Luego de destacar su voluntad de participar en la solución de las necesidades económicas, sociales y jurídicas de los productores, obreros y organizaciones del sector azucarero, García Torres agradeció la presencia de los Delegados y Comisariados Ejidales, así como de Guadalupe Sánchez Valenzuela, de la Unión Local de Productores y su disponibilidad para sumarse a este esfuerzo.

Entre las principales preocupaciones que plantearon los representantes de Sacxan, Carlos A. Madrazo, Pucté, Sergio Butrón Casas y Ucum, se enumera la urgencia de contar con servicios médicos para lo que incluso ofrecieron brindarle seguridad a los doctores que vayan a las comunidades en donde hacen falta, puesto que “los productores estamos en la mejor intención de mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, afirmó Valentín Olvera Vergara.

García Torres estimó positivo e importante el garantizar la seguridad de los prestadores de servicios públicos y privados, pues ello permitirá reactivar los programas que ya se tienen para la zona cañera. Arturo Ramírez Rodríguez, representante de Sergio Butrón Casas, refirió la necesidad de contar con servicios de salud, ya que muchos no tienen seguro social por lo que el Seguro Popular podría ser una alternativa; hecho en el que coincidió Arturo Toledo a nombre de Sesa al igual que con la propuesta de los productores de levantar un censo fotográfico que les permita identificar a las familias que requieren dicho servicio.

Al respecto, García Torres estimó que ello también permitiría optimizar recursos a los productores que por falta de control duplican los pagos por cortador, ya que, como manifestaron los productores, muchos jornaleros se cambian de nombre para trabajar en otros ejidos pero al no presentar documentos para enlistarse, posteriormente tienen problemas para que el IMSS les haga efectivo el pago de indemnizaciones y algunos otros no concretan el trámite que les permitiría recibir el servicio médico.

Acuerdo importante resulta también de esta primera reunión, el hecho de que se analizará el salario mínimo que es de 45.81, a decir de Miguel Peyrefitte Ferreiro, de la Dirección del Trabajo y Previsión Social, con respecto a lo que cobran los cortadores, a lo cual también accedieron los representantes de los cañeros.

En nombre de la Unión Local de Productores de Caña, Guadalupe Sánchez Valenzuela, se sumó al trabajo que encabeza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y aunque al principio reconoció hubo impacto y cierto malestar al conocer del informe emitido por el organismo la percepción cambió al asimilar que el interés que se persigue es atender la crítica situación del sector.

Por ello solicitó a la instancia defensora de los derechos humanos, toda la ayuda jurídica e información disponible que les permita establecer proyectos de aplicación directa a favor de los habitantes de la zona cañera, así como evitar la fuga de capitales como la que registran ante la falta de un padrón exacto de afiliados al IMSS. “Yo voy a dejarme ayudar, díganos que hacer para mejorar nuestra situación legal y nosotros le entramos”, afirmó.

En cuanto al problema de las galeras los representantes cañeros, dentro de los que se encontraban Noé Villanueva Olmedo; Ricardo Izo García; Marcelo Monroy Monroy; Honorio González Ortiz y Rigoberto Hernández Arévalo, anunciaron que de entrada harán adecuaciones a dichos albergues para que existan condiciones más propias e higiénicas, para lo cual se coordinarán con Sesa con el fin de que los asesoren en cuando a los requerimientos sanitarios.

Existe además un proyecto de la Unión Local en que se contempla la construcción de 100 viviendas que serían ocupadas por los cortadores. El mecanismo de entrega y la ubicación de las mismas aún esta por determinarse.

Un logro más en la reunión a la que también acudió el DIF, representado por Norma Salazar, lo constituye el hecho de que a petición de los representantes cañeros serán enviadas brigadas epidemiológicas de Sesa a constatar el control de las tarjetas de salud de quienes trabajan en bares y negocios similares.

El abogado defensor de los derechos humanos en la entidad, Gaspar Armando García Torres, celebró la disposición de los productores cañeros para acudir al llamado de la instancia pues su presencia marca que tienen la voluntad de ayudar y afirmó que los logros que se concreten, son resultado del esfuerzo de todos.

Aclaró que con base a la información proporcionada en esta primera reunión se integrará una estrategia que permitirá coordinar esfuerzos con el DIF, Sesa y las instancias que tienen que ver con la atención directa a la problemática cañera.

“Tenemos que llegar al compromiso y a los hechos, tenemos que entrarle todos, velar por el respeto a los derechos humanos en la zona cañera, y el beneficio, ya sea mucho o poco, será directamente para la comunidad”, concluyó el ombudsman.

14 de Agosto 2006 1:31 AM | Enlace permanente | |
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