Ubicado en un predio 61 hectáreas, a unos 23 kilómetros al nornoreste del poblado de Mahahual, en la zona donde actualmente se encuentra el parador turístico y el muelle de “El Uvero”, en el municipio de Othón P. Blanco, el proyecto Grand Costa Maya planteaba una inversión de alrededor de 375 millones de pesos para la introducción de la infraestructura básica para construir en un plazo de hasta 17 años un complejo hotelero que albergaría tres mil 800 habitaciones y un campo de golf.

Sin embargo, aunque luego de que a principios de febrero el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Ley General de la Vida Silvestre, las propias autoridades de Fonatur descartaron que los planes para detonar la Costa Maya se vieran afectados, hoy el escenario es otro y éstas han expresado sus temores de que el proyecto se vea completamente detenido.

Y es que aunque desde el 18 de agosto del 2005 el proyecto Grand Costa Maya fue autorizado por la propia Semarnat, según consta en el resolutivo de la Manifestación de Impacto Ambiental con clave 23QR2005T0030, hoy el propio director de esta dependencia, Miguel Gómez Mont., señala que las reformas de ley que protegen el manglar representan un freno a todo lo que allí se quiere construir.

Aunque parezca una contradicción el tener los permisos y no poder avanzar, no la hay porque el problema estriba en el hecho de que el proyecto Grand Costa Maya obtuvo los permisos en lo general para urbanizar el predio, pero cada uno de los hoteles que allí se planeen construir tendrían que obtener sus particulares permisos y es ahí donde los desarrolladores se enfrentan con la nueva ley porque el predio posee una importante riqueza de manglar y por mucho que se quiera construir “hoteles ecológicos”, una parte de ese manglar sería desmontada y rellenada.

Hasta el momento, Fonatur no ha iniciado ningún tipo de trabajo en el terreno y, aunque media decena de cadenas españolas han manifestado su público interés por invertir en la zona e, incluso, han realizado recorridos por el área para conocer el potencial de los lotes hoteleros, tampoco se sabe que alguna de ellas haya iniciado ya los trámites para obtener los permisos ambientales correspondientes.

No obstante, las declaraciones del director de Fonatur cayeron como un “balde de agua fría” en el gobierno del estado, que es el ha mantenido contactos directos con los dueños de varias cadenas españolas a quienes les ha ofrecido todo tipo de garantías y facilidades para que inviertan en la zona.

No hay que recalcar que para el actual gobierno estatal el proyecto Grand Costa Maya es uno de sus mayores apuestas en el ámbito turístico, ya que además está incluido dentro del Plan Estratégico de Desarrollo Integral del Estado de Quintana Roo

Por ello, no fue de extrañar que casi de inmediato de que Gómez Mont expresó de manera pública sus temores sobre la viabilidad de desarrollar en la Costa Maya, el propio mandatario estatal, Félix González Canto, se apresurara a señalar que si la dependencia federal no mantiene sus planes de inversión en la zona, será el propio gobierno del estado el que se haga cargo del proyecto.

Sin embargo, las reformas a la Ley General de Vida Silvestre plantean un serio obstáculo que no será posible superar sólo con voluntarismo, ya que para desarrollar el proyecto Grand Costa Maya se requiere literalmente una contrarreforma que por lo menos deje las cosas en el estado en que se encontraban anteriormente.

Largo y tortuoso camino

Desde sus inicios, el proyecto Gran Costa Maya enfrentó numerosos problemas y complicaciones que, sin embargo, poco a poco se fueron resolviendo, hasta que ahora de nueva cuenta topó con pared.

El proyecto fue originalmente ingresado al trámite de evaluación de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat el 14 de diciembre con la clave 23QR2004U0056, y en su momento se aseguró que los proyectos hoteleros que ahí se desarrollarían serían de “bajo impacto” y “con una orientación a naturaleza”, pero “manteniendo la exclusividad”.

Con este proyecto, se dijo, se pretendía impulsar el desarrollo económico de la región sur del Estado de Quintana Roo y compensar en parte, el gran desequilibrio que muestra con la región norte de la entidad.

“La Costa Maya tiene un amplio potencial para la actividad turística, con el fin de aprovecharlo es necesario desarrollar e implementar estrategias que enriquezcan los esquemas tradicionales del desarrollo turístico con otros conceptos modernos en materia de conservación, para hacer de éste un turismo de gran envergadura, pero de bajo impacto, con el fin primario de mantener y conservar los atributos naturales que forman parte del atractivo regional, subordinando el aprovechamiento al desarrollo sustentable”, se explicó.

Sin embargo, debido deficiencias de la Manifestación de Impacto Ambiental, en abril del 2005 la dependencia federal la asestó un duro golpe a Fonatur al negarle los permisos ambientales por contravenir diversas disposiciones, no tan estrictas como ahora, sobre la protección de los humedales.

Una de las obras que más fue cuestionada por la Semarnat fue el proyecto de construcción de un Boulevard Turístico porque pondría en riesgo la integralidad del humedal, “al afectarse la hidrodinámica superficial, como consecuencia del patrón hidrológico e infiltración pluvial que se presenta en la zona”.

También se anotaron diversas violaciones al Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región Costa Maya, que es el que rige toda la zona.

Fonatur, no obstante, no se quedó con los brazos cruzados y en mayo de ese mismo año insistió y volvió a presentar una nueva Manifestación de Impacto Ambiental que incluía algunas de las correcciones sugeridas por la Semarnat, lo cual al final dio resultados porque el 18 de agosto del 2005 finalmente obtuvo los permisos para iniciar con el desarrollo con una vigencia de 51 años.

A partir de este momento, el proyecto Grand Costa Maya parecía empezar a caminar.

En mayor del 2006, Miguel Fluxá, uno de los principales empresarios hoteleros de España, presidente de la cadena Iberostar, recorrió la Costa Maya con el objetivo de identificar los terrenos en donde se pudieran establecer los primeros hoteles de capital español en la zona.

La visita se había pactado previamente en una de las primeras giras internacionales del gobernador Félix González Canto, quien en su momento le dijo a los inversionistas españoles que contarían con todas las facilidades para desarrollar sus proyectos en una zona que tendría un gran potencial porque se estaba trabajando en la adecuación del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Costa Maya y ya para entonces se tenía un estimado de desarrollo hasta por 20 mil habitaciones en toda esa región.

Además de Iberostar, otras cadenas españolas mostraron su interés por invertir en la zona, entre éstas estaba Sol Meliá, la constructora OHL y, más recientemente la cadena Globalia.

Pero el año pasado, cuando el gobierno del estado prometió alegremente todas las facilidades a los inversionistas, nadie preveía los cambios a la Ley General de la Vida Silvestre que en esos momentos ya se estaban cocinando en el Congreso de la Unión y que antes de que terminara el 2006 fueron aprobados en una sesión que en su momento no parecía tener la repercusión que más tarde se haría sentir.

Las reformas a la Ley entregaron en vigor el 2 de febrero y fue ahí cuando el escenario se le empezó a descomponer al gobierno federal y al estatal.

Hoy, todo el proyecto de desarrollo de la Costa Maya, del cual está amarrado el futuro crecimiento turístico en el sur de la entidad, está seriamente comprometido y, sin una nueva reforma a la Ley General de Vida Silvestre, se mira muy difícil que pueda haber avances. (Noticaribe)

28 de Marzo 2007 11:58 PM | Enlace permanente | |
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