Lizbeth Loy Song Escalada, magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, comentó que la reforma al artículo 18 Constitucional entrará en vigor hasta dentro de seis meses, es decir, en septiembre, tiempo en el cual será necesario crear un ordenamiento jurídico acorde al renovado precepto, así como las instituciones que puedan encargarse de los menores infractores.
Song Escalada señaló que en el artículo segundo transitorio de la reforma se establece que los estados y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para dar cumplimiento a la reforma. Enfatizó que su aplicación no empieza a surtir efecto a partir del 12 de marzo, como lo marca el primero transitorio, toda vez que no se tiene la infraestructura para cumplir con el mandato, para lo cual el gobierno federal otorga seis meses más.
La magistrada presidenta acotó que no será sino hasta dentro de seis meses cuando los menores de 18 años que actualmente están en proceso o ya compurgan una sentencia, puedan acceder al beneficio que la reforma constitucional pone a su alcance. Aclaró que quien se encuentre en esa situación “puede hacer la solicitud porque tiene expedito su derecho pero no podrá proceder esa solicitud porque la reforma no se aplicará sino hasta el 12 de septiembre”; explicó que la reforma constitucional dicta, para toda la República, que la edad penal es de 18 años, pero su aplicación será hasta septiembre.
Aunque insistió que hasta dentro de seis meses, “las cosas se mantienen en el estado en que se encuentran”, manifestó que si alguien solicita su liberación “se tendrá que analizar la entrada en vigor para que tengan ese beneficio, no vamos a violar sus derechos”, dijo.
Sobre los delitos graves cometidos por menores de 18 años, la abogada aseveró que no quedarán impunes, aunque todavía será necesario definir cómo se logrará, por una parte, dar cumplimiento a la reforma, y por otra, castigar la comisión de delitos graves: “va a tener sus excepciones, no puedo opinar en este momento porque no sabemos cómo vaya a quedar, estamos estudiando la reforma y vamos a presentar las propuestas a la legislatura para que después de un análisis lo apruebe, se requiere tomar en consideración este hecho para que ningún delito quede impune”.
De aquí al 12 de septiembre, Quintana Roo deberá haber concluido con las adecuaciones necesarias, las reformas a la Constitución del estado, al Código Civil, al Código Penal, y a toda normatividad jurídica que haga referencia a un menor, además, de los tres juzgados que se contempla poner en marcha.
Analizan adecuaciones para tratamiento de menores infractores
La reforma al artículo 18 constitucional requerirá de la creación de todo un sistema capaz de atender eficazmente a los menores infractores, de la adecuación al marco jurídico, la creación de instituciones y la capacitación del personal. Así quedó de manifiesto en la reunión de procuradores del DIF que comenzó ayer y terminará hoy. Abizur Capeline Mendoza, presidente del Consejo tutelar de menores, comentó que se requiere de la creación de un sistema de libertad vigilada para los menores de 18 años que cometan delitos no graves.
El funcionario estatal destacó que el primer paso para cumplir con la reforma será la remodelación total del Consejo tutelar, así como la contratación de más personal técnico y de custodia. Los menores de 18 que actualmente se encuentran compurgando una sentencia o aún en proceso, serán trasladados al Consejo tutelar. Detalló que en Chetumal hay 65 jóvenes en esta situación, en Cancún, 98; en Playa del Carmen, cuatro; en Cozumel, cinco; en Carrillo Puerto, dos; y en Isla Mujeres ninguno, pues los menores infractores de este municipio son trasladados a Cancún. Detalló que únicamente alrededor del 20 por ciento cometieron delitos graves.
El presidente del Consejo tutelar añadió que para atender de manera inmediata a los menores se requiere de la contratación de 30 plazas para personal administrativo, y 30 de custodios especializados.
Impacta negativamente la reforma
Por su parte, Sergio Humberto López Camejo, director de prevención y readaptación social, mencionó que en el caso de los procesados se les notificará a los juzgados que se ocupan del caso para que declinen su competencia hacia el Consejo tutelar. Respecto de los ya sentenciados, se analizará cada uno de las situaciones para determinar si se les da por compurgada la sentencia o se les remite al Consejo tutelar; aunque esta institución sólo tiene capacidad para 60 menores.
Sobre la reforma en sí, López Camejo dijo que “sin afán de entrar en contradicción, (la reforma) es de un impacto negativo para la sociedad, no es acorde a la realidad del estado, y es contradictoria frente a las propias iniciativas de combate al pandillerismo y otros delitos de alto impacto que se han incrementado”. Señaló que la modificación afecta a la sociedad y a las autoridades ejecutoras de penas; “preveo un incremento a la reincidencia”, por lo cual será pertinente reforzar el personal, crear nuevas plazas y contratar personal más técnico, además de promover programas en las escuelas para inhibir la comisión de delitos, explicó.