En consecuencia, la agraviada y propietaria de la camioneta marca Chevrolet, tipo Van, modelo 1998, con placas de circulación UVM-8909, Judith Carrillo Amador, demandó por la vía penal al jefe de la policía municipal por abuso de autoridad y lo que resulte, según consta en la averiguación previa 054/2008.

“El día tres de noviembre del año 2007, estacioné mi vehículo en una franja roja y la grúa se llevó mi vehículo, pero al acudir a la dirección de Seguridad Pública para pagar la multa y liberar mi vehículo, ya se me iba a entregar cuando vino un policía para informar que por orden del director que no podría salir el vehículo, si no al día siguiente.

Sin embargo, el director de Seguridad Pública, dijo que la documentación de mi vehículo no sirve y que no me acredita como dueña del vehículo por lo que acudí a la síndico municipal, quien me trató de apoyar, pero no pudo, por lo que tuve que acudir al de Asuntos Internos, quien dijo que él iba atender mi caso, interrogándome primeramente si yo era activista política del PRI, pues mi camioneta tenía una calca del partido, haciendo muchas preguntas del partido y le pregunté a que venía eso, y me aclaró que solamente le había llamado la atención la calca. Así pasó una hora y me dijo que yo regresara al día siguiente, pero que acudiera a las autoridades judiciales a sacar unos documentos de Jurisdicción Voluntaria y que con eso me devolvía mi vehículo, pues sospechaban que mi camioneta es robada”.

Después de dos meses el Tribunal Superior de Justicia me entregó el documento de Jurisdicción Voluntaria y acudí a la Dirección de Seguridad Pública, pero el director de Seguridad Pública me dijo que esos documento no sirven para nada, pero que de todas formas me fuera a la dirección jurídico del Palacio con Rafael Guzmán, quien de igual forma me comentó que los documentos no sirven, sin embargo el pasado 15 de enero, el Tribunal Superior de Justicia con sede en la ciudad de Chetumal emitió una resolución definitiva, donde le informa a las autoridades que el vehículo es de mi propiedad y que es necesario que se me devuelva, sin embargo el director decidió pasar por alto esta resolución”, dijo en su declaración ministerial la agraviada. (Fuente: diario Quequi)