corporaciones policiacas de la ciudad continúan lavándose las manos sobre casos que sobrepasan en mucho su capacidad de reacción y que solamente provocan más vulnerabilidad en los ciudadanos, ante los hechos de violencia. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

En medio de la turbulencia que lo acompañó durante su desempeño como litigante, Gabino Andrade Romero dejó una estela de inconformidades, despojos, fraudes, incluso con sus mejores clientes, lo que le fue abriendo paso en el escenario de la abogacía, aunado a su generosidad con funcionarios, ministerios públicos, de la Procuraduría de Justicia del Estado y hasta con elementos de la Policía Judicial del Estado (PJE). Así como con sus clientes que operaban al margen de la ley, a quienes representó como su defensor y con lo que acumuló desde discotecas, bares, autos de lujos y diversas propiedades.

A lo largo de su desempeño como litigante y conocido por la fuerza, el autoritarismo que aplicaba y principalmente identificado como capaz de todo, para conseguir lo que se proponía, Andrade Romero logró aglutinar a un selecto y al mismo tiempo polémico y señalado equipo de trabajo.

Y los frutos de su desempeño que siempre rayaban al margen de la ley, se pueden contar fácilmente.

Una de ellas es la conocida discoteca Basic, ubicada en la zona hotelera, por el lado de la laguna; de la que se apropió y adueñó luego que los propietarios de origen español lo contrataron para que los defendiera.

Sin embargo, poco a poco los despojó y luego los expulsó de Cancún y del país, luego que tuvieron la mala fortuna de requerir de sus servicios, por lo que Andrade Romero terminó operando este lugar.

Otra de sus propiedades es la discoteca Ski, la cual opera sobre un hotel, ubicado por la avenida Uxmal y Yaxchilán, y de la que constantemente se han quejado los vecinos de la zona y que además una y otra vez se le trató de clausurar durante administraciones municipales pasadas, y mediante amparos tras amparos, no lo lograron y hasta la fecha sigue operando.

Gabino Andrade Romero instaló también y operó sin ningún problema el videobar Pop, ubicado sobre la avenida, prolongación Kabah, en la Plaza Comercial Village.

Asimismo, parte de sus propiedades son las que logró acumular mediante operaciones legales asignadas, ya sea por encargo o por sus relaciones con políticos. Tal es el caso de una de las viviendas que acumuló entre sus propiedades, pues una de ellas fue de un empresario local llamado Pablo Sarco, quien contrató al despacho de Andrade Romero para que le resolviera un problema laboral con los empleados de su restaurante. Y que el despacho supuestamente lo solucionó, pero se quedaron con la

propiedad.

En el caso de la propiedad que habilitaron como su despacho, perteneció a la familia del ex líder de la CROC, Salvador Ramos Bustamante.

Sólo que cuando tuvo problemas directos e irreconciliables con el ex gobernador Mario Villanueva Madrid, la familia Ramos salió de Quintana Roo y le dejaron al despacho de Gabino Andrade Romero el domicilio, que terminaron por decorarlo como su despacho y del que se apropiaron.

Estas son parte de las tropelías y abusos que cometió al margen de la ley y escudándose en sus conocimientos como abogado y sus relaciones con funcionarios que en su momento estuvieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En el caso de los vehículos, en donde al parecer involucraba a sus hijos, Gabino Andrade fue señalado por elementos de la Policía Judicial del Estado cuando hace un par de años le vendieron un automóvil en 90 mil pesos a un empresario de Veracruz, que era propiedad de uno de los hijos de Andrade Romero. Cuando el empresario se dispuso a pagar las tenencias del auto, le pidieron que viajara de Veracruz para Cancún y al llegar lo invitan a comer al restaurante Mamá Roma.

Pero cuando ya se encontraba en el interior del restaurante, uno de los hijos de Gabino Andrade se lleva el automóvil, con el duplicado que tenía aún en su poder, y le arrebatan el auto, porque en su interior se encontraban las facturas originales.

Otro polémico caso fue que a un empresario local, los abogados del despacho de Gabino Andrade Romero convencen a su ex mujer para que lo acusara de violación y al presentar la denuncia, los hijos de Andrade Romero operan todo y convencen con cinco mil pesos al comandante de Delitos Sexuales, ya que obtienen la orden de aprehensión que ejecutan de inmediato, al sobornar a los agentes de la PJE con dos mil pesos.

Sólo que en ese movimiento los hijos se roban un costoso vehículo tipo Hummer, y ahí es en donde figura Gabino Andrade Romero, quien presenta la demanda directamente contra el empresario local.

Caso Succar Kuri

Otro de los casos más sonados es el del pederasta Jean Succar Kuri, acusado de pornografía infantil, en donde Gabino Andrade Romero fue su principal defensor, junto con sus hijos Edmar y Sidharta.

Como publicamos oportunamente, Succar Kuri y Gabino Andrade terminaron enfrentados y tuvieron que tramitar un amparo ante el Juzgado de Distrito para evitar a la justicia, porque Succar Kuri declaró que fue Gabino Andrade y sus hijos quienes lo ayudaron a escapar cuando ya enfrentaba una orden de aprehensión en su contra.

Eso ocurrió en el 2006, de acuerdo al expediente 870/2006 III, en donde abogados Gabino Andrade y sus hijos solicitaron el amparo legal, contra cualquier orden de aprehensión de los juzgados penales, así como contra la Procuraduría de General Justicia del Estado (PGJE).
Y quienes se ampararon fueron: Vivian Barrera Chávez, Gabino Andrade Romero, Edmart Andrade Martínez y Shidartha Carlos Eduardo.

Defensa de Alejandro Chacón Mantilla

Asimismo, con el asaltante Alejandro Chacón Mantilla, capturado dos veces, tras la serie de asaltos realizados aquí y la fuga que protagonizó, fue Gabino Andrade Romero quien lo representó como su abogado, pese a la larga cadena delictiva que enfrentaba el acusado.

Y ejemplo de ello fue el asalto a la Comisión Federal de Electricidad, en el 2006 cuando una cajera de nombre Nefris le comentó a uno de los hijos de Gabino Andrade que a principios cada mes se depositaban en la caja principal más de un millón y medio de pesos, lo que despertó la ambición de los vástagos.

El asalto se perpetró en el que habrían participado Alejandro Chacón Mantilla y varios cómplices que envolvieron a la cajera para que les avisara cuando la caja fuerte estuviera con tal cantidad.

El asalto fue cometido, así como otros más en la ciudad que muy poco se logró recuperar del monto de lo robado.

Con ello la impunidad que rodeó estos casos y la estela de ilegalidad que permeaba en las acciones que desarrolló como litigante, rodean la figura de Gabino Andrade Romero, hasta hoy desaparecido. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)