De esta forma, el Ministerio Público de la Federación se declaró incompetente para investigar al ex gobernador y a diversos funcionarios de su administración involucrados en la venta de 740 hectáreas que expropiaron en Playa del Carmen.

Asimismo, la PGR turnó el expediente a la procuraduría estatal, al considerar que dicha dependencia debía continuar con la denuncia penal presentada en enero pasado por parte de diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo.

Lo anterior, pese a que los propios legisladores habían expuesto en sus argumentos que la autoridad local, no había querido actuar contra los ex funcionarios públicos.

De acuerdo con la diputada perredista Maribel Villegas, la denuncia se interpuso en la Ciudad de México por la desconfianza que generaba presentarla en la sede delegacional de Quintana Roo, por el acercamiento y buena relación del delegado con el gobernador.

Incluso, refirió que por esa razón se evitó presentarla en la Procuraduría de Justicia de ese estado, “pues es obvio que la indagatoria no prosperaría porque se trata de funcionarios del gobierno actual, presuntamente involucrados, como es el caso de Francisco Garbay.

“Si la PGR en verdad se declaró incompetente y turnó la denuncia a la Procuraduría del Justicia, deja prácticamente en posición a modo al gobierno del estado de ser juez y parte, y naturalmente que el saqueo millonario de ese predio se perfila en quedar impune”, agregó.

Hay que recordar que el predio de 740 hectáreas fue expropiado por el entonces gobernador Hendricks Díaz, y mediante un fideicomiso con la empresa Ronac, que comercializó a cinco mil pesos el metro cuadrado, cuando en la expropiación el gobierno estatal sólo pagó 11 pesos por metro cuadrado.

Hendricks Díaz no es el único ex servidor público acusado, pues en la denuncia que se presentó en la Procuraduría General de la República destacan 12 personas más, entre ellos Francisco Garibay Osorio, Jorge Mariano Morales, Gabriel Mendicuti, Arnaldo Alcona, Nahín Díaz, Dolores Rivera, Rodolfo Rosas Moya, los hermanos Rafael y Patricio Nava Acuña, Rafael Nava Ortiz, entre otros.

Se tiene conocimiento, abundaron los legisladores, de que el actual director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del estado de Quintana Roo (Garibay), le fue impuesto al gobernador Félix González Canto, para que Joaquín Hendricks pueda seguir manejando diversos negocios. (Milenio. Esta nota se reproduce tal cual por considerala de interés para nuestros lectores)

7 de Febrero 2006 9:06 AM | Enlace permanente | |
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