El Gobierno del Estado se abstendrá de otorgar cualquier otra prestación económica al Ejido y/o ejidatarios, distinta a la pactada por la administración gubernamental que le antecede, por tanto, no dará concesión de transporte o cantidad monetaria alguna a los citados.

De la misma forma reitera que se abstendrá de solicitar la devolución de las 111 concesiones de transporte tipo taxi y los 11 millones de pesos entregados por el gobierno que le antecede, y por el contrario, pone a disposición de los ejidatarios el lote que en su oportunidad se pactó con aquel, para cuando éstos lo soliciten.

Reconoce que a petición de las autoridades federales de ASA y SCT, quienes afirman ser los propietarios de las 140 hectáreas donde se ubica el aeropuerto, se abstendrá de intervenir en lo que corresponda a dicho lugar, por ser una zona federal y sujeta a jurisdicción de la misma índole, por lo que serán esas autoridades quienes litigarán con el Ejido sobre la restitución pretendida.

En consecuencia, se litigará con el Ejido sólo por las 60 hectáreas donde se ubican algunas colonias de la ciudad capital, cuya posesión le fue entregada en permuta por las autoridades federales, al expropiarse el área donde se ampliará el aeropuerto.

En este sentido, reconoce que durante la administración estatal en tiempos de Mario Villanueva Madrid, pagó el monto de la expropiación y a cambio recibió las citadas tierras, mismas que fueron pagadas en forma previa a su correspondiente expropiación por el gobierno de Joaquín Hendricks Díaz, faltando por entregar únicamente un lote a cada ejidatario en el lugar que en su oportunidad eligieron.

Para finalizar, Montiel Mora consideró que el Gobierno del Estado, fuera del conflicto con el ejido por las 60 hectáreas citadas, no tiene otro litigio con el Ejido en mención.