El autodenominado mecanismo “de la sociedad civil” podría ser usado por el actual gobierno municipal para simular que se hicieron las consultas públicas de las que habla la ley antes de dar pasos como autorizar el proyecto Donald Trump en el otro lado de la isla.

La firma de una señora de nombre Juana Avila González, quien preside el “Acuerdo San Gervasio”, podría “cotizarse muy alto” en el corto plazo, pues el gobierno de Gustavo Ortega intentará antes de salir, dejar aprobado el nuevo Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambiados los usos de suelo en ciertas zonas de la isla.

Para poder hacerlo, el gobierno requiere la firma a favor del Cabildo, cosa que tiene prácticamente resuelta pues este Cabildo no le ha rechazado absolutamente nada a Gustavo Ortega; y lo que le falta es concertar con los sectores de la sociedad civil interesados para aprobar el POEL, paso en el que la firma de esta ciudadana, presentada como “representante de la sociedad civil”, se volverá crucial.

Al respecto y luego de participar en una presentación del “Acuerdo de San Gervasio” a la que acudieron incluso los candidatos del partido oficial, Ramón Azueta, el actual presidente del grupo ecologista Citymar, aclaró que su organización no pertenece a este mecanismo, ideado y promovido por el secretario del ayuntamiento, Raúl López Osorio y seriamente comprometido en su carácter de independiente del gobierno, luego de haber recibido en agosto pasado, un financiamiento municipal del orden de los tres millones de pesos para las organizaciones firmantes.

“Así cómo les van a decir que no cuando les pida el gobierno que firmen de acuerdo para vender el otro lado de la isla”, se pregunta el presidente del principal grupo ecologista cozumeleño, quien además invita al “Acuerdo San Gervasio” a abstenerse de opinar sobre temas que, como el cuidado al medio ambiente o la importancia de los ecosistemas en juego, sus dirigentes no dominan ni conocen de la manera que sería necesario para este asunto. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)