Los ruidos externos y las llamas que comenzaban a devorar un costado de la vivienda, construida a base de láminas de cartón y palma, despertaron a Leslie Canché, quien comenzó a gritar con desesperación para alertar a sus dos hijos menores de edad y pedir la ayuda de los vecinos, pues en la zona hay varios tanques de gas.

El suceso fue interpretado por los colonos del lugar, ubicado en la Región 224, como un nuevo intento de Domingo Marín Hernández -quien originalmente les vendió los terrenos irregulares- por desalojarlos de la colonia.

Entre las cenizas de lo que habilitó como el sanitario y cuarto de lavado, Canché mostró las denuncias que han enviado al director de gobierno, Tomás Contreras, sobre actos de intimidación que atribuyen a Marín Hernández y a Pierre López Díaz, a quien acusan de haberse vendido, luego de asesorarles en la pugna legal por la posesión de las tierras ahí localizadas.

“Solicitamos su intervención para evitar la violencia que pueden ocasionar estas personas, que ya tanto daño han ocasionado a nuestras familias”, se lee en la copia de una carta que se hizo llegar al funcionario municipal el 6 de noviembre pasado, luego de que Héctor Caciques, Domingo Marín y Carlos Espinoza León se presentaran en al colonia para advertirles que deben desocupar las viviendas, pues de lo contrario “sus vidas corrían peligro”.

El problema, de acuerdo con los colonos, radica en que Domingo Marín, entonces funcionario del ayuntamiento de Benito Juárez, les vendió los terrenos sin advertirles que se trataba de una zona irregular, es decir, no contemplada como parte de la mancha urbana.

Posteriormente, Marín Hernández revendió las propiedades a la constructora Arquiconsul, que planea construir ahí vivienda popular, a lo que los actuales pobladores, quienes se dicen posesionarios, se oponen.

En respuesta, el ex funcionario -quien luego del escándalo que generó el ataque a la colonia fue despedido de la comuna- ha enviado presuntamente a personas en autos polarizados para hostigar, fotografiar y amenazar directamente a los habitantes de Maracuyá.

“Ellos dicen que vivos o muertos saldremos de aquí”, sostuvo la mujer, quien indicó que ya solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo y que han enviado sus denuncias al presidente de la República, Felipe Calderón, e integrantes de su gabinete.

Dentro del grupo de personas que les amedrentan se nombra también a Héctor Cacique, un ex comandante del llamado Estado Mayor Municipal, conformado durante la pasada administración.

La entrevistada manifestó que las 120 familias asentadas ahí no son invasoras, pues pagaron por los terrenos que ocupan y que pretenden heredar a sus hijos como único patrimonio.

La necesidad de vivienda –argumenta- les hizo afincarse ahí, donde la tierra está suelta, porque ni calles, ni pavimento existen. Tampoco hay drenaje, así que el material sanitario se inyecta directa o indirectamente al suelo y subsuelo, constituyendo una fuente de contaminación para el manto freático.

Tampoco hay tendido eléctrico, así que la luz es generada mediante pequeñas plantas que funcionan con combustible, cuyo costo es de 150 pesos semanales. Como no hay agua potable, cada semana pagan cien pesos a una pipa que les surte del líquido, pues la enviada por la comuna no les llega periódicamente.

En la zona no hay una escuela, así que hay que desplazarse en bicicleta o a pie 15 cuadras para acudir al plante de educación más cercano, la primaria Chetumal.

“A nosotros nos cometieron fraude, porque nos engañaron al vendernos en estas condiciones; nos prometieron que entrarían los servicios públicos y ahora hasta nos quieren desalojar. Luego nos tratan como invasores, como si por eso no valiéramos nada”, lamentó. (Fuente: El Periódico)