El diputado integrante de la XI Legislatura local, Mario Rivero Leal, aseguró que los municipios de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Othón P. Blanco, tienen un plazo no mayor de 30 días para comprobar su cuenta pública y evitar que se les apliquen sanciones de tipo penal y administrativas a los ex presidentes municipales de estos ayuntamientos, mismos que son acusados de haber desviado poco más de mil millones de pesos.
Explicó que este martes los diputados integrantes de la XI Legislatura local tomaron la determinación de rebotar el informe emitido por el Órgano Superior de Fiscalización (OSF) sobre la cuenta pública del municipio de Isla Mujeres, debido a que se encontraron serias irregularidades en la administración del ex presidente municipal de la ínsula, Paulino Adame Torres.
Agregó que esta decisión fue en base a que el OSF no actuó conforme a derecho en la revisión de la cuenta pública del municipio de Isla Mujeres, afirma que ante estos hechos los diputados locales tomaron la determinación de realizar las investigaciones correspondientes, para esclarecer estos hechos y llegar hasta las últimas consecuencia y proceder en contra de quien o quienes resulten responsables de haber desviado varios millones de pesos que formaban parte del erario de ese Ayuntamiento.
Investigarán hasta sus últimas consecuencias
Rivero Leal indicó que este es un acto sin presentes en Quintana Roo, debido a que es la primera vez que se toma la determinación de revocar un informe emitido por el Órgano Superior de Fiscalización, por lo que se trabajará a marchas forzadas con un buffet de contadores públicos para que se tenga el resultado de la auditoría y fincarle responsabilidad penal al ex edil de Isla Mujeres, quien tendrá que reponer el monto de los recursos económicos que desvió para evitar ir a la cárcel.
Comentó que trato similar se le dará a los ex presidentes municipales de Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y de Othón P. Blanco, Juan Ignacio García Zalvidea, Orlando Bellos Hernández y Eduardo Espinosa Abuxapqui, respectivamente, que también son acusados de haber desviado recursos del erario público municipal durante su gestión, por lo que no se descarta la posibilidad de fincarles responsabilidad penal, ya que en suma el faltante es de poco más de mil millones de pesos. (Fuente: Quequi)